Carta de Patricia Linares, presidenta de la JEP, al senador Álvaro Uribe Vélez
En septiembre de 2017, cuando el papa Francisco visitó nuestro país, nos dejó una serie de reflexiones que día a día se nos presentan como necesarias para avanzar en el camino de construir una paz estable y duradera.
Nos dijo, por ejemplo, que “la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto, una tarea que no da tregua y que exige el compromiso de todos” y que ese esfuerzo “nos debe hacer huir de toda tentación de venganza”.
Antecedida de esas reflexiones quiero, muy respetuosamente, dirigirme a usted, como expresidente de la República, senador y máximo líder del Partido Centro Democrático, para solicitarle y por su intermedio a los miembros de esa colectividad política, el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución Política que establece que la paz es un derecho y un deber de todas y todos los colombianos, un deber ético y jurídico que nos vincula sin distingo.
Un deber que en mi criterio se intensifica cuando cumplimos servidores del Estado, que se traduce en mesura, prudencia, serenidad y el compromiso ineludible de no acudir a estrategias de desprestigio, desinformación y agresión continua, en contra de quienes tenemos la difícil tarea de administrar justicia transicional, dirigidas a jueces de la república que ejercemos nuestras funciones con la autonomía e independencia, con la que nos dota la Constitución, siempre supeditados a sus directrices y mandatos.
En los últimos meses, como se nos impone, hemos observado con respeto, tranquilidad y prudencia las propuestas de reforma en torno al modelo de justicia transicional adoptado por el Estado colombiano, propuestas que se han impulsado desde el Ejecutivo y algunos sectores del Congreso, las mismas exigen que quieren tienen la responsabilidad de estudiarlas y tomar decisiones lo hagan propiciados debates ajenos al insulto, la desinformación y la distorsión de las funciones que tenemos a cargo.
Las víctimas, la sociedad colombiana y la comunidad internacional que ha acompañado el proceso de paz en Colombia, reclaman como derecho la construcción de una paz estable y duradera y de nosotros, los servidores públicos, el trámite democrático de las diferencias, los debates y las controversias que puedan surgir en torno al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición y, concretamente, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Somos un Tribunal de Paz, creado para contribuir a superar la guerra que durante medio siglo azotó a Colombia, garantizando no impunidad y vocación de reconciliación, nunca recurriremos al lenguaje bélico, ofensivo o degradante.
Reconocemos como necesario el debate político que encuentra en el Congreso su escenario natural, exigiendo, eso sí, respeto que merecemos como Jueces de la República, y como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la paz.
La paz requiere de espíritus sosegados, de un lenguaje democrático, sereno, sincero, conciliador, el lenguaje que necesita Colombia para por fin pasar la página extensa de la guerra y quedar inmersos en la tarea inmensa de reconstruirnos como sociedad.
Los colombianos necesitamos la paz y la paz necesita de todos los colombianos,
Cordialmente,
Patricia Linares Prieto
Presidenta de la JEP
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