San Onofre (Sucre), 25 de julio de 2024. Con emotivos actos simbólicos realizados en los municipios de San Onofre y Santiago de Tolú, en el departamento de Sucre, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y la Fiscalía General de la Nación (FGN) entregaron dignamente a sus familias los cuerpos de dos jóvenes sucreños que habían sido desaparecidos hace más de 20 años.

 

La entrega digna de Javier Enrique Mercado Berrío, a quien su familia buscó durante 22 años, se llevó a cabo en San Onofre. El 11 de marzo de 2002 fue la última vez que sus seres queridos tuvieron noticias de él. Ese día, el joven de 23 años se dirigía por la vía que comunica a San Onofre con el corregimiento de Berrugas, cuando fue interceptado por presuntos integrantes de un grupo armado ilegal que se lo llevaron.

 

En Santiago de Tolú, se realizó la otra entrega digna. Una familia de este municipio sucreño recibió el cuerpo de un joven desaparecido el 17 de septiembre de 1999. De acuerdo con la investigación judicial, en ese entonces, hombres armados, integrantes de un grupo al margen de la ley, irrumpieron en su vivienda en horas de la madrugada y se lo llevaron. Tras décadas de incertidumbre, esta familia, que pidió reserva de su identidad, por fin pudo despedir a su ser querido.

Los cuerpos de ambos jóvenes fueron exhumados en 2005 en la finca El Palmar, en San Onofre, Sucre. Sin embargo, su identificación no había sido posible debido a diversas dificultades, principalmente técnicas. Fue a través de las medidas cautelares adoptadas en 2018 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad que se impulsó la articulación institucional que condujo a estas entregas.

Aunque la atención en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas se enfoca principalmente en las jornadas de prospección y exhumación en las zonas de interés forense, lograr la identificación y entrega digna implica adoptar medidas que permitan un abordaje integral del fenómeno de la desaparición forzada como ha ocurrido en este departamento, en donde 11 víctimas han sido entregadas.

El Plan Especial de Búsqueda, ordenado por la SAR mediante Auto AI 013 de 2019 y aprobado en el auto AI 037 de 2022, ha permitido consolidar acciones interinstitucionales para responder con urgencia a las familias buscadoras. Una de ellas es la articulación institucional entre la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ha contribuido a agilizar los procesos de identificación.

A través de jornadas de tomas de muestras de ADN en la región, así como la toma de testimonios de las familias buscadoras, se han consolidado acciones coordinadas que ofrecen respuestas expeditas. Como parte del proceso, también participan la Unidad de Víctimas y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Este trabajo constituye un avance en el proceso de sanación individual y colectivo de sus familiares y representa un paso más en la garantía de su derecho a la reparación. 

 

“Para las víctimas, toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo. Sabemos que los procesos de búsqueda son difíciles, muchas veces llenos de inconvenientes, de falta de solidaridad y apoyo, pero también hay muchas organizaciones que están con ustedes, y reitero que pueden contar con el apoyo de nuestra jurisdicción”, fue el mensaje enviado por el magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga.

 

Blanca Arteaga Morales, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Sucre y Bolívar, señaló que estas entregas reflejan la respuesta que el Estado da en materia de búsqueda e identificación a las víctimas del conflicto armado. “Estas acciones nos permiten avanzar en el proceso de búsqueda humanitario y extrajudicial que como Unidad de Búsqueda lideramos en el territorio a través de la implementación del Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo, que busca ofrecer una respuesta efectiva, como lo es la entrega digna, a cerca de 1.500 familias que buscan a sus queridos desaparecidos y que aún no saben dónde están y qué pasó con ellos”, explicó.