COMUNICADO 10
La JEP finaliza la investigación por los secuestros de las extintas Farc-EP en Colombia
- Por primera vez, el país cuenta con una radiografía judicial completa de los secuestros de las extintas Farc-EP: quiénes fueron los máximos responsables, cómo se ejecutaron las políticas de secuestro en cada región y el daño diferenciado causado a las víctimas, las comunidades y los territorios.
- La JEP escuchó a todas las víctimas que quisieron participar y quienes narraron frente a la magistratura lo que padecieron. 4.439 se acreditaron y 795 presentaron observaciones en audiencia.
- Los comparecientes fueron llamados a reconocer responsabilidad por los secuestros y por otros crímenes que sufrieron las víctimas en cautiverio. A la fecha, 36 comparecientes han reconocido su responsabilidad frente a sus víctimas.
- Es la primera vez que la justicia investiga otros crímenes que se cometieron durante el cautiverio, como tortura, tratos crueles y denigrantes de la dignidad humana, esclavitud y violencia sexual.
- En total, la investigación del Caso 01, en el que se abordan los secuestros de la antigua guerrilla, identificó a 63 máximos responsables. De ellos, solo 23 habían sido condenados por estos crímenes en la justicia ordinaria y muchos de ellos en ausencia.
- La Sala de Reconocimiento de Verdad cierra la investigación con la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 15 comparecientes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, las estructuras más crueles de las extintas Farc-EP.
- Con estas dos imputaciones, la JEP completó la atribución de responsabilidad a los máximos responsables de los secuestros. Entre 2021 y 2025, la sala ya había imputado a 7 exintegrantes del último secretariado y a 34 exmandos de otras 5 estructuras.
- El Bloque Oriental y el Bloque Sur concentraron la responsabilidad por los secuestros perpetrados en una extensión que comprende cerca de la mitad del país.
- Continúa la etapa de reconocimiento. Luego la Sala de Reconocimiento de Verdad, encargada de la investigación, pasará el proceso al Tribunal de Paz de la JEP para que continue con la etapa de juicio, o a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en caso de que no haya reconocimiento de algunos de los recientes imputados.
Bogotá, 9 de febrero de 2026. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó la etapa de investigación sobre los miles de secuestros perpetrados por las extintas Farc-EP en Colombia. Esto significa que la justicia, por primera vez, conoce quiénes son los máximos responsables nacionales y regionales de estos crímenes, cómo se ejecutaron las órdenes de secuestrar, a qué patrones criminales respondieron y el daño enorme y diferenciada que dejaron en las víctimas, las comunidades y los territorios.
Para llegar a la radiografía judicial más completa que tiene el país sobre los secuestros, la magistratura escuchó durante dos años a todas las víctimas que quisieron participar, muchas de ellas no habían acudido antes a la justicia a denunciar estos hechos. Desde diferentes lugares del país, 4.329 de ellas se acreditaron ante la JEP y 795 narraron en audiencia lo que sufrieron: Los malos tratos, la violación a su dignidad humana, la intimidación constante, el miedo a la muerte, las humillaciones, el hambre, la incertidumbre, la falta de atención médica, las marchas extenuantes y sus periplos angustiantes por las selvas de Colombia. También hablaron de cómo las mujeres, adultos mayores, niños y niñas sufrieron de forma diferenciada las privaciones de la libertad.
Asimismo, los sobrevivientes recordaron el sufrimiento de las familias por no saber qué pasaba con sus seres queridos, por tener que negociar por sus vidas como si fueran una mercancía, y por las consecuencias que hoy persisten. Muchas de ellas reportaron problemas de salud física y mental tras su privación de la libertad, la pérdida de la confianza en el otro y el fin de proyectos de vida. Quienes padecieron el secuestro no volvieron a ser los mismos. Por eso, la magistratura espera que, al conocer la profundidad del dolor que causaron los secuestros, jamás se repitan.
Las audiencias para escuchar a las víctimas también fueron un espacio para honrar la memoria de quienes no sobrevivieron al cautiverio y para indagar por las personas que permanecen desaparecidas tras su secuestro. Las víctimas también hablaron por medio de miles de informes escritos, recortes de prensa, fotografías, y otros objetos como libros, ajedreces, cadenas, telares, flores y velas.
Escuchar a las víctimas fue fundamental para contrastar la información que dieron 402 comparecientes y que rindieron versión ante la Justicia Transicional Restaurativa por los secuestros. Los comparecientes, por su parte, en cumplimiento con el Acuerdo Final de Paz, entregaron información que permitió construir, casi de ceros, las hojas de vida de los excombatientes, las cadenas de mando, los lugares donde operaron, las motivaciones, y responsabilidades que el país no conocía. Por ejemplo, se sabía que el comandante del Frente 60, que vigilaba a los diputados del Valle, era ‘El Grillo’, pero esta justicia permitió saber que cuál es su nombre legal y que reconociera los hechos frente a la justicia y frente a las víctimas del Valle del Cauca.
Gracias este riguroso proceso de contrastación judicial, que también incluyó el estudio de los informes de organizaciones de la sociedad civil y de la justicia ordinaria, la Sala de Reconocimiento de verdad pudo identificar a 63 máximos responsables de los secuestros e imputarles crímenes de guerra, de toma de rehenes, y crímenes de lesa humanidad, de privaciones graves de la libertad. La Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó también otros crímenes que cometieron en cautiverio y que no habían sido abordados por la justicia ordinaria en el pasado, como tortura, tratos crueles e inhumanos, esclavitud, e incluso violencia sexual. De los 63 comparecientes, solo 23 habían sido condenados por la justicia ordinaria por estos hechos, y muchos de ellos en ausencia.
La investigación de la JEP identificó que los exguerrilleros de las Farc-EP secuestraron siguiendo tres patrones criminales. Privaron de la libertad para financiarse, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y en busca del control social y territorial.
