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COMUNICADO 161 de 2020

 

​COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

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Bogotá, D.C., 15 de noviembre de 2020. Ante versiones revictimizadoras que han circulado en las últimas horas, la Jurisdicción Especial para la Paz se permite informarle a la opinión pública lo siguiente:

 

  • La JEP decidió imponer una medida cautelar de protección sobre el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en virtud de una solicitud elevada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) encaminada a proteger los cuerpos de personas dadas por desaparecidas.

     
  • Al mismo tiempo, en el contexto de los macrocasos 03 y 04, la JEP obtuvo información sobre la existencia de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales, seguidas de desapariciones forzadas, cuyos cuerpos se encontrarían inhumados de forma ilegal en el referido cementerio.

     
  • Con miras a determinar la veracidad de los datos suministrados por diversos comparecientes de la fuerza pública, la JEP ha venido practicando numerosas pruebas (inspecciones judiciales, testimonios, entre otros); así mismo, ha realizado un ejercicio de contrastación de la información in situ, consistente en practicar labores de prospección y exhumación, diligencias que siempre han estado acompañadas por representantes del Ministerio Público.

     
  • El equipo forense de la JEP se ha ceñido rigurosamente a los más altos estándares internacionales en materia de búsqueda de personas desaparecidas, contenidos en el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016).


Sobre el caso de Edison Lexander Lezcano

 
  • El día 18 mayo de 2002, en la vereda Alto Bonito, de Dabeiba, el joven Edison Lexander Lezcano fue sacado a la fuerza de su lugar de residencia, junto con otras personas, por integrantes de la fuerza pública. Posteriormente fue presentado como guerrillero muerto en combate e inhumado en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, en una fosa común con prendas militares del Batallón Contraguerrillas Arhuacos. A la familia jamás se le indicó el sitio donde se encontraba inhumado su ser querido.

     
  • La Fiscalía Seccional 50 de Dabeiba (Exp. 2582) mediante resolución inhibitoria de fecha 22 de abril de 2003 decidió archivar las diligencias, sin lograr identificar a los responsables del crimen, ni ubicar el sitio de inhumación de la víctima.

     
  • El artículo 3º de la Convención Americana contra la Desaparición Forzada de Personas señala que “Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima". Así mismo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana señala que los familiares tienen derecho a: (i) conocer el sitio exacto de inhumación del cuerpo; (ii) la realización de una ceremonia de entrega digna; (iii) que los responsables del crimen sean judicializados; y (iv) recibir una reparación integral por los daños causados.

     
  • El Estado colombiano aceptó su responsabilidad por los hechos y por ello los familiares recibieron una indemnización económica, con lo cual no se agotaron los deberes estatales de continuar investigando a los responsables del delito y el destino final de los despojos mortales, actividades que viene realizando la JEP.

     
  • En conclusión, el joven Edison Lexander Lezcano tuvo la condición de desaparecido hasta febrero de 2020, cuando su cuerpo fue identificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y entregado dignamente a sus familiares por la JEP.

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Sobre los casos de las familias Manco Úsuga y Úsuga Uribe

 

  • Dos de las víctimas de desaparición forzada identificadas por la JEP, Alveiro Úsuga Uribe y Eliécer de Jesús Manco Úsuga, de 14 años, fueron retenidas y posteriormente asesinadas el 14 de noviembre de 1997, tras una incursión paramilitar en la vereda Llanogrande de Dabeiba. “A mi casa fueron como 50 hombres, yo me volé de milagro y me salvé porque me tiré al rastrojo y ellos no me vieron", denunció un familiar a la Fiscalía en 2008 después de superar el temor de tantos años para poner en conocimiento de las autoridades estos hechos.

     
  • De acuerdo con los investigadores, los patrones macrocriminales identificados en los homicidios de Alveiro Úsuga Uribe y Eliécer de Jesús Manco Úsuga concuerdan con las características que presentan las víctimas de los llamados “falsos positivos" y desapariciones forzadas que investiga la JEP. Tras la incursión del grupo armado en la vereda Llanogrande en 1997, ambas víctimas fueron retenidas a la fuerza y horas después encontradas muertas con impactos de arma de fuego.

 

  • Eliécer de Jesús, de 14 años, quien murió por un impacto de proyectil detrás su cabeza fue inhumado como persona no identificada en una fosa común. Aún faltan por hallar los cuerpos de su padre Félix Manco Durango y el de su hermano Wilson Jairo, quienes fueron desaparecidos esa misma noche. La JEP está empeñada en esta búsqueda.

 

  • Alveiro Úsuga Uribe, quien fue sepultado como persona no identificada junto con Eliécer de Jesús, fue el primer miembro de la comunidad que fue retenido por el grupo armado la noche del 14 de noviembre de 1997. Según relataron varios testigos que presenciaron los hechos, también le endilgaron, de acuerdo con el reporte de la policía judicial para la época de la diligencia, tener en su poder: “2 escopetas calibre 20, un revolver calibre 38 con cinco cartuchos quemados y una en buen estado, 2 granadas de mano M26, una mina hechiza, 1 tarro de metralla, 1 tarro de pólvora y 120 cartuchos de fusil AK 47, 1 riata con cartuchera, 2 equipos de campaña hechizos, tres carpas, una soga, un radio de comunicaciones".

 

 

  • El día 20 de noviembre de 1997, la Fiscalía 50 Seccional de Dabeiba abrió de oficio investigación preliminar. A los cinco días, las diligencias fueron enviadas a la Justicia Penal Militar, por cuanto se consideró que habían muerto en un combate. Cabe aclarar que la investigación sólo se realizó por la muerte de Alveiro Úsuga y una persona no identificada, es decir, la muerte del menor de edad y de su padre no fueron investigadas.

     
  • El 17 de abril de 2008, a raíz de la denuncia instaurada por los hechos, se abre la investigación preliminar núm. 3355 por parte de la Fiscalía 50 Seccional de Dabeiba por la desaparición del señor Félix Antonio Manco Durango y sus dos hijos, así como por Alveiro Úsuga Uribe.

     
  • La Fiscalía 50 Seccional de Dabeiba, el 23 de junio de 2008, profiere resolución inhibitoria (archivo), es decir, no se lograron determinar los responsables del delito ni los sitios de inhumación de las víctimas.

 

  • Al igual que con el caso de Edison Lexander Lezcano, la Fiscalía General de la Nación y las familias Manco Úsuga y Úsuga Uribe desconocían el sitio de inhumación de sus seres queridos.

 

  • Todos los avances que ha realizado la JEP en estos casos son consecuencia de los aportes a verdad plena realizados por distintos comparecientes de la fuerza pública, así como por una intensa labor investigativa adelantada por los despachos relatores.

 

  • Afirmaciones encaminadas a desconocer estas realidades procesales, fundadas tan sólo en rumores, revictimizan gravemente a las familias de los desaparecidos.

 

Otras entregas dignas

 

Gracias a la realización de un trabajo interinstitucional, realizado por la JEP, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se lograron asimismo identificar y entregar dignamente a sus familiares los cuerpos de Yulieth Andrea Tuberquia, de 16 años, y Nelson Antonio Góez, quienes fueron víctimas de diversos actores del conflicto armado.

 

La JEP continuará buscando a las personas desaparecidas en razón del conflicto armado, independientemente de quiénes hayan sido los autores de esos crímenes.