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Medellín, 2 de agosto de 2024. En una audiencia pública en Medellín, el Tribunal Especial para la Paz de la JEP recibió opiniones y comentarios de los familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en Dabeiba, Antioquia, para avanzar en el juicio contra los ocho ex integrantes de la fuerza pública que reconocieron su responsabilidad por la comisión de estos crímenes.

En esta diligencia judicial, liderada por la Sección con Reconocimiento (SeRVR) también participaron los máximos responsables del Caso Conjunto 03 y 04, es decir, el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado, el sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, el sargento primero (r) Jaime Coral Trujillo, el sargento segundo (r) William Andrés Capera Vargas y el mayor (r) Efraín Enrique Prada Correa.

 

En dos sesiones aparte, las víctimas, los comparecientes y sus apoderados, así como el Ministerio Público, presentaron observaciones a la Resolución de Conclusiones No. 04 de 2024, una decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad que concluyó que los ocho comparecientes que aceptaron responsabilidad y aportaron verdad son elegibles para que el Tribunal para la Paz les imponga una sanción propia.

 

Durante la audiencia, los magistrados Juan Ramón Martínez Vargas, Ana Manuela Ochoa Arias, Camilo Andrés Suárez Aldana y Roberto Carlos Vidal López recibieron las observaciones y expectativas presentadas en relación con los crímenes imputados, los aportes de verdad de los comparecientes, así como su reconocimiento de responsabilidad y las propuestas de sanción propia presentadas por la sala. Estas observaciones y comentarios serán insumos fundamentales para la próxima decisión de la Sección. Precisamente, al cierre de la audiencia, el magistrado ponente, Juan Ramón Martínez Vargas, dijo que “las observaciones que se plantearon serán resueltas en fase de juicio de tribunal".

 

La audiencia se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca León de Greiff, que fue transformado en 2007 a solicitud de la comunidad, después de haber sido una cárcel desde la década de los 40. Esta resignificación del espacio tiene un valor simbólico fundamental, al tratarse de un modelo de justicia que busca la reconstrucción del tejido social de la comunidad y la dignificación de las víctimas a través de sanciones que restauren sus derechos.

 

¿Qué sigue?

La siguiente etapa de la fase de juicio de este caso consiste en analizar lo expuesto por víctimas, comparecientes, sus apoderados y el Ministerio Público, así como las observaciones escritas que podrán presentar hasta este 2 de agosto, en el marco del análisis que hace la Sección a la Resolución de Conclusiones. La audiencia de observaciones determina el camino que se continuará en la fase de juicio y que no se agota con esta actuación, sino que es la primera audiencia que antecede la imposición de las sanciones a través de una sentencia.

 

Hay que recordar que las sanciones propias son las únicas de los tres tipos de sanciones que impone la JEP que no se cumplirán en una cárcel, pero sí implicarán restricciones de libertades y derechos para los sancionados. También tienen un componente reparador-restaurador, que consiste en el desarrollo de trabajos, obras y actividades en beneficio de las víctimas del conflicto armado y la comunidad involucrada.

 

¿Qué dijeron las víctimas?

Las víctimas del Caso Conjunto 03 y 04 presentaron sus observaciones sobre temas de gran relevancia en la etapa de juicio. Manifestaron su preocupación por los aportes tardíos de verdad, en especial, en relación con puntos de interés forense para la identificación del paradero de víctimas de desapariciones forzadas ocurridas en Dabeiba y municipios aledaños. También expresaron la necesidad de obtener toda la verdad sobre las demandas que les han presentado a los comparecientes en espacios previos a la audiencia. 

 

En términos de reparación, se refirieron a los proyectos de trabajos, obras y actividades con contenido reparador-restaurador (TOAR) que de forma anticipada han adelantado algunos de los comparecientes, como el proyecto 'Horizontes Seguros' que estuvo enfocado en la Educación en el Riesgo de Minas en Dabeiba, Frontino, Murindó y Mutatá (Antioquia).

 

Alexandra Lezcano, hija de Edison Lexander Lezcano Hurtado, un campesino de Dabeiba que fue asesinado y desaparecido por miembros del BCG-26 'Arhuacos', narró su experiencia: “en este proyecto conviví con personas que fueron afectadas por las minas y se me desgarraba el corazón porque veía jóvenes, menores de edad y personas mayores que necesitaban sus prótesis". Por esto solicitó a la magistratura que “en los futuros TOAR se atiendan las realidades de los territorios y se apliquen los enfoques diferenciales". Las impresiones de las víctimas serán fundamentales para la valoración que hará la Sección frente a cómo estos proyectos anticipados inciden en la sanción propia de 5 a 8 años que se impondrá en la sentencia con la que finaliza la etapa de juicio.