Sobre este último patrón, el país tenía poco conocimiento. Sin embargo, la investigación pudo establecer que la extinta guerrilla secuestraba a estas víctimas como forma de castigo por no someterse a sus reglas, para enviar el mensaje al gobierno colombiano de que había un “vacío de poder” y por sospechas, en muchas ocasiones infundadas, de que eran colaboradoras de los paramilitares o del Ejército Nacional. En algunos casos, también las secuestraron para obligarlas a trabajar para la guerrilla. Así le sucedió, por ejemplo, a varios miembros de la familia Polanía Ramos. Ellos vivían de transportar gente y remesas en dos botes por el río Caquetá. Después de transportar a miembros de la guerrilla sin recibir el pago y de que se les acabó la gasolina, la familia se negó a seguir transportándolos. Como consecuencia, varios de ellos fueron secuestrados y forzados a trabajar gratis para la guerrilla. Padecieron todo tipo de maltratos. Al final, tuvieron que desplazarse.
A la fecha, todos los comparecientes que han sido llamados a aceptar su responsabilidad por estos crímenes lo han hecho, y han respondido a las demandas de verdad y de reconocimiento de las víctimas. Es decir, excombatientes que por años justificaron el secuestro como método de guerra, ahora han reconocido su responsabilidad por estos crímenes y todo el dolor que les causaron a las víctimas.
Así lo hicieron por primera vez en la historia del país, los 7 miembros del último Secretariado de las extintas Farc-EP, quienes aceptaron que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad frente a sus víctimas. Por esos hechos, ya fueron sancionados por el Tribunal de Paz de la JEP. También reconocieron responsabilidad 10 máximos responsables del Comando Conjunto Central, 8 del Bloque Oriental, 7 del Noroccidental y 4 del Magdalena Medio.
En medio del proceso, el encuentro dialógico entre víctimas y comparecientes ha permitido conocer verdades y reconocimientos más significativos para los sobrevivientes del conflicto armado, en especial para aquellos que nunca habían sido escuchados. Por ejemplo, la señora Blanca Molina, la familia González y la familia Angulo pudieron encontrar los cuerpos de sus seres queridos, en medio de la investigación de la JEP y del trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Las hermanas Angie y Margarita Varón ya tienen una explicación de por qué secuestraron a su mamá, Isabel Varón. Carmen Mirke pudo recibir el certificado de defunción de su esposo, el ingeniero Jorge Orlando Toledo, después de que los comparecientes confesaron su asesinato. Ahora, entre otras, podrá reclamar la pensión de su marido y vender bienes en común. Y los comparecientes de las extintas Farc-EP han aceptado en público, frente a víctimas como Luz Mélida Ocampo, Eneifi Martínez, Ángela Díaz y Ana Ilbia Ariza que no controlaron a la tropa para evitar que crímenes como la violencia sexual ocurriera en medio del cautiverio.
La JEP también documentó en detalle e hizo responder a los comparecientes por secuestros que tuvieron un impacto en la opinión pública, como el de los diputados del Valle, el del entonces gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y su consejero de Paz Gilberto Echeverri, y el cabo de la Policía José Norberto Pérez, quien no fue liberado, pese a que su hijo con cáncer rogó a la guerrilla que lo dejaran ver a su papá antes de morir.
Ahora, 5 comparecientes del Bloque Caribe, quienes ya aceptaron por escrito la imputación por secuestro, se preparan para reconocer los hechos en audiencia pública. Y hoy la sala termina la investigación con dos imputaciones contra el Bloque Oriental y Sur, las dos estructuras más crueles porque sus víctimas fueron las que duraron más tiempo en cautiverio y en condiciones extremas, como los hacinamientos en cajones de tablas o en alambradas de púas.
Imputación al Bloque Oriental y el Bloque Sur
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 antiguos integrantes del Bloque Oriental y a 7 del Bloque Sur de las extintas Farc-EP. En el caso del Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, fueron hallados responsables por los secuestros en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada. Así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.
En el caso del Bloque Sur fueron hallados responsables de los secuestros en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y algunas zonas de Cauca y Meta.
Los imputados del Bloque Oriental son: 1) Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; 2)Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; 3)Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; 4) Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; 5) Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; 6) Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; 7) Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; 8) José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; 9) Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; 10) Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; 11) Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; 12) Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; 13)Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; 14) Jaime Aguilar Ramírez, quien fue conocido como ‘Dionisio Rayo’; y 15) Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.
Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: 1) Fabián Ramírez, quien fue conocido como ‘Fabián Ramírez’; 2) Floresmiro Burbano, quien fue conocido como ‘Martín Corena’; 3) Darío Lee Díaz, quien fue conocido como ‘Robledo’ 4) Luis Montes, quien fue conocido como ‘Euclides Bermúdez’; 5) Ángel García, quien fue conocido como ‘Hernán Benítez’; 6) Ezequiel Hueguía quien fue conocido como ‘Rolando Romero’; y 7) William Tovar, quien fue conocido como ‘Franklin Smith Caicedo’.
Estos comparecientes son llamados a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra, de toma de rehenes y otros crímenes cometidos contra las personas cautivas, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. Asimismo, se les atribuyen crímenes de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad y otros crímenes perpetrados en medio de los secuestros, como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, esclavitud y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
Para imputar a los máximos responsables de los secuestros y otros crímenes en el marco del cautiverio de estos bloques, la Sala de Reconocimiento de Verdad realizó una minuciosa contrastación. Este proceso incluyó el análisis de informes de la Fiscalía, de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil. Además, se examinaron las versiones escritas y orales de 61 comparecientes del Bloque Oriental, 65 del Bloque Sur, así como las observaciones que realizaron 140 víctimas del Oriental y 182 del Sur sobre las versiones de los excombatientes ante la JEP y sobre el auto No. 19 de 2021, en el que se imputó a siete antiguos integrantes del secretariado por secuestro.
