​COMUNICADO 13

Medicina Legal informó a la JEP que encontró sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados en un sitio de interés forense ubicado en la Escuela de Logística del Ejército

  • Los resultados forenses fueron reportados en el marco de una medida cautelar adoptada por la JEP en 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado, para proteger el predio en el que se podrían hallar inhumadas personas desaparecidas.
  • El rastro de sangre humana fue identificado en uno de los elementos materiales recuperados de la zona que la JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025.
  • La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad continuará con las actuaciones de su competencia y solicita a las autoridades ordinarias avanzar en la investigación correspondiente.
  • En una reunión realizada el 9 de febrero, la familia de la víctima, y las organizaciones solicitantes de la medida cautelar, fueron informadas directamente de los resultados y del contexto judicial. 
  • La garantía de los derechos de las víctimas es una responsabilidad compartida del Estado. En ese marco, la JEP cumple su mandato judicial y exhorta a que las demás autoridades avancen de manera articulada en el ejercicio de sus competencias.
12 de febrero de 2026, Bogotá. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó a la JEP el hallazgo de rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados en un área de interés forense protegida, ubicada en el predio en el que funcionan la Escuela de Logística y el Batallón de Contrainteligencia del Ejército, donde antes operó el Batallón Charry Solano. Esta información fue comunicada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones CAJAR y MOVICE, solicitantes de la medida cautelar. 

El hallazgo está asociado a uno de los elementos materiales recuperados en el terreno, donde la JEP detectó y denunció, en febrero de 2025, una excavación no autorizada en áreas de interés forense que se encontraban protegidas por medidas cautelares desde el 12 de septiembre de 2024. Esta decisión judicial, además, se tomó a partir de información aportada por un compareciente, con el propósito de garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de los familiares de la víctima.

Ante estos hechos, la Jurisdicción desarrolló las actuaciones judiciales correspondientes para proteger el sitio y preservar la evidencia allí encontrada. Interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato. Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025.

En su decisión, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad advirtió que la “alteración del terreno cautelado es irreversible, y con ello se impactó de manera negativa los derechos de los familiares del desaparecido”, quienes llevan más de tres décadas en su búsqueda. “Esto porque la zozobra que permanece frente a la desaparición forzada se incrementó ante la posibilidad de que la tecnología actual y las técnicas forenses no permitan establecer si en el sitio alterado se encontraba el cuerpo”, advirtió la magistratura en su decisión.

Los elementos materiales hallados en el sitio fueron remitidos inicialmente por la JEP a la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, al establecer que estos habían sido enviados nuevamente a la Escuela de Logística, la JEP ordenó su recuperación y dispuso que fueran remitidos, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la práctica de las pruebas correspondientes que concluyen en los resultados que hoy se anuncian al país. 

Esta información, junto con otras líneas de evidencia, continúa en proceso de valoración por parte de la JEP en el marco del trámite cautelar que lleva la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz. 

Finalmente, la JEP reitera que la garantía de los derechos de las víctimas es una responsabilidad que compromete al Estado en su conjunto. En ese marco, la Jurisdicción cumple su mandato judicial y reitera la importancia de que las distintas instituciones actúen de manera articulada, oportuna y complementaria, para ofrecer respuestas integrales a las víctimas que han esperado verdad y justicia desde hace décadas.