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Comparecientes de las extintas Farc-EP reconocieron en público ante la justicia y las víctimas su responsabilidad por secuestros en el Magdalena Medio
- De los cuatro comparecientes que aceptaron su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes cometidos en medio del cautiverio, solo uno había sido procesado en la justicia ordinaria.
- Los comparecientes de la antigua guerrilla admitieron que no hicieron lo suficiente para controlar el trato que sus subalternos les dieron a los secuestrados.
- En audiencia, los excombatientes reconocieron que, además de los secuestros, se dieron torturas, malos tratos e incluso violencia sexual.
- El Bloque Magdalena Medio operó en Santander y algunas zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.
- Ahora, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará sus reconocimientos y aportes de verdad para decidir si los envía al Tribunal de Paz para que les imponga una sanción que les permita trabajar en favor de las víctimas.
Bucaramanga, 12 de diciembre de 2025. “Les quitamos su libertad, les quitamos su dignidad”. “No fui capaz de asumir medidas para evitar que los secuestros ocurrieran”. “Comprendo la gravedad de los secuestros. Deben ser sancionados y no deben repetirse”. “Reconozco que no evité ni sancioné a los guerrilleros que estuvieron bajo mi mando y que afectaron a las personas secuestradas”. Con estas palabras, y en un hecho histórico, cuatro comparecientes del extinto Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP, imputados por la JEP como máximos responsables regionales de los secuestros, reconocieron los secuestros perpetrados en Santander y algunas zonas de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar.
En público, ante las víctimas y ante la justicia, durante la audiencia realizada en Bucaramanga los días 10 y 11 de diciembre, los comparecientes respondieron las preguntas que les formularon las víctimas, atendieron sus demandas de reconocimiento y hablaron de los daños causados por los secuestros, calificados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP como crímenes de guerra y de lesa humanidad. Por su gravedad, estos hechos no pueden recibir amnistía ni perdón judicial.
En la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad estuvieron: Erasmo Traslaviña, quien fue conocido como ‘Jimmy Guerrero’. Fue coordinador de la Unidad Norte, y bajo su cargo, operaron el Frente 33, cuya área de injerencia era el Catatumbo, y el Frente 20, entre 1997 y el 2003, cuya área de injerencia era el sur de Cesar y el norte de Santander. También estuvo Pedro Trujillo, quien fue conocido como ‘Alberto Cancharina’. Fue coordinador de la Unidad Centro, desde 2012 hasta 2016. Bajo su dirección estuvieron los frentes 4 y 24, en el nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueños y en el sur de Bolívar. En el 2002, también pasó a formar parte de esta Unidad el Frente 20.
Asimismo, asistió Jairo Cala, quien fue conocido como ‘Jairo Mechas’, quien integró la dirección de la Unidad Centro. Y también estuvo Fabio Gil, quien fue conocido como ‘Norbey Narváez’, responsable de las finanzas del Frente 23, una estructura de la Unidad Sur. De los cuatro comparecientes convocados, solo Gil había sido procesado en la justicia ordinaria
Todos ellos fueron señalados en el marco del Caso 01, en el que se investigan los secuestros de las extintas Farc-EP, como determinantes en la implementación de la política de secuestro trazada por el Secretariado de esa guerrilla en la región del Magdalena Medio. Con base en 189 hechos, múltiples e individuales, que son representativos de los secuestros en esta región del país, la Sala de Reconocimiento de Verdad los halló responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad. También los imputó por ser responsables regionales de otros crímenes como desaparición forzada, asesinato, tortura, atentados contra la dignidad personal y otros tratos crueles e inhumanos, desplazamiento forzado e incluso violencia sexual.
En la audiencia también participaron 11 víctimas que relataron lo que sufrieron en el cautiverio y presentaron demandas de verdad y de reconocimiento a los comparecientes. Sus relatos representaron el daño que sufrieron cientos de personas en el Magdalena Medio por las políticas de secuestro de la extinta guerrilla para financiar a la organización armada y en busca del control social y territorial, dos patrones criminales identificados en la investigación de la JEP.
“Este momento simboliza el encuentro que busca el proceso de paz: la posibilidad de generar un espacio de diálogo, en el que las víctimas den testimonio de los hechos sufridos y que los comparecientes de las extintas Farc-EP ante la JEP puedan reconocer su responsabilidad, mostrando con esto que podemos convivir de nuevo como colombianos sin recurrir a las armas”, dijo la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, quien presidió esta diligencia. La acompañaron las magistradas Catalina Díaz Gómez, Lily Rueda Guzmán y Marcela Giraldo Muñoz.