Esa contrastación permitió identificar que estos comparecientes de las Farc-EP ejercieron liderazgo y mando sobre las decisiones del Bloque Oriental y Sur y de sus frentes, columnas y compañías. Es decir, fueron determinantes a la hora de materializar las políticas de secuestro que desplegó el secretariado en las zonas del país donde operaron.
Esto significa que los excombatientes imputados tenían control sobre su tropa y la potestad de imponer disciplina a sus subalternos. Por ello, la sala los halló responsables tanto por haber dado las órdenes que llevaron a la comisión de secuestros y asesinatos, como por no controlar a la tropa cuando maltrató a quienes estuvieron en cautiverio. Algunos de ellos, además, participaron directamente en la comisión de crímenes graves y fueron comandantes de las comisiones encargadas de los campamentos donde los de los secuestrados permanecieron privados de la libertad.
El Bloque Oriental es la estructura que más secuestros cometió. Según datos de la Fiscalía, es responsable del 34% de los casos cometidos por la antigua guerrilla en todo el país, mientras que el Bloque Sur es responsable del 8%. Sin embargo, el 18% de las víctimas acreditadas en la JEP lo son del Bloque Sur, reflejando las dificultades de las víctimas para acceder a la justicia ordinaria antes de la firma del Acuerdo Final de Paz. Así, entre las 4.439 víctimas de secuestro acreditadas ante la JEP, 1.239 señalan al Bloque Oriental como responsable de su privación de la libertad. En cuanto al Bloque Sur, de las víctimas acreditadas, 771 señalan al Bloque Sur como presunto responsable de su secuestro.
Un alto número de las víctimas directas, que recuerdan el secuestro, reportan además malos tratos. Ambos bloques son los que más crímenes cometieron en medio de los secuestros, en comparación con otras estructuras guerrilleras a las que duplican en la comisión de estos hechos. Así, en el Bloque Sur, de las 398 son víctimas directas, 54 reportaron tortura, 141 malos tratos, 37 violencia sexual, 13 homicidio, 92 desaparición forzada, y 31 esclavitud. En el Bloque Oriental, de las 380 víctimas directas, 158 reportaron tortura, 137 malos tratos, 20 violencia sexual, 45 homicidio, 93 desaparición forzada, y 19 esclavitud. Los crímenes no son excluyentes y por eso una misma victima puede haber sufrido varios.
Con base en cientos de secuestros documentados por la Jurisdicción y que son representativos del accionar de las Farc-EP, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó que los bloques Sur y Oriental, al igual que otras estructuras guerrilleras, secuestraron siguiendo tres patrones criminales dictados por el secretariado: para financiarse, para promover el intercambio por guerrilleros presos y en busca del control social y territorial.
Los secuestros con fines económicos respondieron a las exigencias económicas del secretariado. En el caso del Bloque Oriental, debía entregar 2,5 millones de dólares, mientras que el Bloque Sur debía entregar 2 millones de dólares.
Asimismo, este tipo de secuestros afectaron a la población según la región en la que se cometieron. Los sectores más golpeados por el bloque Oriental y Sur fueron los ganaderos, comerciantes, agricultores, transportadores y trabajadores del sector minero-energético, quienes eran secuestrados para forzar el pago de extorsiones de la guerrilla.
Muchos de los secuestros con fines económicos del Bloque Oriental se dieron en retenes ilegales, conocidos como “pescas milagrosas”. Estos retenes se hicieron en especial en la Vía al Llano y rutas hacia el norte y occidente de Cundinamarca, rodeando casi todas las salidas de Bogotá. En otras ocasiones, las privaciones de la libertad con fines económicos de este bloque se cometieron en alianza con bandas delincuenciales como ‘Los Calvos’ o el ’GUT 33’, a las que la guerrilla les pagaba el 10 % de lo que cobraban por la liberación de las víctimas.
Mientras tanto, el Bloque Sur, aparte de los secuestros en las fincas y en las vías, también es responsable de secuestros como el de la toma del edificio de Miraflores en Neiva, Huila, donde secuestraron 16 personas incluidos menores de edad.
Los integrantes de los bloques Oriental y Sur aseguraron que buscaban afectar a la élite económica con este tipo de secuestros, pero la investigación de la JEP encontró que, en la práctica, la mayoría de las víctimas no tenía cómo pagar por su liberación; algunas incluso siguen endeudadas por los secuestros.
La Sala de Reconocimiento de Verdad también documentó numerosos casos en los que las víctimas con fines de control social y territorial de los bloques Oriental y Sur también reportaron ser secuestradas para obligarlas a trabajar para la guerrilla. Por ejemplo, en ‘La Gorgona’, una zona cercana a las veredas El Edén y El Trin, en San José del Guaviare, las víctimas del extinto Bloque Oriental relataron que fueron obligadas a trabajar sin pago en la construcción de carreteras, en jornadas de hasta 12 horas diarias.
El Bloque Sur, por su parte, fue responsable de secuestros con fines de control territorial como el del geólogo Gerardo Alberto Arandia, quien fue privado de la libertad en el año 2000, en la vereda Manzanares del municipio de Puerto Rico, Caquetá. Los comparecientes confesaron que lo asesinaron cuando intentó escapar. Su cuerpo hoy permanece desaparecido.
Entre los secuestros para forzar el intercambio por guerrilleros presos la mayor parte de las estuvo cautiva en los campamentos del Bloque Oriental. Las víctimas fueron tanto civiles, como militares y policías.
La mayor parte de los militares y policías cautivos para canje fueron privados de su libertad en medio de las tomas guerrilleras realizadas por ambos Bloques. Por ejemplo, el Bloque Oriental participó en las tomas de 1998, en Miraflores, en Guaviare; en Mitú, Vaupés, y en La Uribe, Meta. También, en las tomas de 1999, en Puerto Rico y Puerto Lleras, en Meta, y en La Arada, Tolima. Por su parte, el Bloque Sur es responsable de secuestros en medio de tomas como las de Las Delicias, en Putumayo, en 1996, y la de Patascoy, entre Nariño y Putumayo, en 1997. Entre las víctimas estuvieron Luis Arturo Arcia y Luis Alfonso Beltrán, quienes permanecieron 14 años en cautiverio, entre 1998 y 2012. El Bloque Sur, por su parte, mantuvo en cautiverio a los integrantes del Ejército Pablo Emilio Moncayo y Libio José Martínez; y los integrantes de la Policía Elkin Hernández, Édgar Yesid Duarte, Álvaro Moreno y Luis Alberto Erazo. Cuatro de ellos fueron asesinados después de sufrir entre 11 y 13 años de secuestro.
