​COMUNICADO 101

Después de 14 años de búsqueda, la JEP entregó de manera digna cuerpo de un niño, víctima de reclutamiento y desaparición forzada

  • La identificación y la entrega digna se realizaron en el marco de la medida cautelar adoptada en 2021 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV), con el objetivo de proteger los cementerios de San José y el cementerio municipal de San José del Guaviare, donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada.
  • Esta medida se tomó en respuesta a la solicitud de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (COFB), en calidad de representante de las víctimas de desaparición forzada en San José del Guaviare. 
  • Como resultado de esta medida de protección, entre 2023 y 2025 se han recuperado e identificado 27 cuerpos de personas desaparecidas. A la fecha, se ha llevado a cabo la entrega digna y culturalmente pertinente a 23 familias.
  • En este caso, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP lideró las labores de exhumación, identificación y localización de sus familiares para llevar a cabo la entrega digna. Todo el proceso tuvo el respaldo y colaboración del Instituto Nacional de Medicina Legal. 
  • Su caso fue remitido al Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Bogotá, 30 de junio de 2025. Juan* tenía 14 años cuando fue visto por última vez en su casa, el 5 de marzo de 2011. ‘El Monito’, como lo llamaba su padre, soñaba con ser futbolista, trabajar la tierra, convertirse en ganadero y andar a caballo. Su talento para el fútbol fue descubierto por el profesor de la vereda, quien, con permiso de su padre, lo llevaba a jugar con otros niños en los torneos veredales. Aquellas competencias tenían un propósito claro entre la comunidad: alejar a la niñez del conflicto armado. Una tarde, sin embargo, Juan salió a jugar y nunca regresó.


“Cuando él se fue, pensé: se fue a jugar fútbol. Y ya luego no volvió nunca más”, recuerda su padre. Ese día, un frente de las Farc-EP asesinó al profesor de la vereda y se llevó a 16 niños que estaban bajo su cuidado. Entre ellos, Juan. Desde entonces comenzó una búsqueda incansable. Su padre tuvo que desplazarse para proteger su vida y la de su familia. Perdió a su ‘Monito’, su compinche, su acompañante en los cultivos de maíz y en las jornadas de encierro de los becerros.

Esta entrega digna se realizó en el marco de la medida cautelar adoptada en 2021 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP. Mediante esta decisión, la magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo ordenó la protección de los cementerios de San José y del cementerio municipal de San José del Guaviare, donde se han hallado víctimas de desaparición forzada, entre ellas Juan y otras cinco personas cuyos casos fueron remitidos a los casos 03 y 07 de la JEP.

“Lo tenía perdido. Luché y luché hasta que llegó el día en que la JEP me lo ha recuperado. Lo recuerdo mucho. Recuerdo que su afición era ser futbolista, ganadero y montar a caballo siempre. Este momento me significa una alegría, una reflexión muy linda, porque toda la vida sufrí por él, todo este tiempo. Siempre anhelé encontrarlo. No lo encontré vivo, pero hoy tengo su cuerpo santo y voy a darle una sepultura digna, donde pueda estar tranquilo”, expresó su padre.

En el marco de esta medida cautelar, la JEP ordenó el cerramiento del cementerio San José, la conservación de los cuerpos no identificados (CNI) y los cuerpos identificados no reclamados (CINR) que aún reposan allí, así como la prohibición de exhumaciones e inhumaciones en los dos cementerios cautelados, donde se presumía la existencia de víctimas de este crimen. Asimismo, la magistratura dispuso la elaboración de un inventario completo de los CNI y CINR que hay en el cementerio municipal de San José del Guaviare. 

Como resultado de esta medida, en 2023 se identificaron 18 cuerpos, se ubicó a sus familias y se realizó su entrega digna en el primer acto colectivo de este tipo llevado a cabo por el Sistema integral para la Paz y liderado por la JEP. De igual forma, se impulsó una estrategia conjunta con la UBPD y Medicinal Legal denominada: Búsqueda Inversa. Esta campaña masiva, busca localizar a las familias de personas identificadas que aún no han sido reclamadas. En el marco de este trámite cautelar, uno de los casos se encuentra en proceso de entrega y tres más están publicados en la página web, a la espera de que sus familias o un allegado establezcan contacto.

Los cinco cuerpos restantes —entre ellos el de Juan— fueron entregados este año, como resultado de la investigación adelantada por la UBPD y la JEP, y de la coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), la Unidad para las Víctimas (UARIV) y el Ministerio Público. Esto fue posible una vez concluidos los procedimientos técnicos y judiciales necesarios para su identificación forense y la localización de sus familiares.


Los hechos en los que fue desaparecido Juan continúan siendo investigados. Al tratarse de un niño reclutado, su proceso judicial fue remitido al Caso 07, que investiga estos crímenes. En 2024, precisamente, la JEP imputó a seis exintegrantes del antiguo secretariado de las extintas Farc-EP como máximos responsables y los llamó a reconocer su responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de 18.677 niñas y niños, así como por otros crímenes de guerra cometidos en su contra en el contexto de la vida intrafilas.


En la entrega digna de Juan participaron la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Fundación Nydia Erika Bautista y la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción. Su caso se suma a más de 100 entregas dignas realizadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal, la UARIV, y organizaciones de mujeres y familias buscadoras, cuya lucha y aporte de información han sido clave para que el Estado avance en decisiones y acciones orientadas a proteger sus derechos.


* Por razones de seguridad y protección de la identidad de la familia, el nombre de la víctima ha sido cambiado.