COMUNICADO 002
Inicia el Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en Ituango y Dabeiba (Antioquia)
- Su proceso llega a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad porque el compareciente decidió no aceptar su responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la Sala de Reconocimiento de Verdad le imputó como máximo responsable.
- El coronel retirado fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) como coautor y coautor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes, cometidos cuando comandó el Batallón de Contraguerrillas No. 79.
- Los crímenes ocurrieron en estos dos municipios de Antioquia y, en su mayoría, los cuerpos fueron ocultados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba.
- La UIA lo acusa de liderar un plan criminal para presentar a civiles en condición de vulnerabilidad como “bajas en combate”, en el marco de una política institucional de incentivos basada en premios y recompensas.
- El juicio se centrará en 10 hechos que dejaron 18 víctimas directas, entre ellas menores de 13, 15 y 17 años. A la fecha, 70 víctimas indirectas, entre ellas familiares de las víctimas directas, se han acreditado para participar en el proceso judicial.
- Tras varios aplazamientos solicitados por la defensa de Guzmán Ramírez, la magistratura ratificó que el juicio se instala este martes, es decir, las primeras jornadas de audiencia se realizarán en Medellín del 20 al 23 de enero.
Medellín, 20 de enero de 2026. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP instala y da inicio al Juicio Adversarial Transicional contra el coronel (r) David Herley Guzmán Ramírez. Esta ruta procesal se activa después de que el compareciente de la fuerza pública decidió no aceptar responsabilidad por crímenes ocurridos en Dabeiba e Ituango (Antioquia), y de que la Unidad de Investigación y Acusación presentara acusación por 10 hechos en los que fueron asesinadas 17 personas, además de un intento de homicidio, cuando comandó el Batallón de Contraguerrillas No. 79.
La UIA recabó evidencia para sustentar ante la sección que el compareciente habría actuado como coautor y coautor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tratos inhumanos y degradantes, conductas que constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los hechos investigados habrían ocurrido en ambos municipios entre el 31 de agosto de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, periodo en el que el alto oficial hizo parte de esta unidad de la I División del Ejército Nacional.
En la audiencia de instalación, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y la defensa del coronel en retiro presentarán sus alegatos iniciales, en los que expondrán sus respectivas teorías del caso frente a los hechos y cargos que serán objeto de debate en el juicio. En esta etapa, la UIA buscará demostrar la responsabilidad del compareciente, mientras que la defensa expondrá los argumentos con los que pretende demostrar su inocencia. Tras esta diligencia, iniciará la práctica de los testimonios.
Durante la audiencia preparatoria realizada el 10 de julio de 2025, la sección decretó la práctica de un amplio acervo probatorio para el desarrollo del juicio, que incluye la declaración de 94 testigos —68 solicitados por la UIA, 16 por la defensa y 10 por las víctimas—, así como pruebas periciales especializadas. El juicio no había podido iniciar debido a múltiples solicitudes de aplazamiento presentadas principalmente por la defensa, en su mayoría relacionadas con cambios de apoderado, requerimientos de tiempo adicional para la preparación del caso y la existencia de audiencias previamente programadas en otras jurisdicciones.
En este juicio se escucharán testimonios de exintegrantes de la fuerza pública, de una víctima sobreviviente y de familiares de las personas asesinadas. Por su parte, la defensa contará con la práctica de testimonios y peritajes en materia operacional, inteligencia militar y topografía, orientados a sustentar su tesis de no participación en los hechos. Adicionalmente, se incorporarán dictámenes forenses, análisis de reconstrucción tridimensional de escenas y estudios balísticos de trayectoria, así como expedientes provenientes de la justicia ordinaria, que serán incorporados al juicio bajo el régimen especial de permanencia de la prueba.
¿Por cuál patrón macrocriminal fue acusado?
La acusación presentada por la UIA sostiene que, durante su comandancia en el Batallón de Contraguerrillas No. 79, Guzmán Ramírez participó en la estructuración y ejecución de un plan criminal orientado a obtener resultados operacionales ilegítimos. De acuerdo con la acusación, las víctimas eran civiles en condición de vulnerabilidad que fueron presentados falsamente como bajas en combate, en el marco de un contexto que privilegió resultados militares medidos por el número de bajas y sustentado en un sistema de incentivos y recompensas.
El patrón se caracterizó por la selección estigmatizada de las víctimas a partir de su perfil social y económico, en un contexto de macrovictimización; la existencia de un sistema de incentivos asociado a resultados operacionales; el uso de engaños o coerción para la captación de las víctimas; el encubrimiento institucional y la simulación de legalidad de los hechos; el aprovechamiento del contexto geográfico y territorial; y el desplazamiento forzado. En varios de estos hechos, el plan criminal habría contado con la cooperación de grupos paramilitares, específicamente del Bloque Mineros y del Bloque Elmer Cárdenas.
Las víctimas
El universo de víctimas es amplio y diverso. Las 18 víctimas directas eran principalmente jóvenes campesinos y trabajadores en situación de vulnerabilidad económica. Entre ellas se encuentran menores de edad que, según la acusación, fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos antes de su muerte. Del total, 17 eran hombres y una era mujer. Tres de las víctimas fueron sometidas a reclutamiento forzado: un menor de edad, una persona que se desmovilizó y posteriormente fue utilizada como guía antes de ser asesinada, y otra persona no identificada que también se había desmovilizado.
Para participar en el juicio se acreditaron 70 víctimas indirectas, entre ellas padres, madres, hermanos, hijos y otros familiares de las personas asesinadas y desaparecidas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate. Estas acreditaciones fueron realizadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la Sección de Reconocimiento de Verdad y la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad.
Las víctimas han enfrentado no solo el dolor de la pérdida, sino una estigmatización profunda. Según la UIA, las víctimas fueron presentadas ante la sociedad como enemigos internos, lo que reforzó su marginación y provocó desplazamientos forzados masivos en las comunidades afectadas. El juicio incluirá pruebas periciales de daño psicosocial para evaluar las afectaciones simbólicas y territoriales causadas por estas conductas.
En contexto
Por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en Dabeiba e Ituango en Antioquia, ocho comparecientes que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad enfrentan proceso ante la Sección de Reconocimiento de Verdad. La información aportada en el proceso judicial permitió la recuperación de 48 cuerpos y la identificación de 16 de ellos, cuyos familiares pudieron darles digna sepultura.
