JEP y PNUD llaman a transformar los lugares de violencia en espacios vivos de justicia, memoria y dignidad

Bogotá, 22 de agosto de 2025. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevaron a cabo este jueves 21 de agosto el conversatorio ‘De la impunidad espacial a la construcción de sitios de memoria’; un espacio de reflexión colectiva sobre la necesidad de transformar aquellos lugares marcados por la violencia en escenarios vivos de memoria para la no violencia, la dignificación, la pedagogía y el compromiso democrático.

Víctimas, académicos, defensores de derechos humanos y expertos internacionales participaron en esta jornada en la que Claudio Tomasi, representante residente del PNUD en Colombia, subrayó que cada sitio que sea resignificado constituye un acto “de justicia simbólica y de compromiso político en la idea de no repetir, pero también en la idea de no olvidar para poderse reconciliar”. Tomasi recordó que la sociedad colombiana tiene la oportunidad de construir la memoria como un puente de confianza con las víctimas para, con ello, generar diálogos transformadores entre la institucionalidad y la sociedad civil.

El representante del PNUD señaló que experiencias en América Latina como el antiguo centro de tortura de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), en Argentina, o Villa Grimaldi, en Chile, demuestran que lugares donde antes se vivió el horror pueden convertirse en escenarios de educación en derechos humanos y aportes concretos a la democracia, pues hoy en día las instalaciones de la ESMA son un museo de Memoria y Derechos Humanos. “Estos ejemplos son la muestra de que la memoria no divide, sino que fortalece. Por eso, es fundamental la preservación y la conservación de los espacios de memoria”, concluyó Tomasi.

A renglón seguido, el presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz de la JEP, magistrado Raúl Eduardo Sánchez, advirtió que la reflexión sobre los lugares de violencia trasciende lo académico y lo jurídico para situarse en el corazón mismo de la construcción democrática. 

“Estamos hablando de los espacios que habitamos y de la manera en la que preservamos o negamos nuestra historia, y eso es fundamental porque, en diversos momentos de nuestra vida como nación, lugares que fueron escenarios de graves violaciones a los derechos humanos han sido transformados, destruidos o resignificados con el propósito de ocultar su verdadero significado. A ese fenómeno, que podemos llamar ‘impunidad espacial’, se suma la intención de silenciar a las víctimas e interrumpir la transmisión de su memoria”, dijo el magistrado Sánchez, quien también destacó que la memoria persiste no solo en los testimonios, sino también en las paredes, en los suelos y en los entornos que fueron testigos de la violencia. 

El magistrado Sánchez recordó que la Jurisdicción ha asumido este compromiso con su mandato, no solo al esclarecer hechos y responsabilidades, sino también al traducir esas verdades en acciones concretas ancladas en los territorios: “Por ello, cuando la JEP ordena medidas cautelares sobre cementerios, lugares o archivos, cuando apoya actos simbólicos o promueve la protección de sitios de especial valor histórico, lo hace desde la convicción de que la memoria es parte integral de la justicia”.

En ese sentido, Sánchez dio como ejemplo las medidas cautelares adoptadas frente a los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia, las cuales buscan proteger sitios estrechamente vinculados a la tragedia ocurrida entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, entre ellos la Casa del Florero, las caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio del Sur, en Bogotá. “Estos lugares deben convertirse en escenarios para el duelo, la verdad y la no repetición, porque no se trata únicamente de cumplir con una orden judicial, sino de reivindicar la memoria de las víctimas y contrarrestar las narrativas que pretenden minimizar o justificar la violencia estatal”, afirmó el magistrado durante la charla.

La jornada continuó con un primer panel moderado por Helena Urán, directora de la Fundación Carlos H Urán, quien abrió el diálogo sobre la experiencia internacional en torno a una pregunta clave: ‘¿Por qué las sociedades tienden a ocultar su propia historia?’. El arquitecto y exprisionero político chileno, Cristian Castillo, relató cómo la sociedad civil de este país impidió que centros de tortura, como Villa Grimaldi, fueran destruidos en su totalidad por la dictadura y logró resignificarlos en espacios de memoria: “La dictadura quiso borrar esos lugares, pero la presión de la ciudadanía los recuperó y hoy son espacios vivos que confrontan el negacionismo”, dijo.

A su turno, el periodista brasileño, Eduardo Reina, recordó que, en su país, la impunidad comenzó por la censura mediática y académica, lo que impidió a las siguientes generaciones conocer lo ocurrido bajo la dictadura militar. “Si los lugares desaparecen y el tema se borra de los medios y de las escuelas, la sociedad pierde la capacidad de reconocerse en su historia”, advirtió Reina.

La magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, señaló que el desafío no es solo avanzar en la determinación judicial de responsabilidades, sino lograr que esos hallazgos se conviertan en una conciencia social compartida. Planteó que el país ha acumulado conocimiento gracias a investigaciones académicas, informes y sentencias, pero no ha logrado dar el paso hacia un reconocimiento colectivo.

Para la magistrada Díaz, la impunidad social es tan grave como la penal, porque se manifiesta cuando la sociedad tolera, minimiza o normaliza los hechos de violencia, permitiendo que quienes los cometieron mantengan legitimidad en el espacio público. “Un día, debería ser de mala educación negar que los 6.402 'falsos positivos’ existieron. Nadie debería atreverse a desconocerlos”, afirmó con contundencia.

