Comunicado Audiencia Reconocimiento Casanare
Las víctimas de 'falsos positivos' en Casanare recobraron su buen nombre a través de los reconocimientos de 24 comparecientes ante la JEP
- Durante los tres días de audiencia en Yopal (Casanare) 21 militares retirados, un exfuncionario del DAS y dos civiles reconocieron su responsabilidad en los falsos positivos cometidos en esa región del país.
- 18 familiares de víctimas intervinieron en la audiencia pública para expresar los daños que estos graves crímenes causaron en sus vidas.
- 116 familiares de víctimas asistieron a los tres días de audiencia y usaron jarrones de barro como símbolo del proceso de restauración.
- En esta audiencia pública la presencia de muchos jóvenes, que eran tan solo niñas y niños cuando perdieron a sus padres, evidenció el daño generacional que causaron estos crímenes en la población casanareña.
- A través del señalamiento y la estigmatización, los campesinos y trabajadores humildes fueron un objetivo generalizado de la organización criminal que se gestó en esta región del país.
- La valoración de estos reconocimientos le permitirá a la JEP expedir una resolución de conclusiones que propondrá el tipo de sanción contra estos comparecientes y las propuestas de proyectos restaurativos en los próximos meses.
Yopal, 21 de septiembre de 2023. 21 militares retirados y dos civiles asistieron a la audiencia de reconocimiento citada en Yopal por la JEP para restituir el buen nombre de 303 víctimas y contar la verdad de los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en Casanare. Entre ellos estaba el general (r) Henry William Torres Escalante, el primer oficial de ese rango en reconocer su participación en los crímenes imputados como autor.
Esta audiencia concentró el mayor número de comparecientes ante la JEP con la intención de reconocer su participación en lo que antiguamente se conoció como 'falsos positivos'. Se trata de miembros retirados de la Brigada XVI del Ejército, incluido un funcionario del extinto DAS en Casanare y de dos civiles que se prestaron para seleccionar, engañar y entregar a las víctimas para que fueran asesinadas por los miembros de la fuerza pública.
La audiencia pública de reconocimiento se llevó a cabo los pasados 18, 19 y 20 de septiembre en Yopal, Casanare, y estuvo presidida por el magistrado Óscar Parra Vera y la magistrada Catalina Díaz, integrantes de la Sala de Reconocimiento de la JEP y correlatores del Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
A lo largo de los tres días de audiencia pública, 18 víctimas encararon a los responsables para hacer nuevas demandas de verdad, formular preguntas concretas sobre el destino de sus familiares y exigir detalles sobre las razones que llevaron a que sus seres queridos fueran estigmatizados, seleccionados y asesinados en estado de indefensión para engrosar las cifras de resultados de la Brigada XVI y alimentar la competencia entre sus batallones y grupos especiales.
Allí, 116 víctimas impusieron su presencia, sus voces y la identidad del pueblo casanareño. Ingresaron a la audiencia con 11 jarrones que usaron como elementos simbólicos en memoria de sus seres queridos, pero también como símbolo del largo proceso de restauración que han tenido que enfrentar los familiares de las víctimas.
“Inicialmente estos jarrones estaban rotos y con las manos de cada uno de los familiares nos tocó reconstruirlos, como nuestras vidas rotas. Hemos unido fuerzas y entrelazado manos para reconstruirnos", dijo durante el acto simbólico que abrió la audiencia Derly Patiño, cuyo esposo, Hugo Édgar Araque, fue asesinado en octubre de 2005 por integrantes del Batallón de Artillería No. 44 'Ramón Nonato Pérez' (Birno 44).
Entre los símbolos llevados por las víctimas había cartas redactadas por las niñas y niños de estas familias impactadas por la violencia y la estigmatización que la fuerza pública ejerció sobre ellos. También llevaron títeres de tela que confeccionaron como muestra de la inocencia de su niñez.
Los relatos de ausencia en jóvenes hijas e hijos que perdieron a sus padres a manos de miembros del Ejército fueron constantes durante esta audiencia.