En cuanto a los civiles secuestrados para canje, la mayor parte de los secuestros los realizó el Bloque Sur. Entre ellos, Luis Eladio Pérez, entonces senador de Nariño; Gloria Polanco de Lozada, entonces candidata a la Cámara de Representantes; Orlando Beltrán, entonces representante a la Cámara; Consuelo González de Perdomo, entonces representante a la Cámara; Jorge Eduardo Géchem, entonces senador y presidente de la Comisión de Paz del Senado; Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial; Clara Rojas, fórmula vicepresidencial y jefa de campaña de Betancourt. También recibieron del Bloque Sur a los contratistas norteamericanos Marc Gonsalves, Keith Stansell y Thomas Howes. Todos duraron entre 5 y 7 años secuestrados en condiciones de cautiverio indignas y recibiendo todo tipo de malos tratos, humillaciones y amenazas de muerte. El Bloque Oriental secuestró a Alan Jara, entonces gobernador del Meta. Permaneció secuestrado por este bloque siete años y siete meses, entre 2001 y 2009. Ante la JEP, Jara describió su lugar de reclusión como una “jaula” que le recordaba los campos de concentración.
Por su capacidad operativa, el Bloque Oriental recibió a las víctimas de secuestro con motivos de canje del Bloque Sur y los tuvo por muchos años en campamentos. De estos campamentos se tienen solo las imágenes borrosas de un video realizado por el periodista Jorge Enrique Botero en una visita, y las pruebas de supervivencia hechas por los guerrilleros. Sin embargo, contamos con las imágenes realizadas por el pintor Mario Ayerbe a partir de los relatos de Consuelo González de Perdomo, y que capturan el horror de lo vivido en estos y otros campamentos de secuestrados de estos Bloques, en medio de la selva y a manos de la guardia armada.
Con estas imputaciones, tanto a nivel nacional como regional, la Sala de Reconocimiento de Verdad esclarece las particularidades de los secuestros perpetrados por las Farc-EP, considerando el territorio donde se cometieron y los daños causados. Es decir, atiende las demandas puntuales de verdad y reconocimiento de las víctimas que participan en el proceso. Así, cumple con el mandato de aportar a la construcción de la verdad judicial sobre el conflicto armado y a la memoria histórica del país.
Preguntas y respuestas sobre la imputación al Bloque Oriental y al Bloque Sur
¿Quiénes son los imputados del Bloque Sur y Oriental?
Hasta ahora, la Sala de Reconocimiento de Verdad sabe que todos los comparecientes imputados cumplen con sus compromisos con el Acuerdo final de Paz, excepto tres de ellos. La Sala busca a tres comparecientes del Bloque Oriental que no han respondido a los llamados de la JEP y no tiene conocimiento sobre si viven, si abandonaron el Acuerdo Final de Paz, o si por encontrarse en una zona donde se ha reconfigurado el conflicto armado, no ha sido posible atender a sus compromisos con la Justicia Transicional Restaurativa.
Por eso, la Sala de Reconocimiento de Verdad hace un llamado a las autoridades competentes y a la Fiscalía para que brinde información sobre el paradero de Bertulfo Caicedo, Julián Saavedra y Jaime Aguilar Ramírez. De este último, la JEP conoce por la prensa que fue capturado, y la Sala ya le solicitó reporte a la Fiscalía al respecto. En cuanto a Gerardo Antonio Aguilar, está extraditado y tampoco ha atendido a los llamados de la Jurisdicción.
De los 15 comparecientes imputados del Bloque Oriental, solo 4 habían sido condenados por los secuestros en la justicia ordinaria (Mosquera, Caicedo, Aguilar y Marín Cano). Y de los 7 Bloque Sur, solo dos (Fabián Ramírez y Floresmiro Burbano).
¿Cuál es la trayectoria de los imputados del Bloque Oriental:
1. Wilmar Antonio Marín Cano, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’: Se unió al Frente 10 de las extintas Farc-EP en 1984, cuando tenía 15 años. En 1996, llegó al Frente 22 como reemplazante y se convirtió en su comandante principal, entre 1997 y 2003, con una pausa por captura en 2000. Dirigió las finanzas del Frente 22, coordinando secuestros extorsivos en Cundinamarca, a través de inteligencia propia y alianzas con bandas delincuenciales como ‘Los Calvos’. Operó en Arauca, Meta y Cundinamarca, en especial en los municipios de Gualivá y Rionegro.
2. Bernardo Mosquera Machado, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’: Ingresó al Frente 10 en 1982, cuando tenía 30 años. Luego, entre 1993 y 2001, fue miembro del Estado Mayor del Frente 42 y encargado de la cartera de finanzas. Entre 2002 y 2005 fue el tercer comandante del Frente 40, a cargo de la cartera de orden público en el Meta. Operó en Arauca, en el suroccidente de Cundinamarca, en los municipios de Viotá y San Juan de Río Seco, y en Meta, en los municipios de Mesetas y La Uribe.
3. Nelson Quintero Estévez, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’: Se unió al Frente 12 en 1985, cuando tenía 16 años. Entre 1995 y 2001 fue el reemplazante del Frente 52 y su comandante principal entre 2002 y 2004. Formó parte de comisiones mixtas de finanzas que coordinaban secuestros en la Vía al Llano y, tras la desarticulación de su unidad, fue comandante principal del Frente 45 hasta 2016. Operó en Santander; en Cundinamarca, en la provincia de Sumapaz y Medina y en el corredor entre Casanare, Boyacá y Arauca.
