COMUNICADO 120

La desaparición no es un hecho del pasado: JEP conmemora y sigue acompañando a las víctimas con decisiones que aportan a respuestas efectivas

Este 30 de agosto, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la JEP ratifica su compromiso con las familias buscadoras que lideran valiosos procesos para encontrar a sus seres queridos desaparecidos en el conflicto armado.
En el marco de las investigaciones de los once macrocasos de la JEP y en el seguimiento a las medidas cautelares ordenadas, se han registrado 110.142 víctimas directas de desaparición forzada y 121.128 víctimas indirectas.
Producto de la participación de las víctimas, la Jurisdicción viene liderando decisiones que han permitido avances técnicos y forenses sin precedentes, y que aportan a acelerar la búsqueda de personas desaparecidas.

Bogotá, agosto 30 de 2024. Las investigaciones de los once macrocasos, las versiones aportadas por los comparecientes y los informes entregados por organizaciones de víctimas han permitido a la JEP registrar 110.142 víctimas directas de desaparición forzada y 121.128 indirectas. Reconociendo la magnitud del crimen que afectó a colombianos en todo el país y la angustia que la ausencia genera en las familias, la magistratura ha emitido decisiones judiciales y ha liderado acciones estatales para proteger y satisfacer los derechos a la búsqueda, la verdad y la justicia.

En la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la JEP reafirma su compromiso con desarrollar decisiones y acciones que lleven respuestas a los hogares de donde fueron arrancados esos cientos de miles de colombianos, para poner fin al sufrimiento y a la incertidumbre que rodea a las familias buscadoras. La Jurisdicción está comprometida con madres, padres, hijas, hijos, esposas y esposos para asegurar la búsqueda de la verdad y la posibilidad de un cierre digno para quienes han sido afectados por esta tragedia.

Del número de víctimas directas registradas en los procesos judiciales de la JEP, 94.147 son hombres y 14.815 mujeres; 15.852 corresponden a menores de edad; 5.806 son de comunidades afrocolombianas y 3.627 de diferentes Pueblos Indígenas. Mientras las cifras crecían durante el conflicto armado, los mecanismos de respuesta estatal mostraron deficiencias notables. Ante esta situación, los familiares de las víctimas empezaron a buscar a sus seres queridos. Hoy, la JEP reconoce y valora profundamente su incansable lucha, persistencia y resistencia, así como los valiosos aportes que han realizado en los procesos de investigación, búsqueda e identificación de las personas desaparecidas forzosamente.

Avances que han sido posibles con el apoyo de las familias buscadoras

Los aportes de las familias buscadoras han permitido a la Jurisdicción avanzar en la emisión de órdenes judiciales dirigidas a la ubicación, identificación y entrega digna de las personas reportadas como desaparecidas. Desde 2019, la JEP ha abierto cerca de 30 medidas cautelares que han permitido proteger más de 80 cementerios y sitios de interés forense en el país, donde podrían encontrarse los cuerpos de las víctimas. Estas medidas, han sido tomadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, la Sección de Ausencia de Reconocimiento y la Sección de Reconocimiento de Verdad.

En desarrollo de este trabajo la Sección de Ausencia de Reconocimiento han elaborado los siguientes protocolos, lineamientos, estándares y guías que han fortalecido el proceso de búsqueda:

Protocolo de entregas dignas .
Protocolo Arqueológico Forense para el Apoyo de la Búsqueda de Personas Desaparecidas, con Enfoque Diferencial, Étnico y de Género .
Lineamientos para la elaboración de protocolos para la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano en proyectos de infraestructura de transporte .
Plan de acción para superar la impunidad en la región del Canal del Dique.
Lineamientos para la búsqueda, recuperación, identificación y entrega culturalmente pertinente.
Guía de osarios.
Plan Estratégico Integral del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Estándares minimos para la búsqueda de personas desaparecidas.

En el marco de estas medidas cautelares, la JEP ha realizado más de 1.354 exhumaciones, identificado 128 desaparecidos y liderado la entrega de más de 80 personas localizadas en los lugares protegidos, cuya identidad ha sido confirmada. Departamentos como Antioquia, Meta, Caquetá, Chocó, Sucre, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Valle del Cauca, Putumayo y Huila han sido testigos de estas acciones. Las entregas dignas les permiten a las familias dignificar la memoria de sus seres queridos y realizar sus rituales de despedida, al tiempo que les permite cerrar un duelo que había quedado suspendido por la incertidumbre prolongada.

En diciembre de 2023, la JEP realizó su primera entrega digna múltiple en Villavicencio, como parte de una metodología de búsqueda inversa. Se trata de otro componente esencial en la búsqueda e identificación de los desaparecidos en el país. Aunque por años la búsqueda se ha centrado en hallar los cuerpos, el proceso no se limita a ello. También, en muchos casos, se orienta a encontrar a los familiares de las víctimas. ¿La razón? el lugar donde muchos están siendo exhumados no coincide con la zona donde la víctima fue desaparecida y muchos, aunque se encuentran identificados, no han sido entregados a sus seres queridos.

A través de esta metodología, en la capital del Meta, se rastrearon y localizaron a 18 familias en todo el territorio nacional para entregarles los cuerpos de sus seres queridos desaparecidos. Estos cuerpos, hallados e identificados en el Cementerio de San José de Guaviare, fueron recuperados por la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personadas dadas por Desaparecidas. El hallazgo se dio en el marco de la medida cautelar adoptada en Guaviare para proteger zonas en donde se podrían hallar víctimas del conflicto y, en este caso en particular, se puso en evidencia otra cara del crimen: los cuerpos identificados que nunca fueron reclamados.

Asimismo, la JEP ordenó una medida cautelar nacional para proteger los derechos a la memoria y la verdad de las víctimas de desaparición forzada. Como parte de esta decisión se realizó una audiencia pública nacional, en la que la JEP les ordenó a entidades del Gobierno Nacional la conformación de tres mesas técnicas para articular procesos y desplegar acciones conjuntas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, en las cuales deben participar activamente organizaciones de víctimas. Esto, debido a que la magistratura ha identificado varios problemas que interfieren en la satisfacción de los derechos de las víctimas como la falta de sistemas de información consolidados, dificultades para acceder a la información, el subregistro de víctimas y factores socioculturales como el miedo a denunciar y la desconfianza en las entidades estatales.

En desarrollo de las medidas cautelares, por ejemplo, se han reportado hallazgos en Samaná, Caldas. Allí, la JEP reportó 42 estructuras óseas con signos de violencia en el osario colectivo que fue intervenido por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), así como por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS).

Junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en junio de 2024, los equipos de expertos forenses exhumaron 16 cuerpos del cementerio de Apartadó, Antioquia, que podrían corresponder a personas dadas por desaparecidas. El hallazgo se dio en el marco del Caso 04 que priorizó la región del Urabá. Asimismo, en un trabajo articulado, en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar, fueron exhumados 103 cuerpos que podrían corresponder con víctimas del conflicto. Esta diligencia se llevó a cabo en el marco del proceso de juicio que adelanta la Sección de Reconocimiento de Verdad a 12 máximos responsables de la fuerza pública que aportaron verdad y reconocieron responsabilidad.

En otra región del país, en el cementerio del corregimiento de La Unión Peneya, en La Montañita, Caquetá, la JEP junto a la UBPD recuperó 47 cuerpos de personas desaparecidas en el conflicto armado. La diligencia se realizó dentro del Caso 07 que investiga reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. A la fecha, siete personas han sido identificadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entre ellas, cinco personas reclutadas por la extinta guerrilla de las Farc-EP siendo niñas o niños, de los cuales tres murieron siendo aún menores de 18 años.

En el cementerio alterno de El Copey, Cesar, el Sistema Integral para la Paz ha recuperado 52 cuerpos, de los cuales Medicina Legal ha identificado seis. Algunas de las víctimas recuperadas en el trámite judicial fueron reportadas como muertas en combates y hoy sus casos son materia de investigación dentro del Subcaso Costa Caribe - Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. En el marco de esta misma investigación, 13 personas, de 48 halladas en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia), han sido identificadas y entregadas de manera digna a sus familias.

Asimismo, en el Cementerio Central de Cúcuta se adelanta una intervención forense sobre 45 sitios (dos hectáreas), en la que se hasta el momento se han recuperado 315 cuerpos de presuntas víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto. Dos de estos ya fueron entregadas dignamente a sus familias. Estas mismas acciones han sido desplegadas en otros puntos de interés forense del país como La Escombrera, en La Comuna 13 en Medellín, así como el Estero de San Antonio en Buenaventura.

Estos resultados, entre otros, ratifican el compromiso de la JEP con las víctimas de desaparición forzada y su voluntad para continuar acompañándolas junto a las entidades del Sistema Integral para la Paz, con decisiones y acciones que permitan materializar los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas de este grave delito que afecta a cientos de miles de familias colombianas.