COMUNICADO 070 DE 2022

 

La JEP conmemora los 29 años de existencia de la Ley 70 de 1993 que protege los derechos de las comunidades afrocolombianas

 

La Jurisdicción Especial para la Paz reitera su compromiso para restablecer los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales afectadas por el conflicto armado y se compromete con la implementación de la Ley 70 de 1993 en el marco de la justicia transicional y restaurativa.



 

Bogotá, 27 de agosto de 2022. La Jurisdicción Especial para la Paz conmemora el 29 aniversario de la expedición de la Ley 70 de 1993, a través de la cual se establecen los mecanismos legales para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico.


La expedición de esta ley se considera como uno de los mayores logros conseguidos por los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en cuanto al reconocimiento de sus derechos como pueblos étnicos. Ese logro se ve materializado a través de la justicia transicional con enfoque restaurativo que aplica la JEP, pues se trabaja de manera transversal por la seguridad jurídica de estas comunidades, teniendo en cuenta sus asentamientos históricos, valorando su ancestralidad y sus derechos asociados.


La protección y el restablecimiento de estos derechos están presentes en los tres macrocasos territoriales de la JEP, en los cuales intervienen miembros de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros acreditados ante la Jurisdicción. De esta manera se posibilita la rehabilitación de la estructura de los derechos al uso y aprovechamiento del territorio, la autonomía, el gobierno propio, las prácticas de administración de justicia tradicional y las prácticas culturales.


Así mismo, la JEP sigue comprometida con la protección de estas comunidades, a través de las nuevas acciones que buscan restaurar los derechos de las comunidades y territorios étnicos.


La JEP se une a la conmemoración de la Ley 70 de 1993, que ha contribuido a la consolidación de los derechos ancestrales, territoriales y organizativos de las comunidades negras. Además, reitera su compromiso de seguir reconociendo el valor de esta ley para avanzar en la aplicación de justicia y la eliminación de prácticas de racismo estructural que aún puedan estar presentes en el sistema judicial y en la sociedad colombiana.