4. Marco Fidel Suárez Cristian, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’: Ingresó al Frente 1º en 1985, cuando tenía 23 años. Fue el coordinador de la guardia de militares y policías secuestrados en los campamentos ‘Barrial’ y ‘Angosturas’, entre 1998 y 1999. Después, entre 2008 y 2012, fue el comandante principal del Frente 1º. Operó en el Guaviare, en los municipios de Calamar, Miraflores, El Retorno, y en el departamento de Vaupés, supervisando el cautiverio de militares y policías.
5. Holmes Puentes Cuetía, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’: De origen indígena Páez, ingresó al Frente 7º en 1982, cuando tenía 25 años. Entre 1998 y 2001 fue el reemplazante de la compañía encargada de custodiar a los oficiales secuestrados en los campamentos ‘Caño Machete’ y ‘Angosturas’. También fue reemplazante del Frente 44, desde 2001, y su comandante principal entre 2012 y 2016. Operó en Caquetá y fungió como guardia del secretariado en Guaviare.
6. Marcos Alvis Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’: Ingresó al Frente 14 en 1982 a los 14 años. Entre 1999 y 2001 fue el comandante de la comisión de vigilancia de los policías secuestrados en la toma de Mitú y comandante del Frente 40. Operó en Caquetá, en los Llanos del Yarí, en el Meta y en Guaviare.
7. Germán José Gómez López, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’: Se vinculó a la Red Urbana de Barranquilla en 1987, cuando tenía 24 años. Luego de trabajar en temas de salud para el secretariado por varios años, entre 2000 y 2005, fue el reemplazante del Frente 40, estructura responsable del campamento donde se concentraron policías y militares secuestrados en La Arada y La Uribe. Gómez operó en Barranquilla, en Meta y también en algunas áreas del Bloque Caribe.
8. José Ricaurte Valencia López, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’: Ingresó al Frente 7º en 1991, cuando tenía 17 años. Fue el comandante de la comisión de vigilancia de seis civiles políticos y cuatro militares, entre 2004 y 2005, en los campamentos ‘Caño Grande’ y ‘Las Rocas’, en Guaviare, donde operó de forma exclusiva.
9. Luis Ernesto Garzón Beltrán, quien fue conocido como ‘Severiano’: Se unió al Frente 1º en 1983, cuando tenía 16 años. Entre 1999 y 2009 fue reemplazante de la Unidad Reinel Méndez, encargada de la seguridad de Víctor Julio Suárez Rojas, quien fue conocido como el ‘Mono Jojoy’ o ‘Jorge Briceño’. Entre 2011 y 2012, Garzón fue el comandante de la comisión de vigilancia de los últimos 10 oficiales de la fuerza pública en cautiverio de este bloque. Operó en el Meta y el Guaviare.
10. Elmer Caviede, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’: Ingresó a las Farc-EP en 1975, cuando tenía 12 años. Fue comandante del Frente 40, entre 1988 y 1989. Luego fue comandante principal del Frente 44 durante 18 años, entre 1994 y 2012. Operó en Arauca, Meta y Guaviare, donde supervisó el cautiverio de 10 oficiales y los trabajos forzados en el sector de ‘La Gorgona’.
11. Rodolfo Restrepo Ruiz, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’: Ingresó al Frente 5º en 1978, cuando tenía 27 años. Tras pasar por el Bloque Noroccidental, se vinculó al Bloque Oriental en el año 2000. Fue comandante del Frente 62, Combatientes del Yarí, entre 2002 y 2009, unidad desde la cual coordinó el secuestro de comerciantes. Luego, comandó el Frente 16 hasta su desactivación en 2012 y participó en el Comando Coordinador de frentes antes de la firma del Acuerdo Final de Paz. En el Bloque Oriental, Restrepo operó en Meta, Caquetá y el Guaviare.
12. Bertulfo Caicedo Garzón, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’: Ingresó al Frente 27 en 1992, cuando tenía 21 años. Desde 1996 hasta 2007 fue el jefe de la cartera de finanzas de ese frente y su reemplazante entre 2005 y 2007. Dirigió secuestros extorsivos y por control territorial en el Meta, hasta su captura en 2008. Operó en el occidente del Meta, en especial en Vistahermosa y San Juan de Arama.
13. Julián Saavedra Sánchez, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’: Ingresó al Frente 16 en 1982, cuando tenía 24 años. Fue el reemplazante del Frente 26 entre 1998 y 2006 y su comandante principal entre 2006 y 2011. Operó en el departamento del Meta, especialmente en el área de Lejanías.
14. Jaime Aguilar Ramírez, quien fue conocido como ‘Dionisio Rayo’: Ingresó al Frente 14 de las extintas Farc-EP, en 1986, cuando tenía 20 años. Hizo parte de la Columna Che Guevara durante la conformación del Bloque Oriental y luego fue enviado a la Columna Juan José Rondón. Después hizo parte del Frente 26 y se convirtió en su comandante, entre 1993 y 1997. Operó en el noroccidente del departamento del Meta, en especial en los municipios de Acacías, El Castillo, El Dorado, Lejanías, Granada y San Martín. Fue capturado en 2013 y permaneció privado de la libertad, hasta el 16 de agosto de 2017, cuando le fue otorgada la libertad condicional tras la firma del Acuerdo Final de Paz.
15. Gerardo Antonio Aguilar, quien fue conocido como ‘César’: Ingresó al Frente 14 en 1982, cuando tenía 22 años. Fue el comandante principal del Frente 1º, entre 1996 y 2008. Operó en el Guaviare y Vaupés, cerca de los ríos Inírida y Apaporis. Tuvo bajo su vigilancia a 15 políticos secuestrados como Ingrid Betancourt y Luis Eladio Pérez, hasta su captura en la Operación Jaque del Ejército Nacional y hoy está extraditado en Estados Unidos.
¿Cuál es la trayectoria de los imputados del Bloque Sur:
1. Fabián Ramírez Cabrera, quien fue conocido como ‘Fabián Ramírez’: Ingresó al Frente 15 en 1982, cuando tenía 16 años. Fue el comandante principal del Frente 14 entre 1993 y 2000, y miembro del Estado Mayor del Bloque Sur y de su Comando de Dirección entre 1993 y 2009. Coordinó misiones de inteligencia de combate y la custodia y liberación de secuestrados como Pablo Emilio Moncayo. Operó principalmente en el Caquetá, en los municipios de Cartagena del Chairá, El Paujil, El Doncello y San Vicente del Caguán.
2. Floresmiro Burbano, quien fue conocido como ‘Martín Corena’: Se unió al Frente 3° en 1978, cuando tenía 26 años. Comandó ese mismo frente entre 1986 y 1990, el Frente 2° entre 1990 y 1998, y el Frente 48 entre 1998 y 2003. Fue miembro principal del Estado Mayor del Bloque desde 1996 y su comandante principal entre 2015 y 2016. Operó en Huila, Caquetá, Nariño y Putumayo.
3. Darío Lee Díaz, quien fue conocido como ‘Robledo’: Ingresó al Frente 15 en 1980, cuando tenía 20 años. Fue el comandante del Frente 3° entre 1995 y 1998, del Frente 32 entre 1998 y 2011 y del Frente 48 entre 2011 y 2012. Además, integró el Estado Mayor del Bloque Sur desde 2007 hasta 2016, y coordinó el control de economías ilícitas y planes de inteligencia militar en Putumayo, Caquetá y Huila, operando en especial en los municipios de Puerto Guzmán, Mocoa, Villa Garzón y Garzón.
4. Luis Enrique Montes Ávila, quien fue conocido como ‘Euclides Bermúdez’: Ingresó al Frente 3° en 1980, cuando tenía 24 años. Fue el comandante del Frente 13 entre 1991 y 1993, y el comandante principal del Frente 49 entre 1996 y 1999. Después, entre 2009 y 2013, fue miembro principal del Estado Mayor del Bloque Sur, a cargo de planes y balances regionales. Operó en Caquetá, Huila, Cauca y Putumayo, en especial en municipios como Curillo, Pitalito, San Agustín y Solano.
5. Ángel Alberto García, quien fue conocido como ‘Hernán Benítez’: Se unió a la guerrilla en 1970, cuando tenía 10 años. Fue comandante de los frentes 7°, 17 y 31. También fue reemplazante de los frentes 13 entre 1998 y 2000, y 48 entre 2003 y 2009. Desde 2009 hasta 2016 fue miembro principal del Estado Mayor del Bloque Sur, donde estuvo a cargo de la administración de bienes y educación. Operó en Tolima, Meta, Caquetá y Putumayo. También hizo parte de la Columna Móvil Teófilo Forero.
6. Ezequiel Hueguía Cruz, quien fue conocido como ‘Rolando Romero’: Ingresó al Frente 3° en 1979, cuando tenía 18 años. Fue el comandante principal del Frente 15 entre 1986 y 1995, y miembro principal del Estado Mayor del Bloque Sur entre 1993 y 1999, cuando lideró la cartera de inteligencia militar que planeó tomas como la de Las Delicias y Patascoy. Hueguía Cruz operó en Caquetá, en municipios como Cartagena del Chairá, Montañita, Paujil, El Doncello y Solano.
7. William Tovar Ríos, quien fue conocido como ‘Franklin Smith Caicedo’: Ingresó al Frente 15 en 1983, cuando tenía 24 años. Fue el reemplazante del Frente 32 entre 1994 y 2001. También fue comandante del Frente Timanco entre 2003 y 2009. Integró, además, el Estado Mayor del Bloque Sur entre 2007 y 2013, y fue reemplazante de la Columna Móvil Teófilo Forero entre 2013 y 2015. Operó en Putumayo, Huila y Caquetá, especialmente en Puerto Rico y San Vicente del Caguán.
¿Qué pasó con otros integrantes importantes de los bloques Oriental y Sur?
Por estos crímenes también fueron imputados por la Sala de Reconocimiento de Verdad y sancionados por la Sección de Reconocimiento del Tribunal de Paz los dos últimos comandantes del antiguo Bloque Oriental, quienes además hacían parte del último Secretariado: Jaime Alberto Parra, conocido como ‘Mauricio Jaramillo’ o ‘El Médico’, y Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’. Asimismo, fue imputado, juzgado y sancionado Milton de Jesús Toncel, conocido como ‘Joaquín Gómez’, quien comandó el Bloque Sur y también hizo parte del secretariado.
La sala también identificó a otras personas que hicieron parte de la dirección del Bloque Oriental que no pueden ser imputadas, pues la mayoría murieron, no son firmantes del Acuerdo Final de Paz o están en las disidencias. Sin embargo, la JEP documentó quiénes deberían ser máximos responsables de los secuestros si estuvieran sometidos a la JEP o si estuvieran vivos, y su participación en los crímenes. Entre los que murieron están Víctor Julio Suárez Rojas, quien fue conocido como ‘El Mono Jojoy’, o ’Jorge Briceño’, quien fue comandante histórico del Bloque Oriental.
También están Marcelino Trujillo, quien fue conocido como ‘Martín Villa’; José Epimenio Molina, quien fue conocido como ‘Danilo García’; Luis Alberto Jiménez, quien fue conocido como ‘Alberto Escuelas’ o ‘Alberto Martínez’; Jaime Jesús Bustos Aldana, quien fue conocido como ‘Fernando Robles’, ‘Fernando Marquetaliano’, o ‘Jaime Bustos’; Reinel Guzmán Flórez, quien fue conocido como ‘Rafael Gutiérrez’ o ‘Rafael Político’; Alfonso López Méndez, quien fue conocido como ‘Efrén Arboleda’; Henry Castellanos Garzón, quien fue conocido como ‘Romaña’; José Manuel Sierra Sabogal, quien fue conocido como ‘Aldinever Morantes’ o ‘el Zarco Aldinever’, y Miguel Botache Santillana, quien fue conocido como ‘Gentil Duarte’. Por su parte, Noé Suárez Rojas, conocido como ‘Grannobles’, no firmó el Acuerdo Final de Paz.
