​COMUNICADO 21

JEP realizará audiencia de seguimiento a medidas de protección destinadas a los firmantes de paz

• Desde la firma del Acuerdo de Paz, 415 excombatientes de las Farc-EP han sido asesinados. En Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima se reportan al menos 97 casos, según el Sistema de Registro de Afectaciones a Comparecientes de la JEP.
• La grave situación de derechos humanos y la falta de medidas de seguridad que garanticen la participación de las víctimas y los excombatientes, pone en riesgo la misionalidad de la JEP. 
• La diligencia de seguimiento se llevará a cabo el próximo 26 de febrero en Pitalito (Huila) y será transmitida por los canales digitales oficiales de la Jurisdicción.
• Autoridades nacionales, departamentales y locales se referirán al estado de implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección y los avances de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales.  

Bogotá, 22 de febrero de 2024. Garantizar la vida e integridad de quienes dejaron las armas y proteger el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas son los principales objetivos de la audiencia convocada por la Sección de Ausencia de Reconoció de Verdad de la JEP, este 26 de febrero, en Pitalito, Huila, donde hará seguimiento a las medidas cautelares ordenadas en 2020 para proteger a los firmantes del Acuerdo Final para la Paz.

Durante la diligencia, liderada por la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, los y las magistradas ahondarán en los siguientes aspectos: Programa de Protección Integral a excombatientes, implementación territorial del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, así como los avances de la política de desmantelamiento de organizaciones criminales, puntualmente para los departamentos de Caquetá, Putumayo, Huila y Tolima.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP convocó la diligencia judicial en una de las zonas más críticas. Aunque el asesinato de firmantes se mantiene, particularmente, en la zona del sur del país, la evidencia judicial indica que en términos generales los crímenes se han reducido en otras regiones, en parte gracias a las intervenciones judiciales ordenadas por la Jurisdicción en el marco del trámite judicial.

Los registros indican que en estos cuatro departamentos se han presentado 97 de los 415 crímenes perpetrados entre el 3 de febrero de 2017 y el 10 de febrero de 2024. De ellos, 38 han sido reportados en Caquetá, 15 en Huila, 35 en Putumayo y 9 en Tolima. Es decir, 23% de los ataques contra exFarc-EP han ocurrido en el sur del país, de acuerdo con el registro que lleva la Unidad de Investigación y Acusación.

La Sala también ha determinado que persiste una evidente situación de riesgo para los firmantes del Acuerdo Final de Paz durante su proceso de reincorporación. Los procesos de liderazgo que desempeñan en sus comunidades, ya sea como coordinadores de proyectos productivos o líderes políticos y sociales, están en riesgo debido a las presiones ejercidas por grupos armados ilegales. Estas estructuras los están amenazan y, en muchos casos, los obligan a abandonar las zonas, poniendo en peligro sus contribuciones y esfuerzos por construir un país en paz.

Esta problemática, que no ha sido completamente atendida por las autoridades, pone en riesgo a los comparecientes de las Farc-EP y sus familias, al mismo tiempo que priva a las víctimas de su derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Cada crimen es lo suficientemente grave y estremecedor para una sociedad que trabaja diariamente para dejar atrás la guerra y vivir en democracia y paz.

Durante la diligencia judicial estará la Fiscalía General de la Nación, el Alto Comisionado para la Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior (Dirección de DDHH y Secretaría Técnica de la CIPRAT), el Ministerio de Defensa, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz y el Comando Conjunto Estratégico de Transición. Asimismo, fueron citados los gobernadores de Caquetá, Putumayo, Huila y la gobernadora del Tolima, así como las autoridades locales de esta región en donde los y las firmantes del Acuerdo llevan a cabo su proceso de reincorporación.

Las organizaciones de la sociedad civil y los representantes del Partido Comunes participarán de esta audiencia, al igual que el Consejo Nacional de Reincorporación, la Comisión Nacional de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, el Instituto KROC y el Ministerio Público.

Acciones de la JEP para proteger a los firmantes de paz

Durante cuatro años, la Sección se concentró en dar órdenes dirigidas a que el Gobierno Nacional aumentara el presupuesto para el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección,  pusiera en funcionamiento la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, generara una política para el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo y aprobara el Plan Estratégico de Seguridad y Protección. En septiembre de 2023, precisamente, la JEP logró que el gobierno cumpliera la tarea bajo la presión de medidas judiciales coercitivas.

La Jurisdicción también ordenó a la Unidad Nacional de Protección que realizara un plan de acción para acelerar los estudios de riesgo y aplicara las medidas de mejora para el estudio de protección a los comparecientes sometidos ante la JEP. Asimismo, emitió órdenes a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para que acelerara las investigaciones sobre asesinatos de los comparecientes, estableciendo la identidad de los responsables y los patrones de agresión.

La Corte Constitucional, por su parte, en sentencia de 2022 declaró el estado de cosas institucionales. En dicha sentencia, reconocieron que los avances existentes frente a la seguridad de los firmantes se debían a las órdenes emitidas por la Jurisdicción Especial para La Paz.