COMUNICADO 113
En Mutatá, Antioquia, la SAI entregó 62 certificados de amnistía a firmantes de paz del AETCR Becuarandó
- El pasado 3 de julio, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a cerca de 150 firmantes de paz del AETCR Becuarandó, ubicado en Mutatá, Antioquia.
- El objetivo de esta actividad fue proporcionar información sobre el quehacer judicial de la SAI y sobre cómo avanza en el mandato, derivado del Acuerdo Final de Paz, de conceder ‘la amnistía más amplia posible’ a quienes dejaron las armas y que hoy están en proceso de reincorporación a la vida civil; además de ofrecer información y asesoría a los firmantes sobre su situación jurídica.
- Durante la actividad, excombatientes de las extintas Farc-EP que integran el AETCR presentaron a la magistratura dos proyectos productivos de piscicultura y cultivo de cacao, producto de su compromiso con la reinserción a la vida civil.
Bogotá, 23 de julio de 2025. Como parte de su misionalidad en la JEP, el pasado 3 de julio, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) entregó 62 certificados de amnistías en el marco de una jornada de capacitación en el AETCR —Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación— de Becuarandó, ubicado en Mutatá, en el Urabá antioqueño, con la participación de cerca de 150 firmantes de paz.
La actividad estuvo presidida por la magistrada Xiomara Balanta, presidenta de la SAI, y por las también magistradas de la sala, Alexandra Sandoval y Marcela Giraldo. Contó con la presencia de organismos internacionales como la Misión de Verificación de la ONU y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, en su rol de organismos internacionales, promueven la implementación del Acuerdo Final de Paz y legitiman la labor judicial de la JEP.
Los AETCR, administrados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), son lugares donde los excombatientes de las extintas Farc-EP desarrollan su proceso de reincorporación a la vida civil, al lado de sus familias, y adelantan proyectos productivos para garantizar su sustento. Durante la jornada presentaron dos: uno de piscicultura, liderado por mujeres firmantes, y otro de cultivo de cacao.
A este espacio asistieron Claudia Erazo, subsecretaria ejecutiva de la JEP, así como miembros del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) comparecientes y de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. También estuvo presente el secretario de Gobierno de Mutatá, Juan Guillermo Orozco.
¿Cuál fue el motivo de la capacitación? Fortalecer la comunicación y el diálogo horizontal entre la SAI y los firmantes de paz de este AETCR del Urabá antioqueño.
La magistratura y los firmantes
“Ya llevan 9 años apostándole a la paz”, reconoció la magistrada Xiomara Balanta a los firmantes al inicio de su intervención, y continuó: “Gracias por los esfuerzos que han hecho durante todos estos años. No han desfallecido en esta labor”.
Sobre la experiencia de tránsito hacia la vida civil, el firmante de paz Juan de Dios Quintero Urrego, instó: “Sigamos comprometidos por la paz en Colombia; no hay otra alternativa, sino la paz (...). Todo hay que resolverlo de una manera conversada, dialogada, porque todos merecemos respeto y que nos traten como humanos, independientemente de las dificultades y de las diferentes opiniones que tengamos”.
La magistrada Balanta aclaró a los firmantes el papel que desempeña la SAI en la JEP, con respecto a la concesión de beneficios jurídicos: “Tenemos la función de investigar, juzgar, sancionar los más graves crímenes, pero, sobre todo, de proteger los derechos de las víctimas y garantizar la seguridad jurídica de quienes firmaron la paz”, dijo.
La presidenta de la SAI se refirió a las tres competencias fundamentales que tiene la sala para el otorgamiento de amnistías y libertadas condicionadas relacionadas con la verificación de tres factores: el personal, el temporal y el material.
Respectivamente, el personal se refiere a la calidad de exintegrantes o excolaboradores de las antiguas Farc-EP que cometieron delitos políticos o conexos con estos; el temporal, a los delitos perpetrados antes del 1 de diciembre de 2016; y el material, a que los crímenes cometidos tengan relación con el conflicto armado interno.
A su turno, la magistrada Alexandra Sandoval les reveló a los firmantes que la idea de visitar los AETCR de distintas zonas del país obedece a la necesidad de crear un vínculo más profundo entre la SAI y ellos, esto con el fin de favorecer la comunicación y el intercambio de información relacionada con el avance de su situación jurídica y el otorgamiento de amnistías.