Lo mismo sucede con otras personas que de haber sido procesados por esta justicia habrían sido imputados como máximos responsables de los secuestros del Bloque Sur. Por ejemplo, Hernán Darío Velázquez, quien fue conocido como ‘Óscar Montero’ o ‘El Paisa’, comandó la Columna Móvil Teófilo Forero e hizo parte del Estado Mayor del Bloque Sur, pero no hace parte de esta lista de imputados porque fundó una guerrilla disidente, y por eso fue expulsado de la JEP el 13 de septiembre de 2019.
Entre quienes murieron del Bloque Sur están Josué Ceballos, Mocho Cesar, quien fue comandante del extinto Frente 15 entre 1996 y 2002; al igual que sucede con otros guerrilleros que comandaron frentes del Bloque Sur como Orlando Ruminque, quien fue conocido como ‘Arturo Medina’; Luis Eduardo Oyola Díaz, quien fue conocido como ‘Ricaurte Esponja’; Salomón Guaca Artunduaga, quien fue conocido como ‘Arturo Rojas’; el guerrillero conocido como ‘Pedro Martínez’; Hermes Capera Quesada, quien fue conocido como ‘Héctor Ramírez’ o ‘Cuñado’ , Raúl Gómez Urrea, quien fue conocido como ‘Wilmer Medina’, entre otros.
¿Qué casos ilustran los secuestros del Bloque Oriental?
El Bloque Oriental fue creado en 1987 por la antigua guerrilla de las Farc-EP. Desplegó una estrategia de control territorial y militar sobre una vasta región de Colombia para cercar la capital del país, Bogotá. Con ese objetivo, se convirtió en la estructura más grande de la guerrilla. En su momento de máxima expansión, en el año 2002, llegó a tener 7.100 hombres en armas, el doble que la segunda estructura más grande de la antigua guerrilla, el Bloque Noroccidental, que tuvo 3.145. El Oriental también contó con 33 frentes rurales, dos unidades urbanas y numerosas compañías y columnas móviles.
Entre los secuestros con fines económicos, la Sala de Reconocimiento de Verdad destacó, por su gravedad, el caso de la familia de Luis Gonzalo Ricaurte. Él fue golpeado y secuestrado en el año 2002, en la zona rural de Sogamoso, Boyacá, cuando se dirigía a su finca. Las extintas Farc-EP le exigían 300 millones de pesos, pero en medio de cautiverio su estado de salud se agravó y le permitieron salir libre, con la condición de que dejara con ellos a su hijo de tres años, Gonzalo Ricaurte, como garantía de que iba a pagar por la liberación. El menor fue secuestrado junto a su mamá, Leticia Inés Salamanca, y solo fueron liberados un año después, cuando la familia pudo conseguir 50 millones de pesos.
Aparte de los secuestros con fines económicos, la investigación de la JEP también encontró que el Bloque Oriental se financió controlando las rentas del narcotráfico, la minería ilegal, el tráfico ilegal de armas y las extorsiones.
En cuanto a los secuestros con fines de control social y territorial, la sala destacó, por su gravedad, el secuestro a cinco trabajadores de la cooperativa Coopsopecol, en el año 2005. Bajo la sospecha de que eran informantes del Ejército Nacional, cuatro de ellos fueron asesinados y desaparecidos por hombres del Bloque Oriental. El quinto, Gustavo Trujillo, fue obligado a conducir un carro bomba contra la estación de Policía de Mesetas, en un hecho al que logró sobrevivir con graves quemaduras.
Las víctimas con las que los bloques Oriental y Sur buscaron forzar al gobierno a un intercambio por guerrilleros presos padecieron condiciones de encierro notorias. Muchas de ellas hablaron ante la JEP sobre lo que fue sobrevivir a las cárceles de alambre de púas y al uso de cadenas de hasta 15 kilos atadas al cuello y a las manos. En su mayoría eran políticos o sus familiares y miembros de la fuerza pública.
Muchos de estos secuestros se dieron en las vías y carreteras del país. Por ejemplo, Consuelo González de Perdomo fue capturada por la Columna Móvil Teófilo Forero, del Bloque Sur, mientras iba por carretera desde Pitalito hacia Neiva para tomar un vuelo hacia Bogotá. Ante la JEP, ella mencionó que la ausencia de intimidad la impresionó “terriblemente”, pues cuando les dijo a sus secuestradores que debía ir al baño, le respondieron que sí podía, pero tenía que ir custodiada por cinco hombres. En ese momento sintió “la violación implacable”, y el atentado contra su dignidad humana.
Los casos de González y otros políticos fueron conocidos por el país a través de la prensa y de sus propios testimonios. Sin embargo, los crímenes adicionales que padecieron en medio del cautiverio no habían sido abordados judicialmente, como ahora lo hace la JEP.
Entre los integrantes de la fuerza pública con los que el Bloque Oriental buscó forzar un intercambio por guerrilleros presos estuvieron Luis Arturo Arcia y Luis Alfonso Beltrán, quienes permanecieron 14 años en cautiverio, entre 1998 y 2012. Relataron haber sido sometidos a lo que ellos llamaron "las marchas de la muerte", unas caminatas extenuantes, de más de 40 días. Además, durante su secuestro sufrieron malos tratos, desnutrición, enfermedades como paludismo y leishmaniasis, para las que no recibían tratamiento médico, y vivieron hacinados en calabozos o celdas de tablas en las que estaban hasta 30 personas a quienes no les permitían ni siquiera ir al baño.
