​COMUNICADO 86

JEP rechaza amenazas contra integrantes de las extintas Farc-EP que se vieron obligados a abandonar el AETCR de Miravalle, en Caquetá

  • Proteger la vida e integridad de quienes en 2016 firmaron el Acuerdo de Paz, entre las extintas Farc-EP y el Estado colombiano, es imperativo para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla en el marco del conflicto armado.
  • La Jurisdicción solicita a las autoridades judiciales competentes del orden nacional y territorial que brinden las condiciones y garantías de seguridad, protección y prevención necesarias para hacer posible el retorno seguro, sostenible y voluntario de la comunidad de firmantes y comparecientes ante la JEP que se han visto forzados a desplazarse del AETCR - Centro Poblado Óscar Mondragón.

Bogotá D.C., 28 de junio de 2024. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechaza las amenazas que públicamente se han conocido en contra los firmantes de paz que se venían reincorporando a la vida civil en Miravalle, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, y que los obligó a dejar el territorio para proteger sus vidas y las de sus familias.  


De acuerdo con la información conocida por esta Jurisdicción, los antiguos integrantes de las extintas Farc-EP asentados en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) Centro Poblado Óscar Mondragón se vieron forzados a desplazarse, truncando significativamente el proyecto de vida individual y colectivo que comenzaron a construir desde la firma del Acuerdo Final de Paz. Esto, debido a las “disputas territoriales por parte de grupos armados que nos dejan en medio de la zozobra, riesgo e incertidumbre".

La Jurisdicción le solicita a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades judiciales competentes que investiguen estos hechos y brinden las condiciones y garantías de seguridad, protección y prevención necesarias para hacer posible el retorno seguro, sostenible y voluntario de la comunidad de firmantes que se han visto forzados a desplazarse.

 

Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes dejaron las armas para sustituirlas por el ejercicio activo de la política, sino con quienes sufrieron los vejámenes del conflicto armado.

 

De la misma manera, la JEP hace un llamado especial al Gobierno Nacional para que desarticule los grupos armados ilegales que se disputan el control de los territorios. En este proceso, la Jurisdicción reitera su compromiso con los derechos de las víctimas del conflicto armado, con la seguridad jurídica de los firmantes de paz y con todo lo necesario para administrar y aplicar la Justicia Transicional Restaurativa.

 

Las medidas cautelares

En el marco de la medida cautelar colectiva adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad en 2020 para proteger los derechos y la integridad de los comparecientes forzosos ante la JEP, la magistratura le solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que, ante la grave situación de seguridad, recabe información que permita tomar decisiones de fondo para contener los riesgos que los firmantes de paz vienen reportando en su contra.

Como parte de este proceso judicial, la Jurisdicción ha ordenado a las autoridades estatales diseñar un plan de seguridad integral para los firmantes del Acuerdo de Paz en las nuevas áreas de reincorporación. Así mismo, tras escuchar a todas las instituciones con competencia para garantizar su seguridad, la Sección de Ausencia de Reconocimiento ha adoptado medidas cautelares de protección.

Todo esto, a partir de la información documentada en las audiencias desarrolladas por la JEP en Bogotá y en otros puntos estratégicos de la geografía nacional que han permitido visibilizar la violencia sufrida por la población en proceso de reincorporación y que ha incluido estigmatización, homicidios, atentados contra su integridad, amenazas constantes contra su vida y sus bienes, entre otros.

 

La JEP en el AETCR de Miravalle, Caquetá

En marzo de 2024, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) de la JEP visitó el AETCR de Miravalle, en el sur del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, para entregarles a medio centenar de firmantes del Acuerdo de Paz, integrantes de las extintas Farc-EP, los certificados de las amnistías presidenciales otorgadas luego de 2016 y que para ese momento no les habían sido notificadas.

 

En esta visita territorial de una de las Salas de Justicia, el propósito asimismo fue hacer pedagogía con quienes integran este AETCR de Caquetá para que tuviesen claridad sobre su estatus legal y garantizar su seguridad jurídica. Estas acciones, en las que se descentraliza de Bogotá la operación de la JEP, facilita la reincorporación de estos excombatientes a la sociedad.

 

En aquella oportunidad, la Secretaría Ejecutiva de la JEP también hizo actividades para hacer pedagogía con los firmantes de paz. En ellas participaron, al menos, 80 personas que recibieron información sobre los trámites de amnistía de aquella Sala, las libertades, los permisos de salida del país, el régimen de condicionalidad, los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y la implementación del Sistema Restaurativo.