Yohana Torres, la primera víctima en intervenir fue una muestra de ello. Ella es hija y hermana de Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres (de 16 años), asesinados en marzo de 2007, cuando ella tenía tan solo 13 años. Yohana habló en representación de “aquellos niños a los cuales ustedes nos quitaron la niñez", dijo, dirigiéndose a los 24 comparecientes que escuchaban con seriedad desde el otro costado de la tarima.
Torres recordó cuando recibió una llamada con la fatídica noticia de los asesinatos de su padre. “Tristemente, fui yo quien recibí la llamada", dijo buscando controlar el llanto. Este duro recuerdo quebró la entereza que había mostrado durante toda su intervención.
Este relato tuvo consonancia con los de otros jóvenes que intervinieron como Lucy Yadira Barrios, hija de Fermín Ochoa Barrios, quien habló de lo difícil que ha sido vivir sin la compañía de su padre, y de quien fue en vida: “Le gustaba mucho el llano. A él le encantaba el trabajo, era apasionado por los caballos. Incluso, admiraba al Ejército y desgraciadamente ellos le quitaron la vida (...). Amaba a sus hijos (...), ese era mi padre, una persona alegre", dijo conmovida.
Esteban Araque, hijo de Hugo Edgar Araque, hizo el mismo reclamo el tercer día de audiencia: “Hoy tengo 22 años y una de mis pasiones son los caballos y el trabajo en el campo. ¿Ustedes se imaginan cuán importante hubiera sido que esa persona, mi papá, me hubiera enseñado a trabajar la tierra, a domar un potro, a arreglar una moto?", dijo.
Cada testimonio fue ilustrando la magnitud del daño hecho contra estos jóvenes casanareños, jóvenes talentosos y valientes que ahora solo anhelan haber podido compartir un poco más de sus vidas con sus padres asesinados. Como el relato de Wilmer Andrey Pérez, hijo de Beyer Ignacio Pérez Ramírez, asesinado en abril de 2007, en Hato Corozal, Casanare, quien recuerda haber crecido viendo unos zapatos que su padre que nunca volvió a calzar.
O el testimonio de Mauren Tumay, hija de Arnulfo Tumay Pan, asesinado por integrantes del Gaula Casanare en diciembre de 2006, quien habló del enorme daño que le causó el asesinato de su padre el día en que ella cumplió 6 años.
Y el caso de Dania Achagua, hija de Leonardo Achagua Forero, asesinado en diciembre de 2007, quien resumió su dolor en una sola frase: “Me parte el alma ni siquiera recordar, ni siquiera saber cómo era el tono de su voz".
Los reconocimientos
La audiencia estuvo dividida según el batallón y las unidades especiales con mayor número de crímenes representativos para explicar e ilustrar el patrón macrocriminal identificado por la Sala de Reconocimiento de la JEP. Así, el primer día intervinieron exintegrantes de las unidades especiales de los grupos Delta y del Gaula Casanare. El segundo y tercer día correspondió a los miembros del Batallón de Artillería No. 44 'Ramón Nonato Pérez' (Birno 44). Y al reconocimiento del comandante de la Brigada XVI, que cobijaba todos estos batallones y unidades en Casanare, el general (r) Henry William Torres Escalante.
Torres Escalante es el primer oficial de ese rango en reconocer los crímenes de guerra y de lesa humanidad que la JEP le imputó en calidad de autor mediato. El general dijo que su responsabilidad se sustentaba en las presiones que ejercía sobre los comandantes bajo su mando para que presentaran resultados, “dando prelación a las muertes en combate, lo que indiscutiblemente me llevó a ser reiterativo e incisivo", reconoció.
Torres Escalante dijo que fue “irresponsable" al hacer comparaciones entre las unidades y que hizo “comentarios imprudentes" a los comandantes. Dijo que las presiones también venían del entonces comandante del Ejército, el general (r) Mario Montoya, a quien recientemente, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad junto a otros ocho militares por 130 'falsos positivos' cometidos en Antioquia.
Torres reconoció que la “constante medición sobre los resultados produjo en la institución un daño irreparable ya que las muertes se convirtieron en números, en porcentajes". Y asumió la responsabilidad en el asesinato de Daniel Torres Arciniegas y Roque Julio Torres.
