COMUNICADO 143
La JEP adopta medidas para agilizar la definición de la situación jurídica de comparecientes de las Farc-EP que no son máximos responsables
- El Órgano de Gobierno de la JEP aprobó la movilidad escalonada de magistradas y magistrados de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) hacia la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ).
- A partir de la experiencia adquirida en la Sala de Amnistía o Indulto, ahora apoyarán el análisis de la situación de comparecientes vinculados a crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero que no sean seleccionados como máximos responsables.
- Se trata de comparecientes que, aunque participaron en hechos del conflicto, no tuvieron un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o ejecución de los planes o patrones criminales determinados por la JEP.
- La JEP cumple su mandato de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más atroces y, al mismo tiempo, avanza con celeridad en la definición de la situación jurídica de quienes no lo son, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Bogotá, 10 de septiembre 2025. Para agilizar la definición de la situación jurídica de comparecientes de las Farc-EP que no sean seleccionados como máximos responsables, la JEP aprobó, mediante el Acuerdo No. 025 de 2025, un plan de movilidad escalonada de las seis magistradas y magistrados de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) hacia la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ).
La decisión, que empezó a regir este martes, refuerza el trabajo de la sala que tiene la misión de resolver la situación jurídica tanto de los comparecientes de las Farc-EP como de la fuerza pública que no sean hallados como máximos responsables. Es decir que, aunque participaron en los hechos, no ejercieron un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o ejecución del plan o patrones macrocriminales determinados por la JEP.
La movilidad escalonada, impulsada por el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, y aprobada por el Órgano de Gobierno, permitirá que las magistradas y magistrados de la SAI aporten la experiencia adquirida en estos años trabajando en los casos de firmantes de paz y en el conocimiento de las dinámicas de las extintas Farc-EP. Este trabajo se desarrollará en coordinación con la Sala de Definición, lo que garantizará mayor agilidad y articulación en las decisiones judiciales.
Entre las medidas adoptadas se dispuso la movilidad de la magistrada Alexandra Sandoval Mantilla, a partir del 15 de octubre, y del magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila, desde el 1 de febrero de 2026, cada uno por un periodo de un año. Asimismo, se crearán subsalas duales de decisión dentro de la Sala de Definición, integradas por magistrados de las dos salas.
Además, se realizará un diagnóstico conjunto de la carga de trabajo y del reparto de casos, que permitirá un análisis sistemático y garantizará decisiones en plazos razonables.
Con esta decisión se espera resolver con mayor agilidad los trámites de renuncia a la persecución penal y otras definiciones jurídicas que procedan con comparecientes no máximos responsables de las Farc-EP, brindar seguridad jurídica a quienes han cumplido con su obligación ante la JEP y fortalecer el trabajo de la Jurisdicción, optimizando sus procesos.
Este acuerdo se suma al AOG No. 002 de 2025, aprobado en febrero, que estableció lineamientos para implementar una estrategia interna orientada a agilizar los procesos de instrucción de los 11 macrocasos. En ese marco, se definió que equipos de la Unidad de Investigación y Acusación trabajarán de manera coordinada con la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Sala de Definición.
También al AOG No. 006 de 2025, que fijó los lineamientos para la articulación interna en la implementación de Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR). Es decir, creó la ruta para la ejecución de las Sanciones Propias que se impondrán a los comparecientes imputados que aporten verdad reconozcan responsabilidad.
Finalmente, el AOG No. 001 de 2025, aprobado por la instancia de articulación con el Gobierno Nacional, que estableció la ruta de coordinación interinstitucional para ejecutar las sentencias que emita la JEP.
La JEP cumple su mandato de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más atroces y, al mismo tiempo, avanza con celeridad, eficacia y transparencia en la definición de la situación jurídica de quienes no lo son, para que puedan terminar de reintegrarse a la sociedad, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición.
