El contrato lo realizó el Fondo Colombia en Paz, después de una "invitación pública para el arrendamiento durante 5 meses, de 38 vehículos convencionales de gama media-alta, full equipo, modelo 2016 en adelante y 3 camionetas tipo cabinada con blindaje Nivel IIIA, cinco puertas, 4x4". Este contrato incluye el suministro de combustible hasta 3000 kilómetros y los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo, polizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, seguro obligatorio e impuestos al día. En otras palabras, la Secretaría Ejecutiva de la JEP no es la que ha adelantado este proceso de contratación.
Limitaciones presupuestales
P: ¿Cuál es el valor total del contrato?El valor total de la propuesta fue de $1.371.806.320 . El valor para cada mes de los vehículos convencionales es de $6.532.559 pesos y el de los blindados es de $8.708.000 por mes.P: ¿Por qué se establece ese límite?El límite lo fijó el Ministerio de Hacienda. El 5 de octubre, en un correo al Ministerio de Hacienda, el Secretario Ejecutivo solicitó para esquemas de seguridad -incluido vehiculo y escolta- un presupuesto de $5.241.600.000 .El 16 de noviembre, el Ministerio de Hacienda le envió un correo al Secretario Ejecutivo en el que solicitó optimizar los costos de los servicios de seguridad que se pretendían brindar y recomendó acudir al apoyo de la Unidad Nacional de Protección.El 28 de diciembre el Minhacienda asignó para "alquiler de vehículos" $1.440.000.000 (y otros $684.000.000 para vigilancia privada). Una cifra muy inferior a la solicitada, que superaba los 5 mil millones de pesos.Con el alquiler se alcanzó prácticamente el tope. Un vehículo de esas características el mercado cuesta cerca de 48 millones de pesos. La compra de 38 (que igual está prohibida) superaría los 1.800 millones de pesos. Prohibido comprarP: ¿Además de ese techo presupuestal, qué otras razones se tuvieron en cuenta para no comprar los 41 vehículos blindados?La compra de vehículos está expresamente prohibida en el artículo 83 de la Ley 1873 de 2017, que hace relación a las medidas de austeridad.Otra igualmente importante es que no existía ni existe aún una disposición legal que incluya a los funcionarios de la JEP entre aquellos que por razón de su cargo deban contar con esquemas de seguridad predeterminados. El Decreto 1066 de 2015 sólo hace referencia a los magistrados de la Rama Judicial. Y tampoco se cuenta con estudios de seguridad de los funcionarios objeto de protección que facilitaran la justificación del alquiler de la totalidad de vehículos blindados.Situación transitoriaP: ¿Esta situación continuará así para los altos funcionarios de la JEP?De ninguna manera. El arrendamiento de vehículos se adelantó para suplir una necesidad de transporte . Sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad de contar con un esquema de protección para magistrados y fiscales de la JEP, encargados de administrar justicia sobre los delitos más graves y representativos, asociados con el conflicto armado del país, es indispensable que se gestione la inclusión de la totalidad de magistrados y fiscales en el Programa de Prevención y Protección de la Unidad Nacional de Protección. Para ello es necesario modificar el Decreto 1066 de 2015 y ese trámite se viene adelantando ante el Ministerio del Interior. También se gestiona la petición de los estudios de seguridad ante la UNP para cada uno de los Magistrados.P: ¿Qué criterios se tendrán en cuenta para el esquema de protección desde septiembre de 2018? Tenemos marcos muy precisos: Como decía, la compra de vehículos está restringida por el plan de austeridad previsto en la Ley Anual de Presupuesto. Ese escenario de arrendamiento deja por fuera otros elementos que conforman un esquema protectivo (escoltas y elementos), por lo que es recomendable considerar la prestación de ese servicio por parte de la Policía Nacional o de la UNP. Es necesario que las medidas y esquemas de protección sean recomendados por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas-CERREM. Además, para formular el proyecto de inversión hay que adjuntar como soporte un documento de la UNP o de la Policía Nacional que resuma los esquemas protectivos a financiar. P: ¿Cuál es entonces el panorama desde esa fecha? Los Magistrados han solicitado camionetas blindadas. Se ha previsto un esquema individual compuesto por 1 vehiculo blindado,1 conductor y un escolta. Este es el esquema equivalente al de un magistrado de Alta Corte, salvo los de la Sala Penal de la CSJ. Sin embargo, y de acuerdo con la evaluación del nivel de riesgo individual, este esquema podría ser reforzado por algunas personas, previo concepto del CERREM.P: ¿Y qué se ha hecho en ese sentido? El 23 de marzo la UNP envió una propuesta de suscripción de un convenio interadministrativo que incluye los costos de los esquemas protectivos para 38 magistrados, el Director de la Unidad de Investigación, 16 fiscales, el Secretario Ejecutivo y un esquema para la Presidencia. El costo para los 57 esquemas (incluyendo 15 fiscales) entre septiembre de 2018 y marzo de 2019 es de $7.807.668.133 .El pico y placa¿Los vehículos Logan tendrán restricción de pico y placa?Dado que los vehículos tienen placa amarilla fue necesario gestionar ante la Secretaría Distrital de Movilidad el levantamiento de la restricción. En una reunión previa en Secretaría Privada de la Alcaldía se acordó que el contratista haría llegar por intermedio de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, la información de las placas de los vehículos arrendados. Así se procedió el 27 de marzo, para dar inicio al trámite de exoneración de la restricción del pico y placa.
