COMUNICADO 142

JEP ha imputado a 148 máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en el conflicto armado

• De ellos, 62 han reconocido su responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz, ante las víctimas y ante el país por los secuestros de las Farc-EP y los mal llamados ‘falsos positivos’ en los que participaron integrantes del Ejército; 79 comparecientes más se preparan para hacerlo.
• En la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar, la JEP realizó la rendición de cuentas de su gestión en 2023.
• La JEP ha acreditado a casi 8 mil víctimas individuales y 300 sujetos colectivos, que integran cerca de 300 mil personas.
• Para continuar avanzado en los procesos en esta región del país, la JEP abrió una oficina territorial en Valledupar.
• El despliegue territorial se ha fortalecido cada año. A la fecha, la JEP hace presencia permanente en 34 municipios, a través de 25 equipos territoriales en 12 oficinas.
• A través de sus investigaciones y hallazgos, la entidad ha contribuido a construir las memorias del conflicto para ofrecerle verdad y justicia al país, especialmente a las víctimas de más de 50 años de atrocidades.

Avances de la JEP

• A la fecha, la Jurisdicción ha realizado cinco audiencias públicas de reconocimiento de verdad. Este año, precisamente, se llevaron a cabo dos más en el marco del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. La primera de ellas se llevó a cabo en Dabeiba, en junio. Allí, frente a 25 víctimas que participaron del proceso, ocho miembros retirados del Ejército aceptaron responsabilidad por ‘falsos positivos’ en ese municipio de Uraba, y 17 comparecientes no seleccionados como máximos responsables hicieron reconocimiento y pidieron perdón a las víctimas.
• Dos meses después, en Yopal, Casanare, 21 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles reconocieron que en la Brigada XVI se implantó una organización criminal compleja que se valió de la arquitectura institucional de las Fuerzas Militares que presentó 296 asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate en este departamento del país entre 2005 y 2008. Allí, uno de los comparecientes en reconocer responsabilidad fue el mayor general (r) Henry William Torres Escalante.
• En este momento, los procesos de 30 comparecientes que participaron de las audiencias de reconocimiento de 2022, que incluye al antiguo secretariado de las extintas Farc-EP y a miembros de la fuerza pública, se encuentran en manos del Tribunal Especial para la Paz que se encargará de imponer las sanciones propias
• a quienes aportaron verdad y aceptaron responsabilidad. A este trámite judicial se llegó luego de que la Sala de Reconocimiento emitió las primeras resoluciones de conclusiones con las que se activó la etapa de juicio.
• En los casos de los siete comparecientes que no aceptaron responsabilidad, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP ya presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad la acusación contra Luis Fernando Almario Rojas, en el marco del Caso 01, y contra los coroneles retirados Publio Hernán Mejía y Juan Carlos Figueroa Suárez, en el Caso 03. De ser hallados culpables en este trámite adversarial, estos comparecientes se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.
• Así mismo, este año la Sala de Reconocimiento de Verdad avanzó en el anuncio de cinco nuevas imputaciones. La primera de ellas, que se dio en el marco del Caso 05, que prioriza el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, imputó 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 integrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis que hacían parte del antiguo Bloque Occidental de las extintas Farc-EP. Entre otros delitos, se imputan ataques contra la población civil, empleo de minas antipersonal, asesinatos y desapariciones de líderes de comunidades étnicas y campesinas, y persecución, reclutamiento y utilización de niñas y niños.
• En julio, el Caso 02, que priorizó la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño), entre 1990 y 2016, atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a 15 exintegrantes de las columnas móviles Mariscal Sucre, Daniel Aldana y el Frente 29. Entre los hechos constitutivos de los seis patrones macrocriminales identificados se encuentran: masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, confinamientos y desplazamientos forzados, reclutamiento y utilización de niñas y niños, violaciones, esclavitud sexual y destrucción del territorio y la naturaleza.
• Así mismo, el país conoció la primera imputación regional que involucra a mandos medios de las Farc-EP, en el marco del Caso 01, conocido como el de secuestro. Luego de que el último secretariado de esa extinta guerrilla reconoció responsabilidad por la política nacional que implementó, la JEP imputó a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central por crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad, asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos. Es decir, llamó a reconocer responsabilidad a quienes comandaron la estructura que operó en el sur de Tolima, Quindío y Huila.
• Por otro lado, en agosto de este año, por mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas “en combate”, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al general (r) Mario Montoya Uribe, así como a otros ocho militares más por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño.
• En la última imputación, que se conoció en noviembre, la JEP atribuyó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 35 integrantes del Ejército en Huila, entre ellos a Jaime Lasprilla Villamizar y a otros cuatro generales retirados. De acuerdo con la investigación, ellos son responsables de 200 asesinatos, entre ellos 32 desapariciones forzadas, además de ocho tentativas de homicidio, que se habrían perpetrado en el departamento entre 2005 y 2008. Los hallazgos de la magistratura indican que 192 de las 264 muertes reportadas en realidad fueron homicidios cometidos contra personas en falsos combates.
• Al mismo tiempo que la Sala de Reconocimiento de Verdad avanzó con determinación en las imputaciones que activaron una nueva etapa procesal en la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concedió 656 libertades transitorias, condicionadas y anticipadas y rechazó los sometimientos de 2.857 personas que habían solicitado su ingreso a la entidad. Uno de ellos, precisamente, fue el del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como ‘Jorge 40’, por no aportar verdad plena. Por el contrario, este año, la Jurisdicción aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que Mancuso, como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para “mover los hilos” de estructuras militares, empresariales, políticas e incidir en agentes del Estado de alto rango.
• En total, a la JEP se han sometido alrededor de 14 mil comparecientes para resolver su situación jurídica. Entre ellos, 9.877 de las Farc-EP, 3.873 de la fuerza pública y 184 entre agentes de Estado y civiles.
• La Jurisdicción, además, ha excluido o expulsado a 74 comparecientes. Por su parte, la Sala de Amnistía o Indulto ha otorgado 660 amnistías y ha definido 457 libertades condicionadas a excombatientes de las extintas Farc-EP. Así mismo, la magistratura ha entregado de manera digna a sus familias, los cuerpos de 47 víctimas de desaparición forzada.
• El balance entregado por la JEP indica que, a la fecha, la entidad recibió 1.052 informes de organizaciones de víctimas, de la sociedad civil y de instituciones del Estado que sirvieron de base para abrir los macrocasos, entre ellos los cuatro nuevos que fueron anunciados y que terminan de delimitar el universo de crímenes que serán investigados, juzgados y sancionados por la JEP.

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