COMUNICADO 087
JEP DECRETA MEDIDAS CAUTELARES EN CEMENTERIO CENTRAL DE NEIVA
- La decisión fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad al determinar un riesgo inminente de los cuerpos no identificados que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada.
Bogotá, 10 de agosto de 2021. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares por un año en el Cementerio Central de Neiva -que está bajo la administración de la Parroquia de la Inmaculada Concepción desde 1883-, para proteger los cuerpos que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada del conflicto armado.
La decisión la adoptó la Sección luego de realizar una audiencia pública este martes en Neiva, capital de Huila, para determinar el riesgo en que se encontraban los procedimientos de inhumación, exhumación, marcación e identificación de los cuerpos No Identificados (CNI) y los Cuerpos Identificados No Reclamados (CINR).
En la diligencia, los magistrados determinaron que dichos procedimientos representan un peligro para los cuerpos, de acuerdo con la manera en que se desarrollan actualmente, derivada de la mezcla y la pérdida de cuerpos. Se estableció que una vez los CINR cumplen el término de 5 años en bóvedas, son removidos y trasladados a osarios en donde están los CNI.
“Este proceso facilita que los restos de universos diferentes de personas se combinen, potencializándose la imposibilidad de identificación", explicaron los magistrados.
Además, la Sección estableció la existencia de un riesgo actual e inminente respecto de los cuerpos que se encuentran inhumados en el Monumento 14, el osario y la fosa común ubicados en el Cementerio Central de Neiva, lugares que fueron visitados por los funcionarios de la jurisdicción, previamente a la realización de la diligencia, donde corroboraron las alarmas presentadas por algunas de las entidades públicas respecto de la desatención y el mal estado en el que se encuentran los lugares de inhumación y los cuerpos allí ubicados.
Por otra parte, la Sección identificó un riesgo latente frente a un futuro traslado del cementerio. De llegar a materializarse un plan de reubicación sin haber atendido antes las dificultades que ponen en peligro los cuerpos inhumados en el cementerio, esto aumentaría la posibilidad de mezcla y pérdida de estos.
¿En qué consisten las medidas cautelares?
Las medidas cautelares no solo resultan esenciales para evitar el daño de los cuerpos, sino que tienen por objeto cooperar con las demás instituciones del Sistema Integral para la Paz y otras agencias del Estado para evitar la afectación de los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada con ocasión del posible traslado del Cementerio Central de Neiva.
Según lo ordenado por el Tribunal, los administradores del cementerio y los custodios de los cuerpos deberán llevar a cabo acciones que garanticen la individualización y separación de los CNI y CINR en el Cementerio Central de Neiva. Además, la Alcaldía de Neiva y la Gobernación de Huila deberán solicitar el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para realizar la debida marcación de las bóvedas donde reposan los CNI y CINR.
La Sección ordenó al Instituto Nacional de Medicina Legal, así como a la Parroquia de La inmaculada Concepción, remitir la información respecto de la actualización de bases de datos e informar acerca del estado del Cementerio Central de Neiva.
Además, el Tribunal ordenó a las entidades públicas y privadas, y a las organizaciones de víctimas, integrar una mesa de trabajo para discutir las eventualidades de un traslado y prepararse ante el mencionado riesgo.
Sobre la audiencia
Durante la diligencia, la Sección requirió a la Fiscalía General remitir la información y los avances respecto de los cuerpos de Tarsicio Medina Charry, hermano de Linda Paola Medina Charry, desaparecido el 19 de febrero de 1988, y Albeiro Ordóñez, hermano de Anna Janeth Ordóñez Rojas, desaparecido el 27 de septiembre de 2010.
Las organizaciones de víctimas Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio (Obsurdh), la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes) y la Corporación Reiniciar solicitaron a la JEP la protección de los cuerpos no identificados en el Cementerio Central de Neiva y realizar un cruce de información de las inhumaciones antes del año 2000, hasta 2007 y después de 2007.
La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP presentó los hallazgos encontrados en el análisis que desarrolló en el Cementerio, destacó que 143 personas podrían ser víctimas de desaparición forzada, pero la cifra de los identificados que no han sido reclamados no se pudo establecer con certeza, debido a que hay una mezcla del universo de personas no identificadas con las personas que fueron identificadas no reclamadas.
La UIA advirtió que las fachadas de los mausoleos no están debidamente marcadas y en las bóvedas se encuentran entre una, dos y hasta tres personas en un mismo lugar sin ser individualizadas.
En la diligencia también fueron escuchados los informes de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Gobernación de Huila, la Alcaldía de Neiva, la Diócesis de Neiva, la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Neiva y la Procuraduría.
A la fecha, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad ha decretado medidas cautelares en San Onofre, Hidroituango, San Lorenzo y la Comuna 13, para proteger los cuerpos que se encuentran en estos lugares y que podrían corresponder a víctimas de desaparición forzada.