Díaz resaltó que el país debe avanzar hacia un reconocimiento colectivo que no se limite a las cifras, sino que las convierta en símbolos democráticos capaces de marcar la memoria pública. “El desafío nuestro es lograr que lo que hemos alcanzado con ese debate en torno a los 6.402 casos de civiles presentados como bajas en combate también lo consigamos frente a crímenes contra la Unión Patriótica y la violencia de los años ochenta y noventa, que todavía muchos se niegan a reconocer”, señaló, haciendo un llamado a que la memoria entre de lleno en el debate democrático como garantía de no repetición.

La senadora Aída Avella, sobreviviente de la Unión Patriótica, quien vivió 17 años de exilio, reconoció la labor de la Jurisdicción en el esclarecimiento de estos hechos. “Lo que han hecho con el caso de la UP ha sido valioso; su labor es impresionante porque, de otra manera, no sabríamos tantas cosas que hemos venido conociendo. Gracias, en serio, a la JEP por su valentía”, expresó.

El segundo panel giró en torno al potencial de los sitios de memoria para enfrentar el ascenso del autoritarismo y el negacionismo. Allí, el magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, compartió la experiencia de La Escombrera, en Medellín. El magistrado resaltó que hace mes y medio la JEP decretó el proceso de memorialización de este sitio, ante la comprensión de que debía cambiar de destinación y propósito. Ubicada en la parte alta de la Comuna 13, en una zona semirural, entre el casco urbano y un corregimiento, La Escombrera ha sido intervenida desde hace siete años y, hasta la fecha, se han recuperado seis cuerpos que confirman lo que las comunidades y, en particular, las mujeres denunciaron durante años: allí subían a las personas, las asesinaban y las enterraban.

El magistrado Salazar explicó que este hallazgo probó judicialmente un patrón masivo de criminalidad: “Los datos iniciales nos indican que podría haber entre 130 y 140 víctimas, de las que hasta ahora hemos encontrado seis, en un terreno altamente alterado”, señaló. Este escenario implica, además, un debate de fondo: la exigencia de las mujeres de que La Escombrera cambie de uso y deje de ser explotada por una empresa constructora que durante años se resistió a reconocer el carácter histórico y judicial del lugar. “Al haber hallado cuerpos, el sitio no puede seguir siendo un negocio de millones de dólares. Su destinación debe cambiar porque ahora es un espacio atravesado por pruebas fácticas de crímenes”, enfatizó.

Para Salazar, el proceso de memorialización redefine el relato de la Comuna 13. “Hasta ahora, el relato dominante ha sido el ‘Graffitour’ de las escaleras eléctricas. A partir de la memoria de los crímenes y de la justicia, tendrá que incorporarse un nuevo relato que dialogue con artistas, con la comunidad y con la historia misma de lo ocurrido. Ese es el verdadero sentido de la justicia transicional restaurativa: transformar los lugares de horror en escenarios de memoria viva que confronten el silencio y el negacionismo”, concluyó.

La exdirectora del Museo Sitio de Memoria ESMA de Argentina, Mayki Gorosito, resaltó la importancia de que los lugares sean atravesados físicamente para comprender el horror y confrontar el negacionismo. “Transformar los antiguos centros clandestinos en sitios de memoria fue posible gracias a la lucha de familiares, sobrevivientes y la sociedad comprometida con el Nunca Más. Atravesar esos espacios es enfrentar nuestra historia de frente, sin velos ni excusas”, dijo.

El exdirector del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala, Gustavo Meoño, destacó que este acervo documental, con más de 80 millones de folios, fue preservado en el mismo lugar que alguna vez funcionó como cárcel clandestina y escenario de desapariciones y torturas. Esa doble condición —archivo y sitio del horror— lo convirtió en un motor de memoria y justicia, al movilizar a familiares de víctimas a articularse con la antropología forense en una trilogía única: testimonio, prueba científica y prueba documental.

Gracias a esa convergencia, explicó Meoño, desde 2010 fue posible abrir al menos 14 juicios por crímenes de lesa humanidad contra altos mandos militares, algo que antes parecía imposible. Para Meoño, esta experiencia demuestra que los archivos no son simples papeles, sino evidencia viva que sostiene los procesos judiciales, fortalece la verdad histórica y abre caminos de justicia. Un aprendizaje clave para Colombia, donde los archivos comienzan a tener un papel cada vez más central en los procesos de memoria, verdad y no repetición.

El conversatorio, llevado a cabo en la sede del PNUD en Bogotá, concluyó con una décima cimarrona del maestro Carlos Rodríguez, originario del Pacífico colombiano, que recordó que la memoria también se expresa en el arte y la cultura como formas de resistencia y de afirmación de la vida.

La jornada dejó como conclusión que los espacios resignificados no son únicamente lugares del pasado, sino cimientos para la construcción de un futuro democrático. Como lo expresó el magistrado Raúl Sánchez: “La memoria no es solo un ejercicio del pasado sino una condición para la construcción del futuro”. En ese sentido, la resignificación de los lugares de violencia se alza como una tarea ética y política impostergable: hacer de la memoria una forma de justicia viva que defienda la dignidad de las víctimas, confronte el negacionismo y abra el camino hacia una paz que no se limite al silencio de las armas, sino que se funde en verdad, reconocimiento y no repetición.