Bogotá, 4 de noviembre de 2022. Debido a que la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) reiteradamente ha resultado afectada en sus prácticas, proyectos colectivos y formas de organización con ocasión al conflicto armado, la JEP la acreditó como víctima colectiva en el marco del Caso 08: “Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano".

En la decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad identificó que las capacidades organizativas, la autonomía, presencia y participación social de Credhos, así como sus proyectos colectivos, se vieron afectados por los asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, atentados y amenazas de las que han sido víctimas los miembros de su junta directiva, integrantes, empleados y colaboradores desde 1987, cuando empezó su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos en Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

Tras resolver la solicitud radicada por la colectividad el 10 de diciembre de 2021 a través del informe: 'Hoy como ayer: Informe sobre victimización a personas defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado (1987-2016) -Caso Credhos-', la magistratura señala que la evidencia indica que las conductas criminales impactaron seriamente el número de integrantes que conformaban la colectividad de Credhos, comprometieron seriamente el liderazgo en la organización; afectaron su trabajo de campo, el activismo en el territorio por la defensa de los derechos humanos y el apoyo que brindan a las víctimas del conflicto armado.

Precisamente el informe con el que se solicitó la acreditación en calidad de víctima expone los hechos que afectaron a más de 80 miembros de la colectividad entre 1986 y 2016. El informe documenta detalladamente 16 casos de ejecuciones extrajudiciales en contra de directivos, investigadores y colaboradores, ocurridos entre 1989 y 2001, y expresa que fueron perpetrados por grupos paramilitares con la connivencia de agentes del Estado. Así mismo, expone 10 casos de desplazamiento forzado, cuatro atentados y detenciones arbitrarias. 

La centralidad de las víctimas orienta todas las actuaciones de la JEP, entre otras, el proceso de construcción dialógica de la verdad y la justicia restaurativa. Por eso, tras evaluar la documentación entregada, la sala decidió reconocer a Credhos su condición de víctima como sujeto colectivo. Y, con ello, su calidad de interviniente especial en el marco del Caso 08. El acto de acreditación constituye un reconocimiento de los daños y de la existencia de un interés directo y legítimo en el proceso judicial.

En el marco del trámite judicial que reconoce los derechos vulnerados, la JEP rechaza y urge a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes que investiguen los recientes hechos de violencia que han sido cometidos contra Credhos y los miembros de la colectividad, entre ellos los hostigamientos que se han intensificado en las últimas semanas, violaciones a sus derechos humanos y persecución a sus directivos. 

La labor de las organizaciones que defienden, promueven y protegen los derechos humanos en los territorios es fundamental para el cumplimiento del trabajo del Sistema Integral para la Paz y, con ello, la búsqueda de justicia y verdad. La situación de riesgo que enfrentan las personas que integran la base social, los equipos de trabajo y la junta directiva de la colectividad demandan del Estado acciones que garanticen el ejercicio de sus derechos y que eviten que las afectaciones por las que hoy la JEP les reconoce como víctimas del conflicto, no se vuelvan a repetir.