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 Organizaciones negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras insisten en medidas que promuevan la paz territorial en medio de la emergencia por el Covid-19 


 

  • La Secretaría Ejecutiva de la JEP está desarrollando varias acciones para dar continuidad al proceso de participación de la población afrocolombiana garantizándoles conectividad remota, soporte tecnológico y acompañamiento el acceso a la jurisdicción.
 
Bogotá, 16 de junio de 2020. “La emergencia sanitaria causada por el Covid-19 ha acentuado las existentes condiciones de discriminación y violencia que por g​eneraciones han vivido las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país". Esta fue una de las principales conclusiones del seminario virtual organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad (“Alternativas de participación y coordinación de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros en tiempos de aislamiento social: una construcción colectiva") que se realizó el pasado 29 de mayo.
 
En este seminario participaron representantes de organizaciones como Afrodes, la Red de Concejos Municipales del Pacífico Sur (Recompas), Caribe Afirmativo, el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano y Codhes, la Magistrada Nadiezhda Henríquez, el Subsecretario Ejecutivo de la JEP Harvey Suarez, la comisionada de la Verdad Ángela Salazar y la directora de pueblos étnicos de la Comisión de la Verdad (CEV) Sonia Londoño.
 
Allí se identificaron alternativas para la participación de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros (NARP) en este contexto, y explicaron que si bien hay procesos que ya venían funcionando dentro de la relación comunidades- instituciones, estas comunidades deben enfrentar barreras de acceso a la justicia pues no cuentan con canales adecuados de comunicación, conectividad e inmediatez que se profundizan por la emergencia sanitaria relacionada con el Covid-19.
 
Por ejemplo, Helmer Quiñónez, representante del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) explicó que “es necesario pensar no solo las incomodidades técnicas y logísticas que supone dar una declaración virtual en el entorno propio o en cualquier otro lugar, sino tener las presentes limitaciones que tienen los afrodescendientes y los pueblos indígenas para acceder a la justicia, a la verdad y a la búsqueda de los desaparecidos. También hay dificultades en términos de protección, que acompañadas de las dificultades logísticas y todas las dificultades que sostiene el racismo estructural, nos limita el acceso a las diferentes instituciones del Estado, inclusive a la JEP".
 
A su vez, Sonia Londoño, directora de pueblos étnicos de la Comisión de la Verdad agregó que “la virtualización afecta los derechos de los pueblos étnicos en la participación, las voces y las narrativas".  Según los participantes en este foro, las condiciones de desigualdad y exclusión en las que se encuentran los pueblos NARP las expone a confinamientos, fuegos cruzados, desplazamientos masivos y falta de atención y asistencia a las víctimas.
 
“Tanto el conflicto armado como el Covid-19, ambos en un contexto de abandono total y falta de protección por parte del Estado, son los últimos episodios en una cadena continua de violencias e injusticias contra el pueblo afrodescendiente, basado en las ideologías coloniales, la lógica capitalista, el racismo y el patriarcado", afirmó Esther Ojulari, representante de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento (CODHES).
 
A pesar de todas las limitaciones y problemas, los líderes, organizaciones y Consejos Comunitarios han puesto en marcha distintas alternativas para contribuir al bienestar de sus comunidades. Estrategias como el trueque y el uso de las plantas ancestrales han sido usadas para actuar ante la emergencia desde la tradición cultural.
 
Luz Marina Becerra, directora de las Comadres de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), explicó que se están usando prácticas espirituales y culturales para atender los problemas psicológicos y emocionales que está dejando la emergencia sanitaria en las comunidades. Igualmente, se están creando redes de denuncia ante la profundización de condiciones de inseguridad y desprotección que se manifiestan en la creciente violación de derechos humanos, especialmente en homicidios de liderazgos comunitarios y sociales, confinamientos y desplazamientos forzados, debido a que la inseguridad y los riesgos se han incrementado en los territorios.
 
Durante el seminario se plantearon varias propuestas encaminadas a facilitar la participación de las víctimas en esta situación de anormalidad, sin embargo, las preocupaciones son muchas. Cindy Hawkins de la organización Caribe Afirmativo, afirmó que se deben adoptar medidas con una “perspectiva interseccional que tengan en cuenta todas las identidades que pueden converger en una persona, y que la hacen ser quien es, y por eso es importante su participación". 
 
El seminario también contó con la participación de la magistrada afrodescendiente Nadiezhda Henriquez, relatora del caso 04, que estudia la situación territorial de Urabá, Darién y Bajo Atrato, quien afirmó que “estas reflexiones, análisis y llamados de atención son muy importantes, pues representan una oportunidad para vernos, escucharnos y entendernos y poder fortalecer los lazos de comunicación que necesitamos. Es una apuesta importante que va a demandar que nos escuchemos dentro de nuestras realidades y nuestras posibilidades para construir el Acuerdo de Paz".
 
En el mismo sentido, la comisionada Ángela Salazar afirmó que “el trabajo conjunto de la JEP y la CEV debe hacer visible lo invisible. Hay que hacer énfasis en las afectaciones estructurales. El trabajo es más importante cuando nos unimos y esta situación puede permitir otras formas de acercamientos".
 
Por su parte, el Subsecretario Ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez, explicó que la JEP está desarrollando varias acciones para dar continuidad al proceso de participación de la población afrocolombiana garantizándoles conectividad remota, soporte tecnológico y acompañamiento técnico para lograr el acceso a la JEP en condiciones de bioseguridad, igualdad y no discriminación. Esto se está combinando con espacios de presencia controlada y virtualización de materiales pedagógicos y piezas comunicativas dirigidas a víctimas y actores estratégicos.
 
Líderes y lideresas de todas las organizaciones participantes acogieron las palabras de los representantes de las instituciones y enfatizaron en la importancia de la virtualidad para dar continuidad con los procesos que llevaban con las comunidades. “Estos mecanismos virtuales pueden aportar a la conectividad y seguridad de las víctimas para así tener acceso a la verdad en audiencias y conocer de viva voz lo que plantea el compareciente", afirmó Juan Carlos Angulo de la organización RECOMPAS.
 
Finalmente, las organizaciones coincidieron en reiterar su voluntad de participación en el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición a través de un trabajo conjunto y a pesar de las dificultades estructurales y las coyunturales en época de pandemia.