COMUNICADO 122
JEP entra en fase final del juicio contra el coronel (r) Mejía con audiencia de alegatos de conclusión en Valledupar
- Con la intervención del fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación, comenzó en Valledupar la audiencia de alegatos de conclusión del Juicio Adversarial Transicional, que se realiza este 5 y 6 de agosto.
- Durante la diligencia, la magistrada Reinaré Jaramillo —quien ha liderado este juicio— volverá a preguntarle a Publio Hernán Mejía Gutiérrez si acepta o no su responsabilidad. Será su última oportunidad para responder y definir si se acoge a una Sanción Alternativa o, por el contrario, se expone a una pena ordinaria que podría ser de hasta 20 años de cárcel, en caso de ser hallado culpable.
- En las 13 sesiones del juicio, se escuchó a 55 testigos. Incluso el propio coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez rindió declaración bajo juramento.
- Una vez concluyan los alegatos, la magistratura tendrá hasta 60 días hábiles para emitir sentencia, que podrá ser condenatoria o absolutoria.
Valledupar, 5 de agosto de 2025. Con el inicio de la Audiencia de Alegatos de Conclusión, la JEP entra en la etapa final del Juicio Adversarial Transicional que desarrolla contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa. La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) lo acusa por la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos entre enero de 2002 y noviembre de 2003, en el norte de Cesar y el sur de La Guajira.
Esta audiencia marca el cierre de un proceso que se activó luego de que el compareciente no reconociera responsabilidad frente a los cargos formulados por la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021, dentro del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate. Al no aceptar los hechos, su expediente pasó a la UIA y se activó la Ruta Adversarial Transicional, por la cual transitan quienes no reconocen su participación en los crímenes que se les atribuyen.
El juicio oral y público comenzó el 18, 19 y 20 de septiembre de 2024, también en Valledupar, donde este martes y miércoles se desarrolla la audiencia de alegatos de conclusión. En la primera diligencia de la etapa de juicio, la magistratura le preguntó al coronel (r) Mejía Gutiérrez si aceptaba su responsabilidad frente a los hechos por los que fue acusado. Él, a su turno, se declaró inocente. Con ese pronunciamiento, quedó trazado el rumbo adversarial del proceso y las partes presentaron sus respectivas teorías del caso.
Durante el juicio se decretaron 82 testimonios a favor de la UIA —que cumple funciones de fiscalía en la JEP—, 29 para la defensa y cuatro para las víctimas. De ese total, se practicaron 22 testimonios presentados por la UIA y 29 por parte de la defensa, incluido el del propio acusado. Las diligencias se desarrollaron en 13 sesiones de audiencia, distribuidas a lo largo de 33 días hábiles, que concluyeron el pasado 28 de mayo.
Adicionalmente, se incorporaron pruebas documentales en virtud del principio de permanencia de la prueba. Estas se agruparon en 757 conjuntos de evidencia (carpetas, expedientes e informes de inspección) y comprendieron: 1.119 documentos presentados por la UIA, cuatro por el Ministerio Público, tres informes allegados por las víctimas y 19 documentos aportados por la defensa.
En el Sistema Adversarial Transicional de la JEP, el principio de permanencia de la prueba permite valorar tanto la evidencia presentada directamente por las partes como aquella recolectada por otras autoridades durante el conflicto armado, siempre que haya sido debidamente decretada en la audiencia preparatoria.
¿Qué ocurre en esta audiencia?
Al final de la Audiencia de Alegatos de Conclusión, la magistrada Reinere Jaramillo —quien ha liderado el juicio— volverá a preguntarle al acusado si acepta o no su responsabilidad. Será su última oportunidad para responder. En caso de reconocerla, el rumbo del proceso cambiaría: la Sección de Ausencia de Reconocimiento deberá evaluar la imposición de una Sanción Alternativa, que oscila entre 5 y 8 años de privación de la libertad, junto con obligaciones de suministrar verdad y reparar a las víctimas.
Si no acepta —como ha ocurrido hasta ahora— el juicio avanza hacia su recta final. En esta fase, cada una de las partes está presentando una síntesis de las pruebas practicadas para sustentar su interpretación de los hechos ante la magistratura, que deberá tomar una decisión: condenarlo o absolverlo.
Mientras tanto, el fiscal de la UIA buscará demostrar que Mejía Gutiérrez tuvo participación —como autor o coautor mediato— en 35 hechos en los que fueron asesinadas 72 personas entre enero de 2002 y noviembre de 2003. Por su parte, la defensa intentará desvirtuar la acusación y sostener su tesis de inocencia. La representación de las víctimas también presentará sus alegatos, con el objetivo de que quien consideran responsable responda ante la justicia.
Una vez finalizada esta etapa, la magistratura tendrá hasta 60 días hábiles para emitir sentencia, que podrá ser absolutoria o condenatoria. En este último caso, el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez podría enfrentar una pena de hasta 20 años de privación de la libertad.
La centralidad de las víctimas en el modelo Adversarial Transicional
Durante la audiencia preparatoria, que se desarrolló en Bogotá el 16 de julio de 2024, la magistrada Reinere Jaramillo explicó el modelo —aprobado por unanimidad— que garantizaría la participación efectiva de las víctimas en el juicio. De esta manera, se aseguró de que, incluso por esta vía —por donde transitan quienes no aceptan responsabilidad— se mantuviera la centralidad de las víctimas en el proceso judicial.
Fue así como, durante todas las sesiones del juicio, los apoderados de las víctimas pudieron realizar preguntas complementarias e incluso presentar sus propios testigos.
Asimismo, las víctimas estuvieron presentes en todas las sesiones, tanto en las salas de audiencia como de manera virtual, y contaron con el acompañamiento psicosocial brindado por los equipos interdisciplinarios de la JEP.