Reconoció que felicitó a las tropas bajo su mando por estos falsos resultados, sin embargo, ante las preguntas de la magistrada Catalina Díaz dijo que no tuvo conocimiento de casos puntuales. Sustentó su responsabilidad en haber dejado que siguieran sucediendo las irregularidades que se estaban presentando. También reconoció que la supuesta guerra jurídica de organizaciones de derechos humanos “fue un fantasma direccionado desde el comando del Ejército".
En cuanto a otros reconocimientos, el sargento retirado Faiber Alberto Amaya Ruiz, comandante del grupo Delta 4, manifestó que reconocía su responsabilidad en los crímenes imputados por la JEP “con vergüenza, dolor y tristeza".
Amaya relató los hechos que llevaron al señalamiento y asesinato en estado de indefensión del menor de edad Jair Tarache Cruz, en abril de 2006. Reconoció ante los familiares de la víctima que Jair era “una persona sencilla, humilde. Su único pecado fue ser estigmatizado por nosotros, miembros de la fuerza pública", dijo. Y del mismo modo contó su participación en la planeación del asesinato de otros jóvenes, como Jonathan Mauricio Parrado Leyton y Urías González Delgado.
El teniente retirado Edwin Leonardo Toro Ramírez, quien fue comandante del grupo Delta 5 y miembro del Gaula Casanare, habló de cómo hizo parte de aquellos uniformados que empezaron su carrera militar en Antioquia y que fue allí donde conocieron por primera vez la práctica de asesinar civiles para hacerlos pasar como supuestas bajas en combate. Toro reconoció que llevó esa experiencia para replicarla cuando fue trasladado a Casanare.
Los otros dos militares de grupos especiales Delta en hacer su reconocimiento fueron los tenientes retirados Marco Fabián García Céspedes y Zamir Humberto Casallas, quien dijo que llegó “a liderar a estos hombres con la convicción de que venía a un departamento a hacer bien", pero ahora reconoce que utilizó su mando “para que subalternos asesinaran vilmente". García Céspedes, por su parte, reconoció que ofendió profundamente a estas familias y que se hizo el “ciego y el sordo ante el dolor de muchas personas".
Orlando Rivas Tovar, entonces director de la seccional del DAS Casanare, fue el primer agente del Departamento Administrativo de Seguridad en reconocer crímenes de guerra y de lesa humanidad ante la JEP. En su reconocimiento reveló las dinámicas al interior de esta entidad en colusión con las unidades de la Brigada XVI, que permitieron que se desarrollara de forma sistemática la elaboración de informes de inteligencia viciados que resultaban de la orquestación de operaciones falsas para asesinar a personas inocentes y presentarlas como delincuentes dados de baja en combate.
Esa confabulación entre el DAS y la brigada tiene su explicación, según Rivas, en la política de seguridad de ese entonces: “Con la implementación de la política de seguridad democrática del alto gobierno (...) la intención no era otra que poner las funciones de policía judicial que el DAS ejercía de forma permanente al servicio de las fuerzas militares", afirmó.
Según Rivas Tovar, la estigmatización fue el origen y el motor de esta maquinaria criminal en Casanare. Rivas describió cómo montaban de forma ilegal retenes de control de antecedentes para hacer perfilamientos que les permitieran seleccionar a posibles víctimas que luego eran señaladas de colaborar con la guerrilla. En “el DAS, con integrantes de la Brigada XVI, hicimos un empadronamiento o un censo poblacional rural de esos municipios. Eso es lo que se llama estigmatización (porque) ese campesino quedaba ya registrado con esa anotación judicial", subrayó.
Rivas dijo que esa estrategia de estigmatización de civiles operó en numerosos municipios de Casanare, Boyacá y Arauca. Y reconoció que “el único pecado que pudieron tener (las víctimas de esas regiones) era vivir en zonas donde actores del conflicto hicieron presencia".
Por parte del Gaula Militar Casanare hicieron su reconocimiento seis comparecientes que pertenecieron a esa unidad que, en principio debía estar concentrada en prevenir y combatir las extorsiones y los secuestros en esta región ganadera y petrolera del país; sin embargo, sus prioridades se vieron desviadas y se convirtió en la unidad que solía liderar el número de muertes en combate, bajo los mandos del coronel (r) Wilson Camargo Tamayo y del mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte.
En su reconocimiento, el coronel (r) Wilson Camargo Tamayo explicó cómo el aparato criminal que se desarrolló bajo su comandancia en el Gaula Casanare inició con encubrimientos de estos crímenes que él mismo hizo. Camargo reconoció que su interacción con las víctimas le permitió ver el pasado con otros ojos: “He evidenciado que la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe fue una política totalmente funesta".
El mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, comandante del Gaula Casanare entre 2006 y 2007, reconoció que se involucró en estas prácticas criminales bajo las presiones del general (r) Torres Escalante y del general (r) Mario Montoya, quien les decía frases como: “Coloque el batallón en línea, dispare y vaya recoja".
Soto Bracamonte habló del compromiso que tiene de limpiar los nombres de las víctimas y de sus familias. Presentó un listado de 84 víctimas, incluyendo los casos de 12 personas que permanecen sin identificar, aclarando en cada una que “no era combatiente ni delincuente, no pertenecía a ninguna organización criminal".
Entre los otros exintegrantes del Gaula que hicieron su reconocimiento estuvo el jefe de inteligencia del Gaula, el capitán (r) Jaime Alberto Rivera Mahecha, quien puso a disposición de la magistratura una condecoración que recibió de la Dirección Nacional de los Gaula “como premio a esas mentiras, como premio a ser parte de ese entramado".
También hicieron su reconocimiento público de responsabilidad el cabo primero (r) Gélver Pérez, el teniente (r) Jhon Alexander Suancha y el soldado profesional Alexander González Almario. Así mismo lo hicieron los civiles Wilson Rodríguez Mimisica y Miguel Fernando Ramírez, quienes engañaban a las víctimas para entregarlas a integrantes del Gaula para ser asesinadas.
Las víctimas de estas unidades, tanto de los grupos Delta como del Gaula, intervinieron pidiendo más compromiso con la verdad. Alcira Achagua, por ejemplo, sufrió el ensañamiento contra su familia pues siete de sus seres queridos fueron asesinados y presentados como bajas en combate. El magistrado Óscar Parra destacó el valor de la voz de esta mujer y dijo que el “asesinato de múltiples miembros de su familia es una tragedia que conmueve al país y que nos invita a una reflexión sobre la magnitud de este tipo de crímenes en Casanare".
Astrid Tumay, religiosa y educadora consagrada, es la tía de Elder Aponte Tumay, asesinado en julio de 2006 y cuyo cuerpo permanece desaparecido. “Pónganse la mano en el corazón y no se escuden en Dios. Digan la verdad", les pidió Astrid Tumay, señalando a los comparecientes con su mano extendida.
Jacobo Rivera, sobreviviente de un atentado en su contra en el cual recibió un disparo de fusil en la espalda, cuya bala aún conserva alojada en su cuerpo, según contó, “a milímetros" de su columna. Rivera explicó cómo fue estigmatizado por su participación en los diálogos de paz de San Vicente del Caguán. En su intervención, el cabo primero (r) Gélver Pérez reconoció que hombres bajo su mando fueron quienes dispararon contra el señor Rivera. “El disparo que usted tiene es de un hombre bajo mi mando: Germán Gutiérrez Mariño", recordó.
En la etapa final de la audiencia estuvieron los comparecientes que integraron el Birno 44. El sargento segundo (r) Wilson Salvador Burgos reconoció su participación en la planeación y ejecución del asesinato de Andrés Fabián Garzón Lozano y de Kemel Mauricio Arteaga Cuartas. En ese crimen, el cabo segundo (r) Leandro Eliécer Moná Cano fue quien disparó contra Arteaga. Moná reconoció que antes de ser asesinado Kemel extendió sus brazos y le dijo “no me dispare por la espalda, máteme de frente".
En su intervención, Margarita Arteaga, hermana de Kemel, expresó su profunda indignación por el trato cruel que ejercieron los responsables contra sus víctimas y llamó la atención de la magistratura por los actos de tortura que se evidenció en los cuerpos de muchas de ellas.
Sobre las circunstancias de la muerte de su hermano y el coraje que demostró ante quien lo iba a matar, Margarita dijo: “Ese era mi hermano, era un espíritu libre".
La señora Rosa Monroy, con la mano de su esposo Octavio en su espalda dándole valor, intervino para interpelar a Moná Cano. Ambos son padres de la víctima Diego Armando Heredia Monroy. “Yo quiero que el país entero se dé cuenta de todo el mal que hizo el Ejército, que nos tildaron de guerrilleros para ganar medallas", dijo.
El coronel (r) Marcolino Puerto Jiménez reconoció que las víctimas eran seleccionadas “por su vulnerabilidad" y que se les estigmatizaba y señalaba. También reconoció que los efectivos del Birno trasladaron habitantes de calle desde Villavicencio (Meta) para asesinarlos en Casanare. Puerto Jiménez reconoció que sus presiones por resultados llevaron a que se asesinara a José Rubiel Llanos, una víctima LGBTI, quien, según los testimonios de una menor de edad que lo engañó para entregarlo a los militares, fue ultrajado verbalmente por su identidad sexual antes de ser asesinado.
Otros hechos relevantes en la audiencia
A lo largo de las tres jornadas de audiencia hubo otros hechos, revelaciones y peticiones que emergieron y sobre los que la magistratura deberá pronunciarse luego de contrastar y evaluar la información disponible. Por ejemplo, ante los reiterados señalamientos de los comparecientes de las irregularidades del juez penal militar Guerra Chinchía, el magistrado Parra anunció que la JEP compulsó copias a la Fiscalía para que investigue estos hechos.
Entre las múltiples solicitudes de las víctimas para obtener mayor información que les permita conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus familiares que permanecen desaparecidos, están que la JEP ordene de manera urgente medidas cautelares sobre los cementerios de varios municipios de Casanare para avanzar en la recuperación de víctimas de desaparición forzada.
En su declaración el teniente (r) Marco Fabián García Céspedes reconoció que cuando declaraba ante la justicia ordinaria recibió 45 millones de pesos del general (r) Henry William Torres Escalante para que el teniente García dejara de mentir en una declaración en su contra.
Sobre este hecho la magistrada Catalina Díaz precisó que “la tarea central de la Sala de Reconocimiento es contrastar lo dicho por los comparecientes desde la etapa de las versiones y a lo largo de todo el proceso. Es decir, con las observaciones de las víctimas y toda la evidencia del expediente".
Esta Audiencia Pública de Reconocimiento contó con el importante apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional a través de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Lo que viene tras la Audiencia de Reconocimiento
Ahora, la Sala de Reconocimiento deberá evaluar la calidad de los reconocimientos de los comparecientes y tener en cuenta las peticiones de las víctimas, sus representantes legales y el Ministerio Público. Así mismo, la magistratura recibirá algunas precisiones por escrito que, por cuestiones de tiempo, no fue posible tramitar durante la diligencia pública.
Esa evaluación permitirá emitir la resolución de conclusiones que propondrá el tipo de sanción y las propuestas de reparación que luego tendrán que pasar a estudio de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal Especial para la Paz en la etapa de juicio y sanción de estos graves crímenes.
El coronel (r) Germán Alberto León Durán, quien también fue imputado por estos hechos, no reconoció su responsabilidad, por lo tanto, su caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, para continuar su juzgamiento a través del proceso adversarial.
Los demás comparecientes integrantes del Birno 44 en hacer su reconocimiento y pedir perdón a las víctimas fueron el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo, quien fuera el comandante del batallón en la época de los hechos; los capitanes (r) César Augusto Cómbita Eslava y Miguel Andrés Sierra García; los sargentos primero (r) Wilfrido Domínguez Márquez y Gildardo Antonio Jiménez Castrillón; y los mayores (r) Erwin Eduardo Duarte Rojas y Jorge Eduwin Gordillo Benítez.
