COMUNICADO 56

Comparecientes de la fuerza pública ayudan a esclarecer asesinato y desaparición forzada de joven huilense

Juan Diego Martínez Peña fue asesinado el 18 de julio de 2008 por integrantes de las compañías Azteca 2 y Berlín 3 del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), en este departamento.
Aunque este crimen ya había sido confesado en el proceso judicial ante la JEP, solo hasta ahora, gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, fue posible hallar e identificar su cuerpo, el cual fue entregado a su familia.
En la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, 28 de los 36 comparecientes de la fuerza pública imputados como máximos responsables de 200 asesinatos —incluidas 32 desapariciones forzadas— y ocho tentativas de homicidio, reconocieron su participación en este y otros crímenes cometidos en distintas regiones del país.
En el Subcaso Huila del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado, cinco generales fueron imputados. Ninguno aceptó responsabilidad y actualmente están siendo investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Los relatos entregados por comparecientes de la fuerza pública en el marco del Caso 03 —en regiones como Norte de Santander, la Costa Caribe, el Caso Conjunto Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, así como en Antioquia, Huila y Casanare— han permitido superar el umbral de verdad alcanzado por la justicia ordinaria, y develar las causas estructurales que llevaron a transformar sus conductas en ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil.

Bogotá, abril 27 de 2025. Juan Diego Martínez Peña es la segunda de las 32 víctimas de desaparición forzada documentadas por la JEP en el departamento del Huila que ha sido identificada y entregada a su familia, en el marco del Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. Su crimen hace parte de los hechos que tuvo en cuenta la Sala de Reconocimiento de Verdad al imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a 36 comparecientes de la fuerza pública, señalados como máximos responsables de 200 asesinatos y ocho tentativas de homicidio ocurridos entre 2005 y 2008 en esa región.

Ocho meses después de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Subcaso Huila —en la que ocho comparecientes confesaron el crimen de Juan Diego, sus seres queridos pudieron, al fin, darle la sepultura digna que el conflicto armado les había negado. En una ceremonia íntima realizada este sábado, 26 de abril, familiares, amigos y allegados iniciaron el duelo que durante años estuvo suspendido por la incertidumbre sobre su paradero.

Juan Diego tenía 23 años cuando desapareció sin dejar ningún rastro. Su familia no lo reportó como desaparecido, pues guardaba la esperanza de que regresara a casa. En 2016, ocho años después de su desaparición, recibieron una notificación de la Fiscalía que les indicaba que Juan Diego podría estar entre un grupo de cuerpos reportados como no identificados (CNI). Con este hecho se apagó la ilusión de volverlo a ver en el seno de su hogar.

Su identificación plena tomaría varios años. En 2024, en el marco del proceso judicial de la JEP y en coordinación con la familia de la víctima, se reactivó la búsqueda con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. Producto de este trabajo articulado, el 2 de abril de 2025, la Fiscalía informó que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Sur, logró establecer con plena certeza la identidad de Juan Diego Martínez Peña. El joven fue hallado en el cementerio Jardines Remanso de Paz, en el municipio de San José de Isnos.

Este avance en el proceso judicial, liderado por el magistrado Alejandro Ramelli —presidente de la JEP y relator del subcaso por crímenes perpetrados en el sur del país—, se suma a la evidencia consolidada que permitió esclarecer los hechos. Según la investigación, este joven fue asesinado el 18 de julio de 2008 por integrantes de las compañías Azteca 2 y Berlín 3 del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’ (BIMAG), en Huila. Su muerte fue presentada como una baja en combate y, posteriormente, su cuerpo fue enterrado como no identificado.

La entrega digna de Juan Diego fue posible gracias al trabajo articulado de la magistratura con el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía General de la Nación y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Para la JEP, el acto de entrega de Juan Diego representa una esperanza para cientos de familias en Huila que aún esperan encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

La verdad judicial

Los relatos entregados por comparecientes de la fuerza pública en el marco del Caso 03 en Norte de Santander, la Costa Caribe, Antioquia, Huila y Casanare han permitido superar el umbral de verdad conocido por la justicia, revelar la magnitud de los delitos imputados, la evolución de las prácticas, los daños causados y las causas que convirtieron estos crímenes en ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil. En este caso, el crimen hace parte del segundo patrón criminal documentado por la JEP en Huila: homicidios y desapariciones forzadas perpetrados sobre personas ajenas al territorio, en situación de vulnerabilidad.

Como resultado de la verificación y contrastación de la información recabada, la Sala de Reconocimiento centró su análisis en los picos más altos de criminalidad, siendo el principal el ocurrido entre los años 2005 y 2008. Solo en ese periodo, la JEP documentó 208 víctimas. Además, determinó que, en el marco de 108 operaciones militares cuestionadas, 200 personas fueron asesinadas, 32 desaparecidas y 8 resultaron heridas. Estos crímenes se atribuyen a 36 máximos responsables, miembros activos y retirados del Ejército Nacional de Colombia, que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena”, al Batallón de Infantería No. 26 “Cacique Pigoanza”, a la Agrupación de Fuerzas Especiales No. 11 y al Estado Mayor de la Novena Brigada.

En el marco de la investigación judicial adelantada por la JEP para el Subcaso Huila del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad realizó, entre 2019 y 2024, un total de 144 diligencias: 137 versiones voluntarias y 7 testimonios de terceros e integrantes de la Novena Brigada. Gracias a este proceso, fue posible escuchar a 61 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena”, 52 del Batallón de Infantería No. 26 “Cacique Pigoanza”, 6 de la Agrupación de Fuerzas Especiales No. 11 y 11 exintegrantes del Estado Mayor de la Novena Brigada.