​COMUNICADO 163

Las sentencias restaurativas de la JEP fueron reconocidas como un hito judicial en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

  • Las primeras sentencias restaurativas de la JEP fueron destacadas en la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU, ante el Consejo de Seguridad en Nueva York.
  • “El proceso de justicia transicional está dando lugar a condenas sin precedentes”, dijo Miroslav Jenča, representante especial y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
  • El Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo que las sanciones son el resultado de exhaustivas investigaciones de la JEP, “que examinó miles de pruebas y las contrastó con los testimonios de las víctimas acreditadas y las contribuciones de los responsables”.
  • El embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro, dijo que confía en que la materialización de estas sentencias "sirva de inspiración al mundo”.
  • El embajador Alfaro, además, recordó las palabras del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, sobre las sentencias: “No les devolverá a las víctimas todo lo que perdieron (...) Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo. Pero podría aliviar su dolor y el de sus familias".
  • En el encuentro se exhortó al Gobierno de Colombia a asegurar las condiciones necesarias para el cumplimiento de las sentencias.
  • Varios de los países miembros del Consejo de Seguridad expresaron su respaldo a la imposición de sanciones propias a los máximos responsables que han aportado verdad y reconocido su responsabilidad.
Bogotá, 4 de octubre de 2025. Las primeras sentencias de la JEP contra siete exjefes del último Secretariado de las Farc-EP y contra 12 integrantes de la fuerza pública fueron reconocidas como un hito judicial, en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo este viernes en Nueva York.

“El conflicto causó un sufrimiento inconmensurable a las víctimas y sus familias. El proceso de justicia transicional está dando lugar a condenas sin precedentes y a la aceptación de la responsabilidad por parte de quienes cometieron delitos graves”, dijo Miroslav Jenča, representante especial y jefe de la Misión de Verificación en Colombia. Agregó que esta justicia “involucra a las víctimas en el proceso y les ofrece reparación mediante medidas restaurativas que deben llevar a cabo los responsables”.

Durante la presentación del informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas, se destacó que las acciones restaurativas que deberán cumplir tanto los comparecientes de las Farc-EP como los de la fuerza pública incluyen la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto, la acción integral contra minas y la construcción de monumentos conmemorativos e infraestructura comunitaria.

También se destacó que las sanciones cuentan restricciones efectivas de derechos y libertad, como la movilidad, pues los comparecientes tendrán que vivir en los lugares determinados y vigilados, realizando las actividades que les impone la JEP.

Asimismo, el jefe de la Misión reafirmó que, en cumplimiento del mandato del Consejo de Seguridad, la Misión de Verificación de la ONU está preparada para verificar de manera independiente y rigurosa la ejecución de las sanciones propias en Colombia.

Ante los países miembros del Consejo de Seguridad en Nueva York, Miroslav Jenča también subrayó la necesidad de que el Gobierno colombiano establezca de manera inmediata las condiciones necesarias para convertir las sentencias en acciones restaurativas concretas en favor de las víctimas, tal como lo ha dispuesto la JEP.

Por su parte, el Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó que las sanciones de exhaustivas investigaciones de la JEP “que examinó miles de pruebas y contrastó con los testimonios de las víctimas acreditadas y las contribuciones de los responsables”.

Durante la sesión ante el Consejo de Seguridad, varios países miembros como Francia, Corea del Sur, Grecia y Panamá describieron las sentencias como “históricas” y reafirmaron su respaldo a la emisión de las sentencias restaurativas de la JEP. Una contra el último Secretariado de las Farc-EP, sancionado por más de 21 mil secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio. Y otra contra 12 exintegrantes del Batallón ‘La Popa’ por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas en informes falsos como guerrilleros dados de baja en combate en la Costa Caribe.

En ese sentido, el embajador de Panamá ante la ONU, Eloy Alfaro, dijo que confía en que la materialización de estas sentencias "sirva de inspiración al mundo”. También recogió las palabras del presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, durante la presentación de las sentencias hace unas semanas: “Estas sentencias no les devolverá a las víctimas todo lo que perdieron y no podrá cambiar un pasado doloroso ni recuperar el tiempo perdido. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo. Pero podría aliviar su dolor y el de sus familias".

Avances destaca​​dos de la JEP

Este informe del Secretario General de la ONU, que abarca el período comprendido entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025, resalta otros avances importantes de la JEP. Uno de ellos es la audiencia que se realizó en el marco del Caso 01, en la cual 7 exmandos medios del Bloque Noroccidental de las antiguas Farc-EP reconocieron públicamente su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio en los departamentos de Antioquia, norte de Chocó, sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Estos hechos fueron calificados por la Sala de Reconocimiento de Verdad como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

También, destacaron la acreditación de más de 500 víctimas en el Caso 11, sobre violencias basadas en género, sexuales y reproductivas.

Además, el informe subraya que, a la fecha, de los 15 mil comparecientes sometidos ante la JEP, 242 han sido identificados como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Se trata de hechos que comprueban que esta Jurisdicción viene cumpliendo con su mandato de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado, conforme a lo pactado en el Acuerdo Final de Paz y la Constitución.