Una audiencia transformadora
- En la Audiencia de Reconocimiento del Caso 01, que estudia la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP, víctimas, y comparecientes del antiguo secretariado conocieron las dolorosas heridas del secuestro y exploraron posibles caminos de restauración.
- Después de esta audiencia, la JEP se acerca a la imposición de las primeras sanciones.
Bogotá, 23 de junio de 2022. En la primera Audiencia de Reconocimiento del Caso 01, conocido como el de secuestro, que tuvo lugar el 21, 22 y 23 de junio en Bogotá, el país no solo supo cómo las Farc-EP ejecutaron estos crímenes y cuáles fueron sus modalidades, sino que también vio a los exintegrantes del secretariado asumiendo la responsabilidad por estos hechos, escuchando las demandas de las víctimas y comprometiéndose en darles respuestas y reparar el daño.
Fueron tres días dolorosos, en los que las víctimas se encontraron frente a frente con los integrantes del último secretariado de las Farc-EP, quienes participaron de la aprobación de las políticas y decisiones que hicieron del secuestro uno de los flagelos que más daño le ha hecho a Colombia; y quienes estando en los mandos más altos, no impidieron, ni previnieron, ni castigaron, los malos tratos, la violencia sexual, la tortura, el homicidio, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado que se presentaron como consecuencia del secuestro.
De un lado, estaban los que decidieron perpetrar secuestros para financiar la lucha armada, para presionar el intercambio por guerrilleros presos o para tener control sobre el territorio. Y frente a ellos, estaban las víctimas de esas decisiones: Los hijos que crecieron sin padres, las madres que tuvieron sacar adelante solas a sus hijos, los que quedaron llenos de deudas por pagar un rescate, los que perdieron sus negocios, los que perdieron su capital político, los que sufrieron violencia sexual en el cautiverio, los que fueron forzados a trabajar, los que quedaron con secuelas en sus cuerpos, los que ya nunca pudieron volver a dormir bien.
Hubo reclamos, hubo insultos y reproches, pero también hubo escucha, empatía y perdón. Hubo verdad, la primera cuota para restaurar tantos daños causados, para transformar a la sociedad colombiana. Se supo, por ejemplo, que las Farc-EP no solo secuestraron a personas de clase alta. En estos tres días fueron muchas las víctimas de origen humilde que le contaron al país que sufrieron este flagelo. Como las hijas de Osser Saavedra y Jesús Antonio Molano, quienes fueron secuestrados y después desaparecidos, junto a otras tres personas, entre ellas una mujer con seis meses de embarazo, en La Uribe Meta, por trabajar en una cooperativa de soldados y estar en la región vendiendo unos bonos en el año 2005.
También se supo que entre todas las víctimas acreditadas en el Caso 01, la mayoría fueron privadas de su libertad con fines de control territorial. La magistrada de la Sala de Reconocimiento, Julieta Lemaitre, relatora de este Caso, explicó que se trató de personas que fueron secuestradas porque pensaban que eran cercanos a los enemigos de la guerrilla, porque no les obedecían o porque se trataba de funcionarios públicos o empleados de empresas a quienes la guerrilla quería expulsarlos o controlarlos.
“Las víctimas de este patrón tuvieron una especial vulnerabilidad pues no tenían un valor para las Farc-EP ya que no representaban un pago de dinero y tampoco tenían el valor de intercambio de las víctimas destinadas a forzar un canje (…). En este patrón criminal no solo hubo malos tratos, asesinatos y desapariciones, sino casos de violencia sexual y trabajos forzados".
Este fue el caso de el geólogo Gerardo Arandia, quien fue secuestrado el 20 de julio de 2000 en Puerto Rico, Caquetá y posteriormente desaparecido. De acuerdo con su esposa, Martha Ospina, Arandia fue forzado a trabajar en el “trazo de una carretera para el desplazamiento de carros de las Farc-EP".
Verdades que transforman
Esta audiencia sirvió para limpiar el buen nombre de muchas víctimas de secuestro, como el exconcejal Oswaldo Díaz, quien fue secuestrado en octubre de 2001 en Palmira, Valle del Cauca, y posteriormente desaparecido, supuestamente por haber participado de actos de corrupción.
Ante las exigencias de su hijo, Edward Oswaldo Díaz, el compareciente Pablo Catatumbo Torres manifestó: “Quiero hacer un reconocimiento y dignificar el nombre del concejal Oswaldo Díaz, fue calumniado de cometer un delito que no había cometido. Por eso hoy, como acto de reparación, puedo decirle que dignificamos su nombre (...). Dañamos la dignidad de ese hombre y de esa familia. Nunca presentamos pruebas de que eso fuera cierto, nunca tuvimos evidencia que él hubiera cometido un acto de corrupción. Actuamos con arrogancia y soberbia y sin ningún derecho".
Igualmente sucedió con Éibar Meléndez, un líder sindical acusado de corrupción que fue liberado, pero que nunca pudo quitarse ese estigma. El compareciente le expresó: “Nunca tuvimos evidencias de que la acusación que se hizo contra usted fuera cierta. Hoy públicamente le digo a Colombia que el señor Éibar Meléndez no es un corrupto y haré todo lo posible para limpiar su honra".
Asimismo, lo hizo Rodrigo Londoño, último comandante de las Farc-EP, cuando afirmó: “Ahora entendemos que las privaciones de libertad generaron daños en el buen nombre, en la honra y en el prestigio de las personas cautivas. A muchas se les señaló de pertenecer a otros grupos armados (…), fueron formas de desarraigo".
Otras verdades que fueron protagonistas en esta audiencia fueron las que permitieron a las familias de víctimas desaparecidas saber qué pasó con su ser querido, como fue el caso del ingeniero Orlando Alberto Toledo Lugo, un ingeniero forestal secuestrado el 26 de julio de 2005 en Convención, Norte de Santander, y posteriormente desaparecido.
Lo ocurrido con él lo aclaró Rodrigo Londoño, a petición de la magistrada Lemaitre, para que su esposa pudiera tramitar su acta de defunción: “Intentó fugarse y el guarda lo asesinó. Tengo esa certeza, fue en 2005".
¿Qué sigue ahora?
Esta diligencia acerca el Caso 01 a la implementación de las primeras sanciones. La Sala de Reconocimiento tendrá tres meses para evaluar el reconocimiento de los exjefes de las Farc-EP, las observaciones de las víctimas y determinar, en la Resolución de Conclusiones, si los comparecientes deben ser remitidos a la Sección de Primera Instancia en Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad o a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
La Sala remitirá a la Sección de Reconocimiento a los comparecientes que hayan asumido responsabilidad y aportado verdad plena, detallada y exhaustiva: y estos comparecientes podrán acceder a una sanción propia.
La Resolución de Conclusiones será evaluada por la Sección de Reconocimiento que determinará finalmente en qué consistirá la sanción. La sanción propia puede tener una duración entre 5 y 8 años, implica restricción efectiva de libertades y derechos que serán monitoreados por la Misión de Verificación de la ONU. Se trata de una sanción que obliga a los responsables del sufrimiento y dolor de las víctimas, a reparar con su trabajo el daño causado.
Los comparecientes que no hayan reconocido su responsabilidad serán remitidos a la UIA y podrán enfrentar un juicio adversarial en la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas. Podrían enfrentar sanciones que van hasta los 20 años de cárcel.
