Intervención del magistrado Eduardo Cifuentes durante la sala plena extraordinaria con la presencia del presidente electo Gustavo Petro
Doctor Gustavo Petro, presidente electo,
Doctor Álvaro Leyva Durán, ministro designado de relaciones exteriores
Señoras y señores magistrados
Sea lo primero agradecer a usted y al canciller designado, haber aceptado la invitación formulada.
Su propósito de asegurar en Colombia la Paz total no es solo un loable designio sino un mandato constitucional y un presupuesto básico de convivencia.
Nos ilusiona que ese vaya a ser el eje de su gobierno. No espere de nosotros, por tanto, sino apoyo a esta tarea, desde luego desde esta institución que se ocupa de investigar, juzgar y sancionar crímenes internacionales cometidos en el conflicto y en relación con el mismo.
Sin una robusta política de paz – como la que usted ambiciona poner en marcha- se torna extremadamente difícil que la JEP pueda cumplir su función judicial. Si los que comparecen ante esta jurisdicción a ofrecer verdad, asumir responsabilidad y ejecutar sanciones restaurativas, por ese hecho se exponen a la violencia en sus entornos de vida, la confianza de este canal de justicia arriesga erosionarse y finalmente extinguirse. Lo mismo se predica de las víctimas que se disponen a ofrecer verdades inéditas y que se enfrentan a amenazas semejantes. El asesinato de 326 desmovilizados de las extintas FARC (104 de ellos a 19 de julio de 2022) – a lo que se suma el asesinato de más de 900 líderes en los últimos 5 años (26 de ellos a 17 de julio de 2022) -, obligó a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de este tribunal a dictar 7 medidas cautelares de protección y a la Corte Constitucional a declarar un estado de cosas inconstitucional en lo relativo a las medidas de seguridad y protección de los excombatientes de las FARC.
Por eso quiero destacar que una inmediata estabilización del orden público, sobre todo en los territorios, es lo que en mayor grado puede contribuir al cumplimiento más básico y elemental de las funciones y deberes de la JEP.
La vertiente de la paz que tenga que ver con el cumplimiento integral y efectivo del acuerdo de paz, si se manifiesta en hechos concretos y reales tales como la reforma y el desarrollo rural integral, la solución al problema de las drogas ilícitas, el desminado, la mayor participación política, y la implementación completa de la paz territorial, permitirá consolidar la paz que se convino con las FARC. Pero también servirá de base para perseguir, tal vez en una escala superior, la paz total. Para la JEP, el liderazgo, el compromiso y la audacia del Estado en el desarrollo y cumplimiento del acuerdo de paz, resulta imperioso. En efecto, entendemos que las sanciones propias y las medidas de contribución a la reparación, que integran el sistema restaurativo, se alimentan de proyectos que a la vez que realizan los objetivos señalados en el acuerdo, facilitan a los comparecientes INSERTANDOSE en ellos el despliegue de los trabajos, obras y actividades de contenido reparador impuestos por la JEP. Lo anterior quiere decir que, sin proyectos que desarrollen el acuerdo y al mismo tiempo sirvan de plataformas de políticas restaurativas, resulta inconcebible contar con sanciones y medidas de carácter restaurativo viables y sostenibles como las contempladas en el régimen de la JEP. Sin sanciones y medidas restaurativas, la justicia transicional se queda a medio camino y se expone a que su misión judicial fracase por completo. Para tener sanciones y medidas restaurativas, se requiere impulsar proyectos vinculados al desarrollo del acuerdo de paz.
Finalmente, señor presidente, las sentencias de la JEP, serán estructurales y apuntarán a la no repetición tomando en consideración la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En esa medida, si el Estado Social de Derecho, gracias a sus políticas avanza y se afirma, sobre todo allí donde la presencia del Estado ha sido fantasmática y donde ese vacío ha generado tantas vulnerabilidades en la población, también estaremos juntos oponiendo un muro de resistencia a la repetición de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
La mejor política es aquella que en todo instante se endereza a conseguir la paz y la justicia social dentro del marco de la constitución política. En ese espacio común contará siempre, señor presidente, con la colaboración institucional de esta Jurisdicción.
