Comuicado 202
En Cali, ante las víctimas, nueve comparecientes de las Farc-EP reconocieron su responsabilidad por graves crímenes cometidos en el norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca
- En Cali, los días 2 y 3 de diciembre, nueve comparecientes excombatientes de las extintas Farc-EP continuaron el reconocimiento de responsabilidad por crímenes cometidos contra comunidades de las regiones priorizadas en el Caso 05 de la JEP.
- En estas jornadas se reconocieron los patrones de macrocriminalidad que derivaron en desplazamientos, desapariciones, reclutamiento de niñas y niños, confinamientos, asesinatos, ejecuciones y afectaciones a la población indígena, afrocolombiana y campesina.
- Las víctimas expusieron daños materiales, espirituales y territoriales, exigieron verdad sobre los hechos y demandaron garantías de no repetición. Los comparecientes aceptaron responsabilidades y ampliaron información sobre su rol como mandos de las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’ y ‘Gabriel Galvis’.
- La magistratura destacó que la región sigue siendo una zona crítica y reiteró el llamado a las instituciones del Estado para adoptar medidas urgentes de protección y seguridad para las comunidades indígenas, afro y campesinas.
Cali, 5 de diciembre de 2025. En Audiencia de Reconocimiento del Caso 05, nueve comparecientes de las extintas Farc-EP, que pertenecieron a las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’ y ‘Gabriel Galvis’, reconocieron su responsabilidad por crímenes cometidos en el norte de Cauca y sur de Valle del Cauca que afectaron a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas de esta región, durante el conflicto armado.
En la primera semana de la audiencia, los días 25 y 26 de noviembre, los comparecientes habían reconocido ataques a la población civil, utilización de minas antipersonal y afectaciones a la Naturaleza y, también, los crímenes cometidos contra las víctimas indígenas de Cauca que incluyeron asesinatos, desapariciones, reclutamientos, confinamientos, ejecuciones y otras afectaciones contra su autonomía, cultura, educación, justicia propia y a la Madre Tierra.
La segunda parte de la audiencia, realizada los días 2 y 3 de diciembre, en Cali, permitió a los pueblos indígenas del sur de Valle del Cauca, así como a las comunidades afrodescendientes y campesinas del norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca, exponer ante los comparecientes —y ante el país— los impactos de décadas de violencia ejercida por las extintas Farc-EP en sus vidas y en sus territorios.
Los crímenes documentados por la JEP fueron cometidos en una región priorizada por su alta densidad étnica, su condición de corredor estratégico y la magnitud del daño causado a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población campesina. En este caso se han acreditado 156 sujetos colectivos, entre ellos 45 comunidades indígenas, 88 consejos comunitarios afrodescendientes, 14 organizaciones de víctimas que representan a más de 180.000 víctimas, incluyendo afectaciones diferenciadas a mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas LGTBIQ+ y personas con discapacidad.
En sus intervenciones en la audiencia, las víctimas afrodescendientes reiteraron el deterioro que la violencia produjo en sus prácticas ancestrales y en la vida colectiva de los municipios del norte de Cauca y sur de Valle del Cauca. Una de sus lideresas recordó: “Nos quitaron el duelo; dejaron a nuestros muertos sin su canto”, al referirse al despojo de sus rituales funerarios, mientras otras víctimas relataron desplazamientos masivos, asesinatos de líderes comunitarios, desapariciones, reclutamientos y el confinamiento al que fueron sometidas numerosas familias. Estos daños, ampliamente documentados en el Caso 05, hicieron parte de patrones relacionados con la disputa y el control territorial implementado por las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’ y ‘Gabriel Galvis’ de las extintas Farc-EP, que afectaron zonas urbanas y rurales, causando impactos materiales, culturales y espirituales aún presentes en algunos municipios de la región.
Los comparecientes de las Farc-EP imputados como máximos responsables aceptaron públicamente estos daños en la audiencia. Uno de ellos afirmó que “el dolor y el sufrimiento que causaron es irreparable”, al reconocer la imposición violenta del control territorial. Dentro de los hechos representativos contra el Pueblo Afrocolombiano se abordó el asesinato de 10 personas en el bar Los Recuerdos, lo cual fue reconocido por los comparecientes: “Desde el momento en que se comete un asesinato, esto no se repara. Entiendo todas las frustraciones, todas las rabias. Esas vidas no las podemos volver a traer”. Luego, los excombatientes reconocieron otras afectaciones a esta comunidad: “Provocamos que las comunidades afro se vieran impedidas en su movilidad, lo reconocemos, es innegable. El confinamiento al que se vieron obligados es nuestra responsabilidad”.
