COMUNICADO 116

JEP realizará audiencia de seguimiento a medida cautelar que protege a las víctimas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca


  • A esta diligencia, que se llevará a cabo el 10 y 11 de septiembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad convocó a ministerios y otras entidades del Gobierno Nacional para que rindan cuentas sobre la protección de estas personas y las acciones que han desplegado para garantizar sus derechos.  
  • En la audiencia participarán autoridades y representantes de los Pueblos Indígenas y Afrocolombianos de la zona, quienes presentarán su visión sobre la situación de riesgo de las comunidades y formularán preguntas a los delegados de las entidades convocadas. 
Bogotá, 21 de agosto de 2024. La Sala de Reconocimiento de Verdad de JEP convocó al Gobierno Nacional a una audiencia pública para hacer seguimiento a las medidas cautelares adoptadas para proteger a las víctimas del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, acreditadas para participar en el Caso 05, que investiga los crímenes del conflicto armado perpetrados en esta región del país. La diligencia judicial se llevará a cabo los días 10 y 11 de septiembre en la ciudad de Popayán.  
 
Los hechos registrados en esta región reflejan la grave crisis de orden público que ha incrementado en los últimos meses debido a la presencia de múltiples actores armados en algunas zonas. Este contexto prende las alarmas sobre las afectaciones en los territorios priorizados en la investigación del Caso 05, exponiendo a los colectivos étnicos y sus representantes judiciales a un riesgo extraordinario que pone en peligro la vida, la integridad, la libertad y la autonomía de cientos de miles de indígenas y afrocolombianos que viven en esa región. 
 
Exactamente, se trata de víctimas que residen en los 17 municipios priorizados: Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada en Cauca; y Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. En estos territorios, la JEP adoptó medidas cautelares, tanto individuales como colectivas, para proteger a las víctimas, con el objetivo de garantizar sus derechos, su participación y el acceso a la justicia.   
 
En este sentido, a la audiencia fueron convocados los ministerios del Interior y de Defensa Nacional, así como la Unidad Nacional de Protección, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las Gobernaciones del Cauca y del Valle del Cauca, para que informen las medidas que se están adoptando para proteger a la población de esos departamentos, ante la grave vulneración de derechos humanos que sufren los civiles en esa zona del país por las acciones de grupos armados organizados.  
 
A la audiencia que se realizará en Popayán también fueron citados los ministerios de Educación Nacional, Salud y Protección Social, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo Rural. Además, convocaron al Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Defensoría del Pueblo, para que mencionen las medidas que se están adoptando para garantizar sus derechos.  
 
Para la JEP, la situación de inseguridad que afecta al norte del Cauca y sur del Valle del Cauca exige acciones contundentes que permitan reducir, o en su defecto, minimizar el riesgo al que se enfrentan constantemente tanto el Pueblo Indígena como el Pueblo Negro y Afrocolombiano. Cada hecho de violencia en estos territorios limita gravemente a estas comunidades en su capacidad para desarrollar, en sana paz, su cosmología y cosmovisión, afectando contundentemente, a sus familias, relaciones sociales y participación ante la JEP. 
 
Con esta audiencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad hará seguimiento a las acciones que buscan garantizar la seguridad y la protección de los derechos de las víctimas en esta región del país, además tomará decisiones tendientes a proporcionar mecanismos que respondan a la centralidad de las víctimas y su participación efectiva ante la JEP, así como otros espacios promovidos en el Acuerdo Final para la Paz (AFP).