Comunicado 009
Más del 91 % de los máximos responsables imputados por la JEP ha reconocido su participación en crímenes de guerra y de lesa humanidad
- Durante la rendición de cuentas 2025: ‘La JEP dialoga con el país’, realizada este viernes en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la Jurisdicción presentó las cifras y los hechos centrales de su balance de gestión del último año.
- A la fecha, la JEP ha emitido 333 imputaciones contra máximos responsables en 21 decisiones judiciales, emitidas dentro de ocho macrocasos que investigan los crímenes más graves del conflicto armado.
- Durante 2025, la JEP emitió las primeras sentencias restaurativas contra 20 imputados que reconocieron responsabilidad. Una de ellas contra el último Secretariado de las Farc-EP por la política de secuestro y otra contra 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’ por asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en la Costa Caribe.
- Asimismo, en un proceso adversarial, la JEP emitió sentencia contra un compareciente que optó por no reconocer responsabilidad y que fue vencido en juicio; resultó condenado a 20 años de privación efectiva de la libertad.
- En paralelo, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha resuelto la situación jurídica de 609 comparecientes.
- Estas decisiones se han traducido en medidas con efectos concretos para las víctimas. A través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), 20.160 víctimas han sido representadas judicialmente, y 13.382 han recibido acompañamiento psicosocial. Además, en el marco de medidas cautelares, 238 cuerpos han sido identificados y 147 ya fueron entregados a sus familias.
Bogotá, 6 de febrero de 2026. En el último año, la JEP consolidó avances decisivos en el cumplimiento de su mandato y demostró que es posible hacer justicia frente a los crímenes más graves del conflicto armado sin reproducir los ciclos históricos de impunidad. Este proceso se refleja en el avance de 11 macrocasos que investigan graves crímenes y que, a la fecha, han derivado en 333 imputaciones contra máximos responsables de las Farc-EP, la fuerza pública y algunos terceros civiles.
La verdad, en la JEP, no ha quedado sin consecuencias. A la fecha, 172 comparecientes identificados como máximos responsables por la Sala de Reconocimiento de Verdad ya han reconocido responsabilidad en audiencias públicas y les han dado la cara a la justicia, las víctimas y el país. En conjunto, la amplia mayoría de los comparecientes imputados —el 91,46 %— ha optado por aportar verdad, reconocer responsabilidades y, con acciones concretas, contribuir a la restauración del daño causado a las víctimas, las comunidades y los territorios.
Estos y otros resultados fueron presentados durante la ‘Rendición de Cuentas 2025: La JEP dialoga con el país,’ un ejercicio de transparencia y conversación con la ciudadanía que permitió exponer los avances judiciales alcanzados, explicar el sentido y el alcance de la Justicia Transicional Restaurativa y poner sobre la mesa los desafíos que aún persisten en el camino hacia la restauración del daño y su contribución a la transformación del país. El espacio se llevó a cabo en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y contó con cuatro paneles en los que, de la mano de la magistratura, se profundizó en algunos de los ejes más relevantes del trabajo de la Jurisdicción.
En 2025, por ejemplo, la Sección de Reconocimiento de Verdad emitió sus primeras sentencias restaurativas contra 20 máximos responsables que reconocieron responsabilidad. En una de ellas, se impusieron ocho años de Sanción Propia al último Secretariado de las Farc-EP por la política de secuestro desplegada a lo largo y ancho del país; en la otra, a 12 antiguos integrantes del Batallón ‘La Popa’, por asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate en la Costa Caribe. Por otro lado, en un proceso adversarial, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad condenó a 20 años de privación efectiva de la libertad a un compareciente que no reconoció responsabilidad y que fue vencido en juicio.
“Nunca antes las víctimas en Colombia y los responsables de la comisión de crímenes internacionales habían contado con tantos espacios seguros y dignos en los que ellas escucharan verdades dolorosas, pudieran expresar abiertamente sus frustraciones, dieran cuenta de su fortaleza y dignidad y exigieran con firmeza sus derechos, y, a la vez, aquellos comprendieran y reconocieran los alcances de sus actos, haciendo votos de enmienda y restauración”, dijo el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli. “Se trata de una justicia terapéutica, sanadora, transformadora, para unos y otros. Una justicia con rostro humano, con enfoques étnicos, territoriales y de género; fundada en el reconocimiento de las diferencias. En últimas, una justicia más justa”, concluyó el magistrado.
