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La JEP investiga cumplimiento de medidas de seguridad para comparecientes en riesgo
- La JEP determinará la efectividad de las acciones emprendidas por 11 entidades del Estado para proteger la vida de los integrantes del partido Farc.
Bogotá, 23 de julio de 2020. El 21 de julio se llevó a cabo virtualmente la primera audiencia, de las dos ordenadas por la Sección de Ausencia de Verdad y Reconocimiento de la JEP, frente al estudio de medidas cautelares para proteger a los comparecientes, en este caso de las Farc, que están en riesgo.
A la fecha, más de 214 personas reincorporadas han sido asesinadas.
A esta audiencia, con enfoques territorial y de género, que trató sobre la situación del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruíz (que fue trasladado a Mutatá), 11 entidades encargadas de la seguridad y persecución penal a los autores de los ataques contra los integrantes del partido Farc, incluyendo las autoridades locales de la región, presentaron las acciones y las medidas que han implementado para proteger la vida e integridad de las y los firmantes del Acuerdo Final de Paz. La Sección de Ausencia enfrenta ahora la tarea de analizar la eficiencia y eficacia de las acciones emprendidas por las 11 entidades citadas en la diligencia.
En esta diligencia virtual, en la que participaron 100 personas, la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y sucesoras del Paramilitarismo de la Fiscalía General de la Nación presentó algunos datos que ofrecen un contexto detallado de la situación humanitaria de los integrantes del partido Farc. Indicó que en la región noroccidental se registraron 46 víctimas. De estas 36 son víctimas de homicidio; 9 de tentativa de homicidio y una de desaparición forzada. El 60,87% (28) de los casos se dio en Antioquia, el 34,78% (16) en Chocó, y el 2,17% (1) en Córdoba y Caldas.
Los excombatientes presentes en la reunión calificaron la situación como “de extrema gravedad y urgencia" a pesar de las 56 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para esta región, y de las medidas de seguridad implementadas por la Unidad Nacional de Protección.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación reiteró la recomendación de poner en marcha las instancias creadas en el Acuerdo Final para su implementación y que “establecen lineamientos para la protección y el respeto de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de los excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y a la construcción de una paz estable y duradera."
A su vez, la Unidad Nacional de Protección (UNP) manifestó no contar con los medios suficientes para poder brindar la atención efectiva de seguridad a los comparecientes en esta región del país.