Sobre lo que vivían ellos y los miembros de la fuerza pública, Clara Rojas relató ante la JEP: “Cada día caminábamos casi diez horas. Aquella marcha exigía un esfuerzo enorme, en especial para los militares y soldados que iban encadenados por el cuello, de dos en dos. Era un espectáculo lamentable verlos avanzar penosamente entre la maleza; parecía una escena de una película de esclavos. Por la noche les ponían otra cadena complementaria para atarlos a un árbol, así que prácticamente no podían moverse”.
¿Qué casos ilustran los secuestros del Bloque Sur?
El Bloque Sur fue creado en 1993 en la VIII Conferencia Nacional con el objetivo de dominar los departamentos de Caquetá y Putumayo, aislándolos del resto del país. Fue la cuarta estructura de las extintas Farc-EP que más secuestros cometió, después de los bloques Oriental, Noroccidental y Caribe. En su momento de máxima expansión, el Bloque Sur llegó a tener 2.500 combatientes y 638 milicianos. Contó con 10 frentes rurales y numerosas compañías y columnas móviles. Entre ellas, la Columna Móvil Teófilo Forero, conocida por su capacidad militar.
El Bloque Sur es responsable de casos para forzar al gobierno a un intercambio por guerrilleros presos que tuvieron un gran impacto en la opinión pública, que, como se dijo, pasaron luego al Bloque Oriental. Con esos secuestros demostraron su capacidad operativa. Por ejemplo, en 2002, para privar de la libertad al entonces senador Jorge Eduardo Géchem, la Columna Móvil Teófilo Forero secuestró un avión comercial de la aerolínea Aires, que iba de la ruta Neiva-Bogotá. Cuando el avión despegó, dos guerrilleros armados obligaron al piloto a aterrizar en la carretera que ellos controlaban, entre los municipios de Gigante y El Hobo, en el departamento del Huila.
El Bloque Sur también es responsable de los secuestros de integrantes de la fuerza pública como los sargentos del Ejército Pablo Emilio Moncayo y Libio José Martínez; y los integrantes de la Policía Elkin Hernández, Édgar Yesid Duarte, Álvaro Moreno y Luis Alberto Erazo. En 2010 Moncayo fue liberado; 4 más fueron asesinados por la guerrilla en 2011, durante un intento de rescate militar, pues la guerrilla tenía como directriz “no dejarse quitar a los secuestrados”, y el sargento Erazo logró fugarse en medio de dicho ataque. Todos ellos padecieron entre 12 y 13 años de cautiverio.
En cuanto a los secuestros con fines económicos, la sala destacó el de los hermanos Juan Sebastián y Jaime Felipe Lozada Polanco. Fueron privados de la libertad cuando todavía eran menores de edad, en 2001. Ese año, hombres de la Columna Móvil Teófilo Forero asaltaron el edificio de Miraflores, en Neiva, Huila, con el objetivo de secuestrar a Jaime Lozada Perdomo, quien era congresista en ese momento. Pero como no lo encontraron, entonces se llevaron a 16 personas del edificio, incluidos su esposa, Gloria Polanco de Lozada y sus dos hijos. La guerrilla pidió dinero a cambio de la libertad de los menores, quienes solo fueron liberados tres años después, cuando su padre pagó por el rescate.
Pero Gloria Polanco fue separada de sus hijos, tras un año de cautiverio, cuando fue elegida congresista en ausencia. La guerrilla determinó que podía ser del grupo de secuestrados con fines de canje y la entregó al Bloque Oriental, con quien estuvo privada de la libertad por un total de seis años y tres meses. Mientras ella seguía en cautiverio, en diciembre de 2005, su esposo, Lozada Perdomo, fue asesinado por la guerrilla de las Farc-EP y uno de sus hijos resultó herido en ese ataque. Estos hechos también serán investigados en el marco del Caso 10 de la JEP.
Sobre los secuestros con fines de control territorial, varias víctimas relataron que fueron privadas de la libertad para hacer trabajos para el Bloque Sur, como arreglos de carretera, cocinar para los guerrilleros o incluso hacer curaciones. Una de las víctimas, quien pidió la protección de su identidad, relató que el 10 de mayo de 2002 fue secuestrada en la vereda La India, La Montañita, Caquetá. La llevaron a un lugar conocido como Rancho Quemado. Durante 15 días, la obligaron a trabajar limpiando y arreglando caminos. En ese tiempo fue abusada sexualmente por el guerrillero al que identificó como ‘Morocho’ y por otros dos hombres que no pudo identificar.
¿Qué sigue?
Los comparecientes imputados de los bloques Oriental y Sur tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas. También pueden responder aportando argumentos o evidencia adicional. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar sus observaciones sobre esta decisión.
La Jurisdicción también ordena a los comparecientes imputados que aporten toda la información faltante que esté a su disposición tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda, con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición durante el cautiverio, en un plazo de 30 días. La investigación ha identificado a 185 personas, cuyos familiares han preguntado por ellas en el proceso, y de quienes no se conoce su paradero desde que fueron secuestradas por estos bloques.
Esta Jurisdicción espera que los comparecientes cumplan con sus obligaciones de aportar verdad y de reparar a las víctimas. Para eso, les ordena ampliar la información sobre hechos concretos que les fueron imputados. Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad en la que los imputados darán la cara a la justicia, a las víctimas y al país. Esta audiencia será preparada y desarrollada con las víctimas.
Después de esa diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. En ella se incluirá los nombres de aquellos que hayan aportado verdad, reconocido su responsabilidad y sean considerados candidatos para la imposición de sanciones propias o restaurativas. Esta sanción, que será consultada con las víctimas, tiene un enfoque reparador e incluye restricciones efectivas de libertad y otros derechos, sin incluir la cárcel. Además, debe garantizar la seguridad jurídica a los comparecientes y cumplir con los estándares internacionales.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, su caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En este escenario, el proceso podría terminar en un juicio más parecido al de la justicia ordinaria, y si se les encuentra responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