Autoridades indígenas del sur de Valle del Cauca denunciaron afectaciones sobre los resguardos de Florida y Pradera. Estas comunidades forman parte de los pueblos Nasa, Misak, Yanakona, Kokonuko, Inga y Eperara Siapidara, reconocidos como víctimas en el Caso 05. Relataron daños a su autonomía, a la medicina tradicional y a los lugares sagrados; así como asesinatos, desplazamientos, reclutamientos y restricciones derivadas de la instalación de minas antipersonal. En este segmento de audiencia se abordó el asesinato de Epifanio Latín, un profesor del Pueblo Nasa, el cual fue reconocido en la audiencia por miembros de la columna ‘Gabriel Galvis’.
Las víctimas también narraron casos emblemáticos como el de Aída Luz Moscué Dagua, reclutada con menos de 14 años y posteriormente asesinada por miembros de las Farc-EP. Frente a estos hechos, los comparecientes reconocieron su responsabilidad y admitieron la gravedad de sus consecuencias para esas comunidades: “Hoy entiendo el dolor de las familias; fueron hechos muy graves que afectaron la economía, el gobierno propio y la vida comunitaria”, señaló uno de ellos. En audiencia pública también se abordó la desaparición de niñas y niños reclutados, un reclamo reiterado por las autoridades indígenas, quienes pidieron conocer la ubicación de los cuerpos de menores desaparecidos hace más de una década. Para estas comunidades, la desaparición forzada no solo implica la pérdida del cuerpo, sino la ruptura del equilibrio espiritual del territorio y la fractura de los vínculos colectivos, como lo expresó un representante del Pueblo Nasa al solicitar verdad plena sobre estos hechos.
En la sesión de la tarde, las comunidades campesinas evocaron la memoria de sus líderes asesinados, de las familias desplazadas y de las víctimas de confinamientos prolongados. Relataron cómo el conflicto transformó sus dinámicas productivas, deterioró su seguridad alimentaria y fracturó la vida en veredas catalogadas durante años como “zonas rojas”. En ese segmento se abordó el asesinato del líder campesino de Pradera Javier Murillo, el cual fue reconocido por los comparecientes: “Reconozco ese asesinato del que hoy decimos: no debió de haber ocurrido, porque se le causó daño a la Junta de Acción Comunal, él era un líder, pudo haber hecho muchas cosas por su comunidad”, expresó uno de ellos.
Luego, se reconocieron los crímenes cometidos contra las comunidades campesinas: “Reconozco esa responsabilidad por las afectaciones que causamos a la comunidad campesina, no solamente en Caldono, sino en donde había comunidad campesina en norte de Cauca y sur de Valle del Cauca”, señaló uno de los comparecientes.
Las víctimas también recordaron casos individuales como el de Leopoldina Valencia, una mujer asesinada en 2011, en Pradera (Valle del Cauca), cuyo nombre fue reivindicado públicamente tras años de estigmatización: “Reconozco y reconocemos ese hecho; es una muerte irreparable”, afirmó uno de los comparecientes al dirigirse a la familia de Leopoldina. Luego, uno de los comparecientes agregó: “Aprovecho el momento para limpiar el nombre de la señora Leopoldina, que no era informante ni era hechicera. Por eso, reconozco y reconocemos, la dirección de la columna ‘Gabriel Galvis’ en ese hecho”.
Una representante de las víctimas campesinas dijo: “Vivimos una guerra que no buscamos. (...) Durante décadas fuimos silenciadas, nuestra identidad cultural fue atacada a punta de fusil”. Los comparecientes aceptaron su responsabilidad en homicidios, desplazamientos, confinamientos y daños ambientales, y manifestaron su disposición de aportar con medidas restaurativas orientadas a la reconstrucción del tejido social y la recuperación del daño causado en la región.
Al final de la audiencia, la magistratura enfatizó la dimensión étnica y territorial del Caso 05, recordando que la violencia transformó gobiernos propios, fracturó economías tradicionales, impactó territorios ancestrales y produjo daños materiales, inmateriales y espirituales que aún atraviesan a las comunidades de la región. El magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, relator del Caso 05 y quien presidió la audiencia, reiteró su llamado a las entidades del Estado para adoptar medidas urgentes de protección y asegurar los derechos de las comunidades: “Confiamos en que lo que sea reconocido hoy se traduzca en acciones concretas en favor de los pueblos y de los territorios afectados”, afirmó en el cierre de la diligencia, tras destacar también los reconocimientos de responsabilidad de los comparecientes frente a los patrones y a hechos como el asesinato de la mayora Leopoldina Valencia.
De esta manera, la JEP completó cuatro días de Audiencia de Reconocimiento del Caso 05, un hito para 19 municipios de Cauca y Valle del Cauca que permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos que afectaron a más de 180.000 víctimas acreditadas y reafirmar que la verdad es la base para la no repetición y la reconstrucción de la vida colectiva en estos territorios.
