COMUNICADO 15
Órdenes de la JEP permiten al Gobierno nacional tomar medidas para fortalecer la labor de las mujeres buscadoras de desaparecidos
- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) destaca la expedición del Decreto No. 0063 de 2026, por parte del Gobierno nacional, el cual reglamenta la Ley 2364 de 2024 y reconoce a las mujeres buscadoras como sujetas de especial protección y protagonistas fundamentales en los procesos de verdad, memoria y búsqueda.
- La decisión se origina en las solicitudes presentadas por organizaciones de víctimas ante la JEP, quienes, en el marco de la Medida Cautelar Nacional sobre Desaparición Forzada, instaron a impulsar la implementación y reglamentación de la Ley 2364 de 2024.
- El decreto establece lineamientos para su protección, participación y atención integral, incorporando enfoques de género, territoriales, étnicos, psicosociales y de cuidado.
- Para la JEP, este instrumento representa un avance estructural en la garantía de derechos de las mujeres buscadoras y en la consolidación de la búsqueda de personas desaparecidas como una responsabilidad del Estado en su conjunto.
Bogotá, 14 de febrero de 2026. Las órdenes emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de la Medida Cautelar Nacional sobre Desaparición Forzada y a petición de la Fundación Nydia Erika Bautista, propiciaron la expedición del Decreto No. 0063 del 26 de enero de 2026. Mediante este instrumento, el Gobierno nacional reglamenta la Ley 2364 de 2024 y reconoce integralmente la labor de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas, estableciendo lineamientos para su protección, participación y atención en el desarrollo de los procesos de búsqueda.
Las medidas cautelares de la JEP permitieron evidenciar las barreras estructurales que enfrentan las mujeres buscadoras y la necesidad de un marco normativo que garantizara su reconocimiento y participación efectiva. La adopción del decreto del Gobierno se inscribe en un proceso institucional, en articulación con las entidades del Estado en su conjunto, orientado a fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y a reconocer el papel histórico de las mujeres que han sostenido esta labor en el país.
Las mujeres buscadoras han sido, durante décadas, protagonistas de la búsqueda en Colombia. Madres, esposas, hijas, hermanas y abuelas que, en medio de la violencia y la ausencia institucional, asumieron la tarea de buscar a sus seres queridos desaparecidos y sostener la memoria de lo ocurrido.
En desarrollo de este proceso de protección de los derechos de las mujeres buscadoras, la JEP convocó audiencias públicas y espacios de diálogo interinstitucional y social en los que las mujeres buscadoras y sus organizaciones expusieron los riesgos diferenciados a los que están expuestas, así como las cargas emocionales, económicas y sociales que implica su labor.
Durante las diligencias realizadas en distintas regiones del país, las mujeres buscadoras relataron experiencias de estigmatización, revictimización y amenazas, al tiempo que aportaron información clave para la localización e identificación de personas desaparecidas y para la comprensión de los patrones de desaparición.
El Decreto 0063 recoge este acumulado institucional y social y establece lineamientos para el reconocimiento, la protección, la atención integral y la participación de las mujeres buscadoras, incorporando enfoques de género, étnicos, territoriales, diferenciales, psicosociales y de cuidado.
Asimismo, el decreto fortalece su participación en los procesos humanitarios, judiciales y extrajudiciales orientados a la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas. Al tiempo que reconoce su papel como defensoras de derechos humanos y constructoras de memoria.
Este instrumento normativo reconoce que la búsqueda de personas desaparecidas ha sido sostenida en gran medida por las mujeres y que su experiencia y persistencia han sido determinantes para el avance de los procesos de verdad, justicia y reparación en el país.
En este contexto, la JEP reafirma su compromiso con la centralidad de las personas afectadas durante el conflicto y con el impulso de medidas estructurales que dignifiquen la labor de quienes han convertido la búsqueda en un proceso colectivo de verdad, memoria y transformación social.
La expedición del decreto constituye un paso relevante para consolidar la articulación institucional en torno a la desaparición forzada y para fortalecer las garantías de participación de las mujeres buscadoras en las decisiones que afectan los procesos de búsqueda.
Finalmente, los avances alcanzados con las medidas cautelares dictadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y las acciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas evidencian resultados concretos: a la fecha se han exhumado 1.916 cuerpos, se han identificado 240 y se han realizado 150 entregas dignas a sus familias, cifras que reflejan el carácter progresivo del proceso y la importancia de continuar fortaleciendo la respuesta institucional frente a esta realidad.
