COMUNICADO 196
La JEP llama a máximos responsables regionales a reconocer en público su responsabilidad por los secuestros del extinto Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP
- Fueron convocados a la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad que se realizará en Bucaramanga los días 10 y 11 de diciembre.
- La JEP espera que reconozcan frente a la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Santander y algunas zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.
- La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP resaltó cómo los secuestros cometidos por el antiguo Bloque Magdalena Medio contra candidatos y funcionarios afectaron de manera directa la democracia. Lo hicieron mediante estrategias como ‘La despedida a Samper’, con las que buscaban generar un “vacío de poder” y exhibir su control territorial.
- La JEP también destacó que el Bloque Magdalena Medio ejecutó secuestros de integrantes de la fuerza pública en busca del control territorial. En el contexto del cautiverio, las víctimas sufrieron malos tratos.
Bogotá, 1 de diciembre de 2025. Tres antiguos comandantes de estructuras y un comandante de una comisión financiera del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc-EP fueron llamados por la JEP a reconocer en público su responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos durante el cautiverio en Santander y en zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. La audiencia se realizará el 10 y 11 de diciembre en Bucaramanga.
Los imputados como máximos responsables regionales de los secuestros en esta región del país que fueron convocados a esta Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad son: Erasmo Traslaviña Benavides, quien fue conocido como ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, quien fue conocido como ‘Alberto Cancharina’; Jairo Reinaldo Cala Suárez, quien fue conocido como ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’; y Fabio Gil Forero, quien fue conocido como ‘Norbey Narváez’. De los cuatro, solo Gil Forero había sido procesado por la justicia ordinaria.
La JEP les imputó crímenes de guerra de toma de rehenes y crímenes cometidos contra las personas secuestradas como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violación y violencia sexual, y desplazamiento forzado. También se les atribuyen crímenes de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes contra las personas secuestradas como desaparición forzada, asesinato, tortura, otros actos inhumanos, violación y violencia sexual y desplazamiento forzado. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
Para imputarlos por estos crímenes, la Sala de Reconocimiento de Verdad realizó una minuciosa contrastación judicial. Este proceso incluyó el análisis de informes de la Fiscalía General de la Nación, de las víctimas y de organizaciones de la sociedad civil. Además, recibió las versiones de 46 comparecientes del Bloque Magdalena Medio y evaluó las observaciones de 29 víctimas a lo dicho por ellos ante la JEP.
La Sala también determinó que el Bloque Magdalena Medio actuó conforme a las políticas ordenadas por el último Secretariado de las Farc-EP y ejecutó los secuestros siguiendo dos patrones criminales: financiar su organización armada y ejercer control social y territorial. Los cuatro comparecientes ya aceptaron su responsabilidad por escrito por estos hechos.
En el Caso 01 de la JEP hay 4.351 víctimas acreditadas, de las cuales 189 señalan al Bloque Magdalena Medio como presunto responsable de su secuestro y de otros delitos cometidos en cautiverio. Entre ellas se cuentan 84 víctimas directas, 96 familiares y allegados, y ocho familiares de personas que permanecen desaparecidas de manera forzada.
A su vez, la Sala ha documentado 84 casos representativos que ilustran los secuestros múltiples e individuales de este bloque. De estos, 60 respondieron a estrategias de control territorial en los municipios del Magdalena Medio. Este número de este tipo de secuestros se debe a que las extintas Farc-EP intensificaron las privaciones de la libertad en medio de la confrontación con los grupos paramilitares, por sospecha de que civiles pudieran colaborar con ellos o con la fuerza pública.
Dentro de los hechos atribuidos al antiguo Bloque Magdalena Medio, la magistratura destacó los secuestros de candidatos y funcionarios ejecutados con el propósito de generar un “vacío de poder”, en el marco de la estrategia denominada “Despedida a Samper”, ordenada por el Estado Mayor Central de la extinta guerrilla, en 1997. Con esa directriz, las Farc-EP buscaban enviarle al gobierno del entonces presidente Ernesto Samper Pizano el mensaje de que no tenía control total del territorio nacional.