 

Las víctimas también solicitaron que los aportes de verdad y los proyectos de sanción contribuyan a dignificar el buen nombre de las víctimas. Una de ellas fue Teresita del Socorro Zapata Osorio, mamá de Jorge Andrés Ortiz Zapata, quien fue reclutado en Medellín y asesinado en Dabeiba. Con la mirada puesta en la magistratura, afirmó: “No fueron guerrilleros muertos en combate, sino víctimas de la violencia. Murieron en un combate que ellos no eligieron".

 

Esta audiencia también fue el espacio para que Farid Alexis Álvarez, hijo de José Antonio Quesada Alián, narrara por primera vez su historia. Su relato evidenció la dimensión de los daños causados a las familias y, especialmente, a los hijos de las víctimas de desaparición forzada. “Yo le preguntaba a mi mamá, si mi papá está vivo, ¿por qué no me busca? ¿Será que no me quiere? ¿Será que no lo importo?", dijo Farid, quien luego recordó que todo cambió cuando recibió una llamada en la que le informaron que habían encontrado los restos de su padre.

 

Este joven antioqueño también expuso el valor de la justicia restaurativa: “Gracias a la JEP encontramos el cuerpo de mi papá. No todo, pero encontramos una parte de él. Yo ya tengo dónde irme a refugiar cuando me sienta solo, así sea al cementerio (…) Gracias a la JEP, uno aprende a perdonar".

 

Al final de la audiencia, Esneda Altamirano Correa, tía de Jhon Jarvi Cañas Cano quien fue asesinado y desaparecido por miembros del BCG-79, envió un mensaje a las víctimas y a todo el país. Con su contundente y profunda intervención invitó a una transformación en la narrativa de la guerra que inicia con un cambio de 'falsos positivos' a ´verdades positivas'. Esta transformación requiere de un compromiso serio, firme y de corazón de los comparecientes de ser custodios de la paz de Colombia. Como cierre del primer día de audiencias, Esneda envió un mensaje a los máximos responsables: “Esperamos que no nos vuelvan a defraudar".

 

Durante la diligencia, el mayor (r) Efraín Prada aceptó la invitación de las víctimas a ser custodios de la paz e hizo un llamado a todos los comparecientes de Colombia a seguir “luchando por decir la verdad y avanzar en este proceso para brindar algo de satisfacción a las familias que han batallado día a día para conocer la verdad". También instó a continuar con el reconocimiento de las personas asesinadas durante el conflicto armado, para “resarcir la dignidad de los pueblos y de quienes fueron maltratados". Ante las peticiones de las víctimas, el sargento viceprimero (r) Fidel Iván Ochoa Blanco afirmó que recibían “las observaciones de las víctimas con mucho respeto y compromiso" y añadió que acogerán la sentencia que emita la Sección.

 

El magistrado Camilo Suárez recordó a los comparecientes que, aunque el tribunal tome las decisiones judiciales, “el proceso y el compromiso restaurativo (transformador) depende de ustedes".

 

Por su parte, la magistrada Ana Manuela Ochoa recalcó que la participación de víctimas y comparecientes es uno de los pilares de la Justicia Transicional Restaurativa, con el propósito que de ellos provenga “la solución a eso que fue dañado".

 

Por último, el magistrado Juan Ramón Martínez Vargas recordó que la ejecución de TOAR, sea de forma anticipada o en cumplimiento de la sanción propia, “de ninguna perspectiva constituye una ayuda a las víctimas" pues se trata del cumplimiento del régimen de condicionalidad como consecuencia de su participación en los crímenes más graves y representativos del conflicto armado.

 

La magistratura agradeció la asistencia de las autoridades locales (la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Alcaldía de Dabeiba y la Mesa de Impulso a TOAR de Dabeiba) y de los representantes de la comunidad internacional (la Misión de Verificación de Naciones Unidas, el Instituto Kroc y la Universidad para la Paz de Naciones Unidas).

 

Para ver el minuto a minuto de la audiencia, pueden visitar el cubrimiento realizado en nuestro perfil oficial de X: