COMUNICADO 195
En los dos primeros días de audiencia pública, comparecientes de las extintas Farc-EP reconocieron graves crímenes contra la población en el norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca
- En Cali, los pasados 25 y 26 de noviembre, nueve comparecientes de las Farc-EP, imputados como máximos responsables en el Caso 05 iniciaron su reconocimiento público de responsabilidad por crímenes cometidos en el norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca, durante el conflicto armado.
- Los comparecientes pertenecieron a las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’ y ‘Gabriel Galvis’ y fueron llamados a reconocer su rol en patrones de macrocriminalidad que afectaron a Pueblos Indígenas, al Pueblo Negro, a comunidades afrodescendientes, a la población campesina de esta región y a víctimas individuales.
- En el primer día de la audiencia, liderada por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, se reconocieron los primeros tres patrones imputados: ataques a municipios, uso de minas antipersonal y afectaciones a la Naturaleza. En el segundo día de la audiencia, se reconocieron los demás patrones atribuidos en el Auto 01 de 2023 frente a las víctimas y a las autoridades indígenas del norte de Cauca.
- Las víctimas relataron hechos dolorosos que fracturaron la vida comunitaria, transformaron territorios ancestrales y dejaron daños psicológicos, ambientales, culturales y espirituales aún presentes.
- En el segundo bloque de esta audiencia, los próximos 2 y 3 de diciembre, en Cali, se abordarán estos patrones frente a las víctimas afrocolombianas, campesinas, individuales e indígenas del sur de Valle del Cauca.
Cali, 29 de noviembre de 2025. Estos 25 y 26 de noviembre se llevaron a cabo los dos primeros días de Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Caso 05, en la que nueve comparecientes que integraron las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’ y ‘Gabriel Galvis’ de las extintas Farc-EP reconocieron, por primera vez, públicamente, su responsabilidad por crímenes cometidos contra Pueblos Indígenas, el Pueblo Negro, las comunidades afrodescendientes y campesinas del norte de Cauca y del sur de Valle del Cauca y otras víctimas individuales.
Por medio de esta audiencia, ante las víctimas y el país, comenzó a develarse la dimensión de los daños y los patrones de violencia que, durante más de dos décadas, afectaron de manera profunda los territorios ancestrales de esta región.
El Caso 05 es uno de los macrocasos más amplios y complejos de la JEP: investiga múltiples hechos victimizantes cometidos, entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016, en 19 municipios priorizados por su dimensión étnica, su condición de corredor estratégico y la magnitud de las afectaciones documentadas.
En estos territorios operaron las columnas móviles ‘Jacobo Arenas’, ‘Gabriel Galvis’ y ‘Miller Perdomo’, así como el Frente Sexto de las extintas Farc-EP, estructuras que impusieron control territorial y social y produjeron daños que van desde afectaciones materiales hasta impactos espirituales y colectivos que aún hoy persisten.
La diligencia pública fue liderada por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, correlator del Caso 05, quien abrió la sesión recordando que esta región “sigue siendo una zona crítica” y que las afectaciones acumuladas exigen una respuesta estatal integral. En el segundo día de audiencia se sumó el presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, el magistrado Óscar Parra Vera, reafirmando su importancia para el esclarecimiento histórico y la dignificación de las víctimas.
En el primer día de audiencia, se reconocieron tres de los nueve patrones imputados: los ataques a los municipios, el uso de minas antipersonal y las afectaciones a la naturaleza. El análisis de estas conductas permitió exponer la forma en que las extintas Farc-EP desplegaron un control armado que transformó la vida cotidiana y los territorios ancestrales en el norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca. En el segundo día se reconocieron los demás patrones por parte de los comparecientes ante las víctimas indígenas del norte de Cauca, abordándose las desapariciones, los asesinatos, los desplazamientos, las afectaciones a la Naturaleza, la utilización de minas antipersonal, los reclutamientos, el confinamiento, y las afectaciones a las organizaciones y comunidades indígenas, a su autonomía, a la educación, a la justicia propia y a su economía.
Los relatos de las víctimas y los reconocimientos de los comparecientes permitieron profundizar en las afectaciones individuales y colectivas causadas a víctimas indígenas, especialmente del norte de Cauca. Los magistrados Raúl Sánchez y Óscar Parra subrayaron que la violencia en esta zona tuvo una dimensión étnica y territorial profunda, al golpear a comunidades históricamente afectadas por la exclusión, el despojo y la represión.
Una víctima del resguardo de Toribío relató las consecuencias del señalamiento que sufrió por parte de las extintas Farc-EP: “Tuvimos que irnos del territorio. Muchos comuneros fueron ejecutados. Tengo a mi hijo desaparecido hace más de 20 años”.
Este proceso constituye un paso determinante para comprender las lógicas del conflicto en una de las regiones más golpeadas por la violencia y para dignificar a Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Campesinos que han tenido que resistir durante décadas estas afectaciones.
La sala destacó que esta primera jornada permitió avanzar en el esclarecimiento de afectaciones individuales y colectivas.
El Caso 05, una mirada a la violencia diferenciada durante el conflicto
La Sala de Reconocimiento de Verdad reiteró que esta investigación —liderada por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez— aborda dinámicas de violencia profundamente marcadas por la dimensión étnica y territorial del conflicto en el norte de Cauca y el sur de Valle del Cauca. Durante décadas, estos pueblos sufrieron exclusión, despojo, militarización y patrones sistemáticos de control armado que no fueron plenamente visibilizados por la opinión pública ni judicializados.
A la fecha, en el Caso 05 la JEP ha acreditado 156 sujetos colectivos —45 comunidades indígenas, 88 consejos comunitarios afrodescendientes y 14 organizaciones de víctimas— que representan a más de 180.000 personas. Entre ellas, están los pueblos Nasa, Misak, Kokonuko, Yanakona, Inga, Eperara Siapidara, Totoró, el Pueblo Negro y Afrocolombiano, junto con una amplia población campesina. En 2023, el río Cauca fue acreditado como víctima colectiva por las afectaciones ambientales sufridas en el conflicto.
La Audiencia de Reconocimiento del Caso 05 se da luego de realizar 100 versiones individuales, nueve versiones colectivas, múltiples talleres preparatorios con víctimas y comparecientes, encuentros interculturales e interjurisdiccionales —incluyendo la justicia indígena y la afrodescendiente—, y la contrastación de 28 informes presentados por entidades estatales, organizaciones étnicas, campesinas y de la sociedad civil.
Esta audiencia se enmarca en el mandato constitucional de la JEP de esclarecimiento de la verdad, administración de justicia y garantía de no repetición; y representa un avance sustantivo hacia una verdad más amplia, reparadora y vinculada a los territorios que durante años fueron silenciados.