En desarrollo de esa estrategia, por ejemplo, el 10 de mayo de 1998 el Frente 24 secuestró a nueve concejales del municipio de San Pablo, Bolívar.
La Sala también destacó los malos tratos a los que fueron sometidos los integrantes de la fuerza pública secuestrados por el antiguo Bloque Magdalena Medio en busca del control territorial. Estos hechos los sufrieron, por ejemplo, los policías secuestrados en la toma de la estación de Policía de Cucutilla, en Norte de Santander, en la región de Catatumbo, en 1999. Víctor Julio Sierra, uno de los uniformados privados de la libertad, continúa desaparecido.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento de Verdad documentó que muchas de las víctimas que fueron privadas de la libertad con fines económicos, no tenían dinero suficiente para pagar por su libertad. Este hecho agravó el dolor de las familias.
La investigación de la JEP también detalló cómo el secuestro fue un crimen que dejó secuelas en las víctimas y sus familias, incluso cuando pudieron recuperar la libertad, y cómo el daño de las privaciones de la libertad se extendió a las comunidades y los territorios.
¿Por qué se convoca esta audiencia?
En junio de 2022 se realizó la primera Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Caso 01, en el que se investigan los secuestros de las extintas Farc-EP. En esta, siete exintegrantes del último secretariado aceptaron ser los máximos responsables de las políticas de secuestro en todo el país y de no haber controlado a sus subalternos para evitar que las víctimas sufrieran otros crímenes durante el cautiverio.
Desde ese año, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP comenzó a investigar a las siete estructuras que operaban por debajo del Secretariado de las extintas Farc-EP, entre esas el antiguo Bloque Magdalena Medio. Solo de este modo sería posible responder a las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas, entender cómo operaba la antigua guerrilla a nivel regional, el daño diferenciado que causó, y contribuir a la construcción de la verdad judicial y la memoria histórica.
Para esta audiencia, las víctimas y los comparecientes imputados del Bloque Magdalena Medio han participado en encuentros dialógicos previos. En estos espacios, realizados con acompañamiento psicológico, los comparecientes han escuchado de viva voz a las víctimas para comprender mejor sus demandas de verdad y reconocimiento, para así responder a ellas.
Estos encuentros también brindan herramientas para que comparecientes y víctimas puedan expresar y profundizar, en un tiempo distinto al del conflicto, lo que vivieron. Además, permite que las víctimas definan si desean participar de manera pública o reservada en la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad.
¿Qué sigue en el proceso?
Tras esta diligencia, si los comparecientes del Bloque Magdalena Medio reconocen responsabilidad y aportan verdad completa, detallada y exhaustiva, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones. Con esta decisión, el proceso pasará a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, que es la encargada de imponer las Sanciones Propias. Si no lo hacen, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que deberá decidir si inicia un juicio adversarial, más parecido al de la justicia ordinaria, que podría conllevar a cárcel.
¿En qué va el Caso 01 de secuestros?
En el Caso 01, la JEP ha imputado por secuestros a 41 integrantes de las extintas Farc-EP como máximos responsables. Los primeros fueron los siete exmiembros del último secretariado, quienes ya fueron sancionados por la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz por estos hechos.
A nivel regional, fueron imputados diez exintegrantes del Comando Conjunto Central, que operó en Tolima, Quindío y el norte del Huila. También fueron imputados ocho excomandantes del Bloque Occidental, que operó en Cauca, Valle del Cauca y Nariño; y siete del Bloque Noroccidental, que operó en Antioquia, el norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Todos ellos ya reconocieron en público su responsabilidad por estos crímenes, y la Sala de Reconocimiento de Verdad evalúa la remisión de sus casos al Tribunal para la Paz.
Además de los cuatro exintegrantes del Bloque Magdalena Medio, en el Caso 01 se ha imputado a cinco exintegrantes del Bloque Caribe por secuestros cometidos en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla. La Sala de Reconocimiento de Verdad está a la espera de que definan si aceptan o no su responsabilidad por estos hechos, para determinar los pasos siguientes en el proceso.
