COMUNICADO 14
La JEP celebra la adopción de la política pública nacional para proteger cementerios y fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia
- La JEP destaca la expedición del Decreto 0065 de 2026, el cual adopta una política pública nacional para la custodia, registro y manejo digno de cuerpos no identificados y no entregados en cementerios del país.
- Este decreto, a juicio de la JEP, tendrá un impacto directo en los derechos de las víctimas y en el fortalecimiento de la respuesta institucional para garantizar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
- El decreto responde a órdenes y medidas cautelares adoptadas por la JEP para proteger cementerios y preservar información clave en la búsqueda de personas desaparecidas, evidenciando el carácter progresivo y articulado del proceso judicial y restaurativo entre la JEP y otras entidades del Gobierno nacional.
- La JEP resalta que el decreto articula entidades nacionales y territoriales, fortalece registros, define responsabilidades institucionales y crea condiciones para la identificación y entrega digna de cuerpos, como parte de una serie de acciones estatales coordinadas y no de esfuerzos aislados.
- Para la JEP, esta política pública representa un avance estructural para evitar la pérdida de cuerpos ya identificados y no entregados, para proteger la memoria y garantizar que los cementerios sean espacios de custodia, dignificación y verdad para quienes buscan a sus seres queridos.
- A la fecha, producto de este esfuerzo interinstitucional, se han exhumado 1.916 cuerpos, se han identificado 240 víctimas, de las cuales 150 han sido entregadas dignamente a sus familias.
Bogotá, 13 de febrero del 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) destaca la expedición del Decreto 0065 del 26 de enero de 2026 del Gobierno nacional, mediante el cual se adopta la política pública de gestión y administración de los cementerios del país para la custodia y preservación de cuerpos no identificados y cuerpos identificados no entregados.
La medida fue adoptada en cumplimiento de órdenes judiciales emitidas por la JEP y se inscribe en un proceso institucional más amplio orientado a garantizar los derechos de las víctimas y a fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país.
El decreto introduce medidas orientadas a fortalecer la coordinación entre entidades del orden nacional y territorial, mejorar los sistemas de registro y garantizar la preservación de los cuerpos, con el fin de contribuir a su identificación y eventual entrega digna a las familias. Su implementación se materializará mediante planes de acción, asistencia técnica y mecanismos de seguimiento que permitan consolidar una respuesta institucional sostenida frente a esta problemática.
La decisión responde a la necesidad de atender vacíos históricos en la gestión de cementerios y en el manejo de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, incorporando principios de dignidad humana, memoria, participación de las víctimas y enfoque diferencial, estableciendo mecanismos de articulación institucional que fortalezcan la acción coordinada del Estado en su conjunto.
Para las víctimas y sus familias, este decreto representa un instrumento concreto que permite prevenir la pérdida, deterioro o manejo inadecuado de cuerpos identificados y no entregados. También, fortalece las condiciones institucionales para la búsqueda, la identificación y la entrega digna. Su alcance se orienta a que los cementerios dejen de ser espacios de incertidumbre y se consoliden como lugares de custodia, memoria y protección.
Las órdenes emitidas por la JEP, que han derivado en la adopción de este decreto, se han expedido en el marco de medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento para proteger cementerios de Santander, orientadas a garantizar la preservación de cuerpos que podrían corresponder a personas desaparecidas. Estas decisiones evidenciaron la necesidad de contar con instrumentos normativos que permitieran responder de manera estructural a esta problemática.
En desarrollo de dichas órdenes, la JEP, en articulación con entidades del Estado y organizaciones de víctimas, impulsó la formulación de una política pública nacional que superara las limitaciones existentes en materia de administración de cementerios, cadena de custodia, registros de información y coordinación institucional.
El decreto prevé instrumentos como la formulación de planes de acción, la asistencia técnica a entidades territoriales, el fortalecimiento de registros y la creación de mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan asegurar su implementación. Asimismo, establece responsabilidades para los administradores de cementerios y autoridades territoriales en materia de custodia, preservación, registro y trazabilidad de la información asociada a los cuerpos.
Estas disposiciones se articulan con los procesos humanitarios y judiciales de búsqueda de personas desaparecidas y evidencian que la respuesta frente a esta problemática se construye de manera transversal entre las distintas instancias del Estado y del Sistema Integral para la Paz.
La política pública también promueve la participación efectiva de víctimas y organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas, fortaleciendo su rol en la construcción de verdad, memoria y reparación, y consolidando escenarios de diálogo entre instituciones y territorios.
El sentido de esta decisión radica en su impacto directo para las víctimas: establece condiciones para que los cuerpos sean protegidos, identificados y, cuando sea posible, entregados dignamente a sus familias, contribuyendo a cerrar ciclos de incertidumbre y a reconocer su derecho a la verdad, la memoria y la reparación.
En este contexto, el Decreto 0065 constituye un paso relevante para consolidar la protección de los cementerios como lugares clave en los procesos de búsqueda, identificación y dignificación de las personas desaparecidas, así como para fortalecer la capacidad institucional de respuesta frente a esta realidad.
Finalmente, los resultados alcanzados en el marco de las medidas cautelares y acciones relacionadas con la protección de cementerios evidencian avances concretos: a la fecha se han exhumado 1.916 cuerpos, se han identificado 240 y se han realizado 150 entregas dignas a sus familias. Estas cifras reflejan el carácter progresivo del proceso, la articulación institucional y la importancia de contar con instrumentos normativos que aseguren la preservación de cuerpos y permitan avanzar en los procesos de búsqueda y reparación.
