​COMUNICADO 172 de 2020 

 

Excomandante del frente 60 de las Farc-Ep compareció ante la JEP por secuestro y asesinato de diputados del Valle 


  • ​Héctor Julio Villarraga Cristancho reconoció su responsabilidad en el hecho.
  • Indicó que la orden de ejecutar a los diputados del Valle en caso de intento de rescate la recibió directamente de alias “Alfonso Cano".
  • A solicitud de los familiares, describió las condiciones de cautiverio de los Diputados

Bogotá, D.C., 7 de diciembre de 2020. En una diligencia de versión que duró más de 7 horas en la sede de la JEP en Bogotá, Héctor Julio Villarraga Cristancho, conocido con el alias de “Grillo", reconoció su responsabilidad en la comisión de los hechos que acabaron con la vida de 11 diputados del Valle del Cauca, el 18 de junio de 2007.

“Asisto aquí para narrar lo que aconteció con los diputados del Valle porque el Acuerdo Final nos obliga a ello. Así como estuvimos tan comprometidos en la lucha armada, lo estaremos con el esclarecimiento de la verdad, en procura de sanar las heridas del conflicto", expresó Villarraga. 

El compareciente señaló que este caso “fue uno de los más graves que nos ocurrieron [a las extintas Farc-EP] en la guerra. Les pido perdón al país y a los familiares de las víctimas por el dolor tan grande que les causamos. Ellos fueron secuestrados y murieron en nuestro poder".  

Villarraga describió en detalle cómo, siendo comandante del Frente 60, movilizó a los 12 diputados secuestrados, entre mayo de 2002 y 2007, a través de los Farallones de Cali, la selva del Pacífico colombiano, los municipios de Buenaventura, en el Valle del Cauca; Argelia, López de Micay y El Tambo, en el departamento del Cauca; y Leyva, El Charco e Iscuandé, en Nariño. Esto ocurrió luego de haberlos recibido de manos del Frente Urbano “en muy malas condiciones de alimentación, ropa y salud", en inmediaciones del río Naya, hacia finales de mayo de 2002.  

El 11 de abril de 2002, los 12 diputados fueron secuestrados por unidades del Frente Urbano y del Bloque Móvil Arturo Ruiz en la sede de la Asamblea del Valle, en Cali.

Según el compareciente, durante los primeros años de cautiverio, los diputados del Valle fueron divididos en dos grupos a través de diversos cauces fluviales de los departamentos de Cauca y Nariño. Luego de huir de varias persecuciones del Ejército Nacional, los cautivos fueron reagrupados y custodiados por cerca de 25 integrantes del Frente 60, según narró Villarraga a la magistrada Julieta Lemaitre, relatora del Caso 01 de la JEP. 

El compareciente describió los vejámenes a los que sometieron a los diputados: marchas de hasta 12 horas a través de la selva, una alimentación precaria basada en legumbres y granos, exposiciones prolongadas a las inclemencias del clima, la poca o nula privacidad cuando realizaban sus necesidades fisiológicas y los momentos en que eran atados con cadenas a sus camas o árboles como un método de castigo, entre otros. 

El compareciente describió que para el 2007 cada diputado tenía un guardia asignado a su alimentación, transporte, vigilancia y para fusilarlo, en caso de intento de rescate militar. Fueron estos quienes ejecutaron a 11 de los 12, en cumplimiento de las órdenes recibidas. 

Villarraga también describió lo que a su juicio eran las enormes virtudes humanas de los diputados. Destacó el liderazgo y la generosidad de Juan Carlos Narváez, entre otros. Esta descripción la hizo a solicitud de los familiares que estuvieron presentes, con sus abogados, en la diligencia. Sigifredo López, líder político y único diputado sobreviviente, en cuanto abogado asistió e hizo preguntas en representación propia.

La diligencia es parte de un grupo de diligencias de versión voluntaria individuales de mandos medios y colectivas de Frentes que ordenó la JEP con los Autos 160 y 161 de 2020. Su objetivo es dar respuesta a las preguntas que tienen las víctimas sobre hechos concretos; las víctimas acreditadas ya las han hecho llegar a la Sala de Reconocimiento, y además pueden, a través de su representante, hacer preguntas de seguimiento durante la misma diligencia.