Reconocimiento de los secuestros en busca del control territorial
En la audiencia participó Adriana Cárdenas, pareja de Jhon Alexander Cárdenas, quien fue secuestrado y desaparecido por las extintas Farc-EP, en agosto de 2002, en Yondó, Antioquia. Adriana recordó que al momento del secuestro su pareja tenía solo 21 años y un hijo de apenas un año de edad. “Quienes pasamos por este dolor de la desaparición forzada nos vemos obligados a vivir con un duelo suspendido y con la incertidumbre profunda de no saber si nuestra persona amada está viva o muerta”, expresó. También dijo “en la casa hay una atarraya que él tejía y se quedó incompleta como su vida quedó incompleta”.
El compareciente Jairo Cala aceptó su responsabilidad y explicó que el secuestro se produjo por sospechas infundadas de que la víctima pudiera ser informante de los grupos de autodefensa que operaban en la zona. La familia de Cárdenas hasta hace poco no sabía si Jhon Alexander había sido asesinado y Cala, en un encuentro previo a la preparación de la audiencia, aseguró que así fue. “Al menos, ya tenemos esta verdad”, dijo Adriana cuando recibió la noticia.
Cala lamentó en público el daño causado y reafirmó el compromiso con la verdad y la búsqueda: “Hoy, a Adriana y a toda la familia de Jhon Alexander les decimos que mantenemos el compromiso de buscar su cuerpo y que esta audiencia no marca el fin de nuestros esfuerzos”.
En la audiencia también se abordaron los sufrimientos de los integrantes de la fuerza pública que fueron secuestrados por la guerrilla. Una de las víctimas que participó fue Elías Serrano, quien recordó que en diciembre de 1985 fue secuestrado en la vereda Valparaíso, en el municipio de Landázuri, sur de Santander. Hoy sufre de una incapacidad que le impide la movilidad. “Estoy secuestrado en mi cuerpo (…) Ustedes me cortaron las alas, ustedes no me permitieron volar”, les reclamó Serrano a los comparecientes.
El compareciente Pedro Trujillo reconoció la responsabilidad de la extinta Farc-EP en este caso y prometió trabajar en favor de víctimas como Serrano. Por su parte, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll le dijo a Serrano: “Usted dice que está preso en su cuerpo, pero yo lo que veo es un alma que vuela libre, y que el amor de su familia le da alas para levantar la voz y exigir justicia”.
Martín Valencia, oficial de la Policía Nacional, por su lado, describió los malos tratos a los que fue sometido durante su secuestro, que se prolongó por un año y cuatro meses, luego del asalto de las extintas Farc-EP a la Estación de Policía del municipio de Santa Elena de Opón, Santander, en 1991. “El secuestro es una acción que lleva al ser humano al estado más desgraciado en el que se pueda estar”, sostuvo Valencia. Les pidió a los comparecientes que reconocieran los hechos y que en el asalto iniciaron un incendio que afectó a la población civil.
“Nosotros fuimos los responsables del incendio, como lo fuimos del secuestro y de todos los sufrimientos que les tocó vivir a ustedes”, aceptó el compareciente Erasmo Traslaviña. También reiteró su disposición a aportar a los esfuerzos de localización de los policías desaparecidos en distintas tomas guerrilleras ocurridas en Santander. Ante este reconocimiento, el oficial Valencia manifestó que puede sumarse a esta búsqueda, pues conoció a quienes fueron sus compañeros y cuenta con información proporcionada por sus familias.
La magistrada Catalina Díaz Gómez destacó que la audiencia se convirtió en un escenario de “diálogo entre antiguos combatientes que se enfrentaron en la guerra y que hoy aportan, con sus propias manos y palabras, a la construcción de la paz y de la verdad. Eso es sumamente valioso”, celebró la magistrada.
Secuestros para financiar su organización armada
En el segundo bloque, la audiencia abordó los secuestros cometidos con fines económicos, en los cuales se exigían grandes sumas de dinero a las familias a cambio de la libertad y la vida de sus seres queridos. El compareciente Jairo Cala reconoció durante la diligencia que los secuestros con fines económicos en la región del Magdalena Medio se convirtieron en un “laboratorio” donde se multiplicaron diversas formas de violencia y prácticas de violación a los derechos humanos.
“No era solo el hecho de secuestrar a las personas, eran los métodos. Conocimos hechos extremadamente graves: se secuestraba al señor, luego se intercambiaba por la señora y después por el hijo (…). Ese tipo de prácticas terminaron con la muerte de algunas de las personas en cautiverio, ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias económicas que les hacíamos”, sostuvo el compareciente Cala.
