​ COMUNICADO 57

Caso 09: En Chocó, la JEP firma acuerdo de articulación interjurisdiccional con autoridades étnicas para fortalecer la aplicación de la Justicia Transicional Restaurativa

• La Jurisdicción y 57 autoridades étnicas del Chocó firmaron acuerdos que reconocen la autonomía en la toma de decisiones de los pueblos indígenas y afrodescendientes, además fortalecen la articulación con sus sistemas de justicia propios en el marco del Subcaso Chocó, una de las cuatro zonas priorizadaspor el
  Caso 09. 
• Los acuerdos son el resultado de un proceso participativo de once meses con las autoridades de las comunidades negras y las autoridades de los pueblos indígenas Embera Dobida, Embera Eyabida, Embera Katio y Wounaan de diez municipios de la subregión del Atrato en Chocó y Antioquia, e incluyeron mesas temáticas sobre desaparición forzada y participación de mujeres. 
• Los acuerdos incluyen las formas de participación a través de sus autoridades y formas organizativas, de coordinación entre ambos sistemas de justicia, así como también el abordaje de temas como desaparición forzada, violencia sexual y otras formas de violencia basadas en género.  
• Durante la diligencia, se notificó con pertinencia étnica el auto que establece los criterios de participación dentro del Caso 09, así como la priorización del departamento del Chocó como una de las zonas focalizadas. Particularmente, la subregión del Atrato para esta investigación de crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos. 

Bogotá, 02 de mayo de 2025. Con el objetivo de coordinar esfuerzos para esclarecer los crímenes más graves ocurridos durante el conflicto armado, la JEP, en colaboración con 14 autoridades étnicas del pueblo negro y 43 autoridades de los pueblos indígenas Embera Dobida, Embera Eyabida, Embera Katio y Wounaan de Chocó, suscribió la Ruta de Participación y Coordinación Interjurisdiccional e Interjusticias. Estos acuerdos establecen mecanismos de colaboración que reconocen la autonomía de los pueblos y sus autoridades en la toma de decisiones, al tiempo que refuerzan la articulación con sus sistemas de justicia propios, con el fin de garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la no repetición. 

La Jurisdicción avanza en su relacionamiento y articulación con los Pueblos Étnicos de Chocó. El pasado viernes 25 de abril, en un acto público acompañado por cooperantes internacionales, autoridades civiles, religiosas y organizaciones de derechos humanos, la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín —relatora del Subcaso Chocó, región del Atrato - Caso 09— formalizó con su firma los acuerdos establecidos y que fueron producto de un diálogo intercultural en clave de justicia restaurativa, en el marco de la investigación que aborda crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos.  

Estos acuerdos, que son el resultado de once meses de trabajo, se concretaron tras convocar escenarios de alistamiento con los pueblos negros e indígenas para definir un relacionamiento coordinado entre la JEP y las autoridades de los municipios de Bojayá, Medio Atrato, Quibdó, Carmen de Atrato, Lloró, Atrato, Río Quito y Bagadó en Chocó, así como Murindó y Vigía del Fuerte en Antioquia. Los acuerdos incluyen las formas de participación, disposiciones relativas a los comparecientes, mecanismos para adelantar conjuntamente y en sus territorios la búsqueda de los desaparecidos y una fórmula específica para la participación diferencial y segura de las mujeres, entre otros aspectos fundamentales para avanzar en la justicia transicional en la región. 

Durante la protocolización, la magistrada Henríquez Chacín destacó la importancia de estos acuerdos tanto para los pueblos étnicos como para la investigación de este subcaso del Caso 09 que lleva la Sala de Reconocimiento de Verdad: “La primera ventaja tiene que ver con que esto facilita un diálogo directo con los miles de víctimas que están en el territorio, a través de sus autoridades. Hemos hecho acuerdos con 43 autoridades de los pueblos indígenas y 14 autoridades de los Pueblos Afro, quienes tienen a su cargo toda la participación de diez municipios y la representación puntual e individual de cada una de las víctimas que sobreviven en los territorios de los que ellos son responsables”, dijo.  

Además, subrayó que estos acuerdos refuerzan el papel crucial de las autoridades étnicas como garantes de la justicia propia, otorgándoles un rol más fortalecido en la resolución de los conflictos: “Será un diálogo horizontal de las autoridades étnicas con la autoridad judicial transicional. Es el reconocimiento a ellos como las autoridades del territorio y a sus formas de justicia propia. Con ellos tendremos que discutir y validar las fórmulas de justicia que respeten sus prácticas tradicionales y que reivindiquen su autoridad, devolviéndoles la legitimidad y gobernanza perdida o fracturada en el marco del conflicto armado”. 

Durante este espacio, también se llevó a cabo la notificación con pertinencia étnica de la decisión judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que precisa cuáles son las zonas en las que se enfocará la investigación del Caso 09. De esta forma, atendiendo y respetando sus tradiciones y formas organizativas, se les informó que el Subcaso Chocó: Subregión de la cuenca del Atrato es una de las zonas priorizadas. Las otras son: Subcaso Buenaventura, Dagua y Pacífico Medio; Subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá; y Subcaso Amazonía y Orinoquía. 

La magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín explicó los fundamentos de la estrategia de investigación y priorización adoptada en el Caso 09. En particular, destacó la interseccionalidad de los enfoques diferenciales y la relevancia del enfoque étnico-racial y territorial como elementos clave para la investigación de los crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos. Además, se presentó el Universo Provisional de Hechos, es decir, el repertorio total de los crímenes que hasta ahora ha documentado la JEP contra esta población en ese territorio y que son la base fáctica de las investigaciones. 

Apoyo de la cooperación internacional 

La diligencia de protocolización de estos acuerdos contó con la participación de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y la Unión Europea, así como también la Gobernación del Chocó, la Diócesis de Quibdó, el Foro Interétnico de solidaridad con el Chocó - FISCH, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Organización de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, entre otras autoridades del orden departamental y municipal.   

Precisamente, este proceso fue posible gracias al proyecto ‘Apoyo al funcionamiento y la eficiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia’, una iniciativa de cofinanciamiento entre la Unión Europea y la Cooperación Alemana – GIZ. A través de este proyecto, la JEP recibe apoyo técnico y administrativo que contribuye a agilizar las decisiones judiciales en la Sala de Reconocimiento y demás Salas y el Tribunal para la Paz. 

La notificación del auto, la refrendación de los acuerdos por parte de las autoridades y la firma protocolaria de estos instrumentos no solo permiten la acreditación y participación de estos pueblos en el Caso 09, sino que también contribuyen a la materialización de los enfoques étnico territorial y diferencial y de la justicia restaurativa. Además, se fortalece la construcción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, promoviendo la participación efectiva de las comunidades negras e indígenas.