 ¿Quién dio la orden? 

En respuesta a las preguntas de los familiares de las víctimas, presentadas por la magistrada relatora, Villarraga dijo que el objetivo principal del secuestro era mantener con vida a los diputados del Valle. No obstante, y atendiendo las instrucciones del entonces integrante del Secretariado de las Farc, Guillermo León Sáenz, conocido como “Alfonso Cano": “la orden era ejecutarlos si se presentaba un intento de rescate o si enfrentábamos una situación en la que podríamos perder el control", añadió. 

De acuerdo con el compareciente, alias “Alfonso Cano" “era la única persona del Secretariado [de las extintas Farc-EP] quien recibía las novedades del grupo de los diputados". En la práctica, cada integrante de la dirigencia de esa guerrilla estaba a cargo de una zona del país y a “Cano “se le asignó específicamente el grupo de los diputados". 

Durante los cinco años de cautiverio de los 12 Diputados, y un par de años más del único sobreviviente, Sigifredo López, Villarraga dijo que solo se presentó un intento de fuga. “Al principio, se designaban 5 o 6 guerrilleros para que custodiaran a todo el grupo, pero luego hubo situaciones de emergencia y dispusimos hasta de un guerrillero por cada diputado", agregó.

El compareciente negó haber recibido órdenes de Pablo Catatumbo o Édgar López, alias “Pacho Chino", comandantes del Bloque Occidental, durante el cautiverio de los diputados.  En cambio, sí dijo que había trabajado en cooperación con otros frentes y bloques del entonces Comando Conjunto de Occidente (en 2012 Bloque Occidental), por asuntos logísticos.

De hecho, fue alias “Aldemar Galán", comandante del Frente 29, quien los apoyó en una de sus extracciones del río Patía para huir del Ejército Nacional. También tuvieron contacto, según Villarraga, “con el comandante Gustavo de la columna Daniel Aldana para que nos abasteciera de municiones y comida".  

El fatal desenlace de los 11 diputados del Valle sucedió hacia el mediodía del 18 de junio de 2007. Sobre esos últimos momentos, Villarraga narró que minutos antes de haber creído que el Ejército Nacional los emboscaba y del fusilamiento de los diputados, estaba escribiéndole una comunicación cifrada a “Alfonso Cano" para reportarle el estado del grupo. La mujer centinela que prestaba guardia en la zona le había informado sobre la extraña incursión de un integrante del Frente 29 que amenazaba con cruzar la zona. “Pensé que el compañero de ese Frente había desertado y nos había llegado con el Ejército Nacional porque disparó contra nuestra guardia", agregó Villarraga.  

El compareciente dijo que los diputados fallecieron tras una sola ráfaga de disparos que tardó un minuto, aproximadamente. En el fatal evento, ningún guerrillero murió. Cinco días después, en un comunicado, el Comando Conjunto de Occidente informó falsamente al país la muerte de los políticos vallecaucanos durante un fuego cruzado con una fuerza desconocida. Villarraga narró como, siguiendo órdenes de “Cano", limpió y enterró los cadáveres, y procedió a entregar las coordenadas para que fueran entregados a una misión humanitaria encabezada por la Cruz Roja. Fueron entregados a sus familiares casi tres meses después, en Cali, gracias a esta misión. 

La directriz del secuestro 

El compareciente negó que los secuestros políticos o de otro tipo fueran una fuente de financiación del Frente que comandaba, pues cuando ejercían “privaciones de la libertad tenían que ver con el control de la zona". Al respecto, se responsabilizó del secuestro del Alcalde de Argelia, Cauca, el 3 de julio de 1998 y de otros funcionarios. 

También expresó que el 10 de julio de 2012 ordenó el secuestro de la tripulación de un helicóptero que rondaba la zona de operación del Frente 60. Durante un aterrizaje de emergencia de aquella aeronave en la zona de El Plateado, del municipio de Argelia, Villarraga dio la orden a sus hombres para detener a la tripulación e indagar qué hacía en la zona. Privaron de la libertad “a los pilotos Juan Carlos Álvarez y Alejandro Campo. Cuando supimos que trabajaban para una empresa minera que buscaba minerales en la zona, los dejamos en libertad a través de una comisión humanitaria", agregó. 