La magistrada Sandoval resaltó que las amnistías se aplican a las conductas, no a las personas. Señaló que cuando se otorga una amnistía la investigación que cursa contra esa persona se suspende; si la persona había sido condenada, la condena desaparece y, si esta se encontraba en la cárcel, debe otorgársele la libertad. “Lo más importante que hace la amnistía es que borra el delito, pero también borra los antecedentes”, reiteró.
Sandoval destacó que en el actual proceso de construcción de paz y de Justicia Transicional Restaurativa que lidera la JEP, las amnistías, además de ser un beneficio que garantiza la seguridad jurídica de los firmantes de paz, permiten “hacer los procesos de reincorporación de mejor forma”, dijo. Y las tres magistradas recalcaron que la JEP no concede amnistías por crímenes de guerra o de lesa humanidad.
La magistrada Sandoval destacó que son cerca de 12 mil los excombatientes de las extintas Farc-EP que actualmente están en proceso de reincorporación. De estos, el Gobierno colombiano, entre 2017 y 2018, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, concedió la amnistía por delitos políticos a más de 9.700 excombatientes. “Si estas personas no tienen procesos pendientes, ya tienen resuelta su situación jurídica”, les comentó la magistrada a los firmantes, resaltando que estas son las denominadas amnistías administrativas. También indicó que la justicia ordinaria ha concedido, aproximadamente, 1.200 amnistías y la JEP ha entregado más de 800.
Asimismo, Sandoval especificó las tres maneras en que la JEP define la situación jurídica de los comparecientes: 1) A través de amnistías; 2) desde los macrocasos a los máximos responsables (que desemboca en una sanción restaurativa o un juicio adversarial); y 3) mediante la renuncia a la persecución penal, que les exige un aporte de verdad más amplio y haber participado en acciones restaurativas.
Por su parte, la magistrada Marcela Giraldo habló de los compromisos que adquieren los comparecientes que acceden a los beneficios otorgados por la SAI. “Esos compromisos, que quienes reciben el beneficio están llamados a honrar, se conocen como régimen de condicionalidad. Son compromisos que se deben cumplir para acceder a nuevos beneficios y mantener los ya otorgados”.
La magistrada Giraldo enfatizó en los tres puntos principales que tiene el régimen de condicionalidad: aportar verdad plena, garantizar la no repetición y contribuir a la reparación de las víctimas. Subrayó la importancia de solicitar permiso para salir del país cuando han recibido beneficios jurídicos por parte de la JEP y, finalmente, explicó lo que pasa si alguien incumple cualquiera de esas obligaciones. En este caso, “la JEP abre una etapa procesal que se llama incidente de verificación de incumplimiento al régimen de condicionalidad para analizar si hubo o no una falta, qué tan grave fue y definir cuál sería la consecuencia”, dijo la magistrada Giraldo. Resaltó que hay consecuencias tan graves como la expulsión de la Jurisdicción, pero aseguró que “no necesariamente todo incumplimiento conlleva a ella”.
Giraldo cerró la jornada pedagógica celebrando el compromiso de los firmantes residentes del AETCR con el acuerdo y los instó a seguir contribuyendo a la reconstrucción del tejido social.
En este espacio de diálogo se atendieron las dudas de los firmantes individualmente para resolver inquietudes sobre el avance de sus procesos en curso en la JEP. Además, recibieron información sobre los IPPPR (Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos con contenido Restaurador) que ejecutan como parte de su compromiso con las víctimas de resarcir el daño que les causaron durante la confrontación armada, y se les asesoró sobre el trabajo de la UIA para garantizar su seguridad, así como las medidas de protección y prevención para tal efecto.
Al finalizar esta jornada, la sala entregó los 62 certificados de amnistía, un paso definitivo para resolver la situación jurídica de algunas de las personas que participaron en este encuentro.
Una de las firmantes se mostró muy conmovida al recibir, de manos de las magistradas, el certificado de amnistía. Este es un paso más para que ella, y quienes accedieron al certificado, sientan mayor confianza sobre su futuro y puedan rehacer su proyecto de vida al lado de sus seres queridos y de sus comunidades.