Ese carácter humano y restaurativo se refleja en cifras concretas. A la fecha, 14.260 víctimas han sido acreditadas ante la JEP y 20.160 cuentan con representación judicial a través del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD). Además, 13.382 víctimas han recibido acompañamiento psicosocial y 13.545 han accedido a asesoría jurídica, en procesos diseñados para garantizar condiciones de participación dignas, seguras y con enfoque diferencial. A ello se suma la adopción temprana de medidas cautelares por parte de la JEP para proteger los derechos de las víctimas y preservar información y lugares de interés forense. En ese último caso, 238 cuerpos han sido identificados y 147 entregados a sus familias.
A su turno, el secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Danilo Suárez, presentó un análisis comparativo del avance de la Jurisdicción frente a otros tribunales de justicia transicional en el mundo. La JEP ha logrado un número de imputaciones significativamente superior al alcanzado por varios tribunales internacionales que han operado durante períodos mucho más extensos. Este avance se ha dado en un tiempo considerablemente menor: mientras tribunales como los de la antigua Yugoslavia, Ruanda, Camboya o la Corte Penal Internacional han requerido entre 13 y 23 años de funcionamiento, la JEP ha alcanzado estos resultados en ocho años de funcionamiento.
Entre el balance presentado este viernes se informó además que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha resuelto la situación jurídica de 609 comparecientes. Por su parte, la Sala de Amnistía o Indulto ha concedido 970 amnistías y negado 167, conforme a los criterios legales y al derecho internacional. Asimismo, 136 comparecientes han sido expulsados por incumplimiento del régimen de condicionalidad. De manera paralela, la JEP avanza en la implementación temprana de proyectos restaurativos orientados a contribuir a la reparación y la reconstrucción del tejido social: hasta ahora, se han certificado 253 Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR).
“No se construye un proceso de paz si las víctimas no están en el centro y si no logramos que ellas mismas y los comparecientes trabajen para la reconstrucción de la paz de este país”, afirmó por su parte Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Señaló que las primeras sentencias emitidas por la JEP —dos por la vía dialógica y una por la vía adversarial— demuestran que la Jurisdicción está cumpliendo su mandato al brindar verdad, justicia y reconocimiento a las víctimas.
Decisiones encaminadas a contribuir a restaurar el daño
Los conversatorios de la rendición de cuentas priorizaron las voces de las víctimas y el sentido restaurativo de las decisiones de la JEP. En el espacio sobre el rol de las mujeres en la Justicia Transicional Restaurativa, víctimas de distintas regiones compartieron cómo el acceso a la verdad y al reconocimiento de responsabilidades ha permitido recuperar dignidad, fortalecer procesos de búsqueda y mantener viva la esperanza frente a la desaparición forzada.
Ese impacto fue reflejado en los testimonios de las propias víctimas. Carolina Castro, de Casanare, afirmó: “Gracias porque en este proceso pude devolverle la dignidad a mi esposo (…). Cuando llegué a la JEP y rescaté la dignidad de mi esposo, pude regresar al pueblo con la frente en alto”. En la misma línea, Olga Luz Acevedo, de la Organización Mujeres Caminando por la Verdad, señaló: “Gracias a la JEP por tener ese sentido humano, por la apropiación de nuestros requerimientos (…). Llevamos siete hallazgos”.
El sentido de estas experiencias fue retomado por la magistratura durante el tercer conversatorio. La magistrada Ana Manuela Ochoa, indígena del pueblo Kankuamo, subrayó que “nada de lo que hagamos puede reparar los daños. La vida no se repara. Pero el trabajo restaurativo de la JEP busca levantarlas, no dejarlas en el suelo y devolverles la voz”. A su vez, la magistrada Reinere Jaramillo recordó el impacto de la verdad judicial al relatar cómo “la madre de una víctima dijo que, si bien aún no le han entregado el cuerpo de su hijo, su día más feliz fue cuando escuchó en la sentencia que él fue ejecutado extrajudicialmente, que sí trabajaba en el campo. Dijo: ‘Yo tenía razón’”.
Tras ocho años de funcionamiento, la JEP ha construido, junto a las víctimas y la sociedad, un camino para nombrar lo ocurrido, en el que los responsables dan la cara y responden por lo que hicieron. Este proceso ha permitido que los crímenes sean llamados por su nombre y ha abierto canales para que los relatos de dolor sean escuchados en la justicia, dimensionando la magnitud de lo ocurrido. En la Jurisdicción Especial para la Paz, la verdad se ha convertido en la base para que los responsables rindan cuentas y para crear condiciones reales de no repetición.