Eso sucedió, por ejemplo, en los hechos que denunció Gerardo Berdugo. Relató cómo su suegro, Antonio Pereira, fue víctima de secuestro, en marzo de 2001, cuando tenía 70 años. Explicó que, durante los primeros días de cautiverio, Antonio sufrió la inflamación de sus piernas debido a la artritis que padecía y presentó complicaciones respiratorias. Ante su estado de salud, los guerrilleros informaron a la familia que debía realizarse un intercambio porque Antonio podía morir. Fue entonces cuando su cuñada, la profesora Hilda Milena, decidió tomar el lugar de su padre. Pero Hilda murió en el cautiverio, pues no pudieron pagar por su liberación. La guerrilla no cedió ni cuando los niños de la comunidad pidieron por la liberación de su profesora.
Berdugo mismo también fue secuestrado en mayo de 1999 en su finca El Urumal. Explicó que, a cambio de su liberación, los responsables exigieron a su familia la suma de 40 millones de pesos. “Me quedé mudo. Ni vendiendo la finca ni vendiendo todo podía recoger esa plata. Pensé, quizá me matarían al no poder pagar”, recordó, explicando que días después fue liberado luego de la negociación que logró su familia.
“Somos las Farc los responsables de estos dos secuestros y de este crimen cometido contra la señora Hilda (...) Es un hecho irreparable”, reconoció Cala. Aceptó además que Gerardo Berdugo fue tratado de forma inhumana durante su secuestro: “Sobre la soga, que le tocara hacer las necesidades delante de quienes lo vigilaban… es la manera de degradar la condición y el pudor humano y nosotros, como firmantes del Acuerdo de Paz, asumimos esa responsabilidad de su secuestro”.
En la diligencia también participó Ana Ilbia Ariza. Recordó que fue secuestrada en el año 2000, cuando era candidata a la alcaldía de Jesús María, Santander. “Durante mi cautiverio fui humillada, golpeada, violada sexualmente; sufrí daño psicológico y moral. Todo esto dejó cicatrices muy profundas en mi cuerpo, en mi memoria y en mi alma”, relató. Sin embargo, quiso hablar del perdón. “Me preguntan por qué puedo hablar de perdón hacia quienes me hicieron tanto daño. La respuesta es sencilla y dolorosa: porque me permite recuperar mi vida y caminar sin rencor”. También dijo que desde hace 17 años tiene una fundación que ayuda a niños y jóvenes pobres a tener oportunidades de estudio y de vida.
Por este hecho, el compareciente Fabio Gil Forero reconoció su responsabilidad. Admitió que en varias ocasiones él mismo negociaba los montos exigidos para la liberación de las víctimas. “Pasé 15 años en prisión y reflexioné mucho sobre esto, y a pesar de todo lo dura que es la prisión, nunca pude compararla a la dureza que tiene el cautiverio para un secuestrado”. Aceptó además que el secuestro con fines económicos “es el comercio con la vida y la muerte” y que es una “tortura” para el secuestrado, pero también para su familia.
Gil también aceptó que hombres bajo su mando secuestraron y abusaron sexualmente de “Ana Ilbia quien vivió el horror, la tortura, la crueldad, toda la barbarie que hubo contra su humanidad. Por tanto, asumo la responsabilidad de tan horrendo crimen, este es un crimen imperdonable por esto no es amnistiable”, dijo.
Antes de finalizar la audiencia, Ana Ilbia pidió encender una vela eléctrica que llevaron a la audiencia las víctimas para honrar su lucha y la memoria de quienes murieron en cautiverio. Ana Ilbia además ofreció un abrazo de perdón al compareciente Fabio Gil.
La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll expresó que se sentía profundamente conmovida por la grandeza de las palabras de Ana Ilbia. “Quisiera reiterar mi admiración hacia usted” y le agradeció por su trabajo a la comunidad. La magistrada también dijo que en la JEP las voces de todas las víctimas son bienvenidas, de las críticas, de quienes guardan rencor por lo sufrido. Sin embargo, destacó que los gestos de Ana Ilbia le dan esperanza “en que la paz es posible y que nuestro trabajo vale la pena”.
La magistrada cerró la diligencia resaltando “el amor y la bravura” de la comunidad del Magdalena Medio y su fortaleza para exigir verdad y justicia.
¿Qué viene?
Después de esa diligencia, la Sala de Reconocimiento de Verdad evaluará los reconocimientos y aportes de verdad de los comparecientes del extinto Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP. Si cumplen con los estándares internacionales, emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. Esa resolución incluirá los nombres de aquellos que hayan aportado verdad, reconocido su responsabilidad y sean considerados candidatos para la imposición de Sanciones Propias para trabajar en favor de las víctimas de secuestro en esta región del país.