Las preguntas hechas por la magistratura también eran producto de las observaciones que previamente habían hecho los familiares de las víctimas de este hecho tras haber visto la versión colectiva de los comandantes de las extintas Farc-EP, y las que manifestaron durante la diligencia.  

Sobre el cautiverio, Villarraga expresó que “el grupo de los diputados del Valle fue muy valiente porque les tocaba muy duro", refiriéndose a extensas jornadas de recorrido a pie por la selva, enfermedades, condiciones precarias de salubridad en los campamentos donde pernoctaban, entre otros.

Al cierre de la diligencia, Villarraga señaló: “5 años de secuestro, y en el caso de Sigifredo López, 7, son una prolongación injusta de la privación de la libertad. Cuando se alargaba el tiempo el cautiverio, la situación era más difícil porque no teníamos el control del territorio ni la idoneidad de las tropas". 

Finalmente, la apoderada del compareciente corrió traslado ante la Secretaria Judicial de la diligencia un documento en el que Villarraga brinda detalles de otros hechos victimizantes en los que tuvo participación y responsabilidad. Además, entregó un memorial del antiguo Secretariado de las Farc-EP que contiene dos casetes de videos sobre la vida en cautiverio de los diputados del Valle. Este material, según la defensa del compareciente, fue recuperado por los antiguos guardias de alias “Alfonso Cano". La Sala de Reconocimiento hará el respectivo traslado a las víctimas, y evaluará su idoneidad como contenido reparador para las víctimas. 

¿Quién era Héctor Villarraga en las Farc-EP? 

Héctor Julio Villarraga Cristancho, conocido con el alias de “Grillo", duró 34 años en las filas de las extintas Farc-EP. Sus primeras incursiones como guerrillero las hizo en el Frente 2 de ese grupo armado. Allí estuvo hasta 1993 cuando fue enviado a integrar la Columna Móvil Teófilo Forero. En 1994 pasó a integrar el Frente 60 como comandante. 
Su zona de influencia fue la comprendida entre los municipios de Balboa, López de Micay y Timbiquí, Cauca, principalmente. Sus funciones en el Frente tenían que ver con asuntos logísticos, tales como la consecución de armamento, munición e instrucción militar y el control de la zona y sus rutas, disputadas por varios grupos armados ilegales. Sus principales fuentes de financiación eran el cobro de cuotas a los comerciantes de gasolina y a quienes comercializaban cocaína. También dijo haber recibido dineros del Secretariado.  

Sobre el Caso 01 de la JEP

La Sala de Reconocimiento de la JEP avocó conocimiento de este Caso a partir del 2º Informe de la Fiscalía General de Nación, el cual fue denominado por esa entidad “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP." En el informe, la Fiscalía acumuló hechos y conductas presuntamente cometidas por la extinta guerrilla, y tipificadas, dentro del Derecho Penal nacional como secuestro simple, secuestro extorsivo, desaparición forzada, homicidio y toma de rehenes, entre otras. Siguiendo el Acuerdo Final de Paz, La Fiscalía presentó este informe sin hacer una calificación jurídica de las conductas sino agrupándolas como “Retención Ilegal de Personas". 

La Sala ha puesto este Informe, así como los demás informes recibidos por las entidades del Estado y las organizaciones de víctimas, a disposición de las personas comprometidas en estos y, en particular, del antiguo Estado Mayor de las Farc-EP. Luego de que los comparecientes conocieran los informes y contaran con un plazo razonable para preparar sus aportes de verdad, la Sala ha recibido la versión individual de 34 comparecientes, así como 8 versiones colectivas orientadas a partir de un temario general producto del análisis de los informes, indicando los temas de interés para la Sala en la construcción de este caso. Estas versiones fueron trasladadas a las víctimas, que hicieron observaciones y solicitudes a la Sala. La versión de Héctor Julio Villarraga Cristancho surge de la solicitud de los familiares de los Diputados del Valle, y del sobreviviente, Sigifredo López, de escuchar directamente al comandante del Frente que los tenía en cautiverio