COMUNICADO 28

JEP, Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Medellín se unen para desplegar acciones que restauren a las víctimas del conflicto

  • El acuerdo de voluntades fue firmado este 20 de marzo por el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez, así como por el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez.
  • En Antioquia convergen siete de los GRANDES casos que investiga la JEP. La evidencia judicial indica que, por ejemplo, en el Caso 03, de las 6.402 víctimas identificadas entre 2002 y 2008, 1.613 ocurrieron en este departamento.
  • Mediante estos convenios, la JEP busca consolidar una colaboración estratégica con las autoridades departamentales y locales que permita impulsar acciones que contribuyan a restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y territorios durante el conflicto armado.
  • La firma se dio en el marco de los acompañamientos que viene brindando la Secretaría Ejecutiva de la JEP para que los mandatarios incluyan en sus Planes de Desarrollo programas que contribuyan a enfrentar los factores estructurales que propician y perpetúan la violencia.
  • Los proyectos se llevarán a cabo como parte de las sanciones, o en el marco de las contribuciones que hagan a la restauración del daño causado. Esta articulación también aplica para la ruta no sancionatoria de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual resuelve la situación legal de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables por los crímenes que investiga la JEP.
  • En este proceso, la JEP ha priorizado territorios con alta concentración de víctimas y comparecientes, así como municipios donde se desarrollan los proyectos restaurativos exploratorios, y aquellos que registran un significativo avance en los macrocasos y medidas cautelares.

Medellín (Antioquia), 20 de marzo de 2024. La JEP continúa trabajando para afinar la articulación institucional, las capacidades de cada una de las entidades del Estado y la cooperación internacional que permitirán asegurar la implementación efectiva de los proyectos que contribuirán a restaurar los daños causados a las víctimas, las comunidades y territorios durante el conflicto armado.

 

Ese fue el propósito del acuerdo suscrito entre el presidente de la Jurisdicción, el magistrado Roberto Vidal, y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez, con el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Esta unión de esfuerzos es el resultado del acompañamiento de la JEP en la formulación de programas, alineados con los proyectos restaurativos, que se puedan incluir en los Planes de Desarrollo locales.

 

A través del despliegue de los proyectos restaurativos, la JEP comienza a cimentar las grandes transformaciones y procesos que necesita el país para pasar la página de la violencia. En eso, precisamente, consiste el Sistema Restaurativo. Un terreno fértil en el que brotan y se reproducen acciones que contribuyen a restablecer los vínculos rotos por los graves crímenes del conflicto.

 

Los proyectos se estructuran en siete líneas de trabajo que incluyen: 1) Acción Integral Contra las Minas (AICMA); 2) Medio ambiente, naturaleza y territorio; 3) Infraestructura rural y urbana; 4) Memorialización y reparación simbólica; 5) Educación, alfabetización y capacitación, así como 6) Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y 7) Daños diferenciales y macrovictimización. Cada uno de estos ejes está dirigido a restituir los derechos vulnerados de las víctimas.

 

Bajo este contexto, durante la firma del acuerdo en Medellín, la JEP entregó información sobre la implementación de los proyectos restaurativos que tendrán lugar en algunos municipios de Antioquia. Así mismo, presentó avances sobre las órdenes adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, en el marco de la medida cautelar que protege La Escombrera, en la Comuna 13.

 

Desde la JEP, se adelantan acompañamientos como estos con otros municipios priorizados en el país. Especialmente, en aquellos territorios que cumplen características similares como: una alta concentración de víctimas y comparecientes en sus territorios, el desarrollo de proyectos restaurativos exploratorios, avance significativo de los macrocasos que investigan los graves crímenes ocurridos en el conflicto y medidas cautelares, entre otros criterios.

 

En esta región, precisamente, se entrelaza: a) Caso 01 que investiga los secuestros; b) Caso 03 que investiga los mal llamados 'falsos positivos'; 3) Caso 04 que priorizó la situación territorial de Urabá; c) Caso 06 que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica. d) Caso 07 que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto; e) Caso 08 que investiga crímenes no amnistiables cometidos por la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles y el Caso 10 que lleva los crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP.

 

Precisamente, en el marco del caso conjunto cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia, ocho comparecientes de la fuerza pública aceptaron responsabilidad ante la justicia, las víctimas y el país por participar en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Justo allí en este municipio, junto a Murindó, Frontino y Mutatá se llevará a cabo el proyecto restaurativo 'Horizontes Seguros' que en su primera fase contempla que 18 comparecientes: 11 de la fuerza pública y 7 de las Farc-EP, trabajen en Educación contra el Riesgo de Minas.

 

La evidencia judicial indica que Antioquia es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. Solo en el Caso 03 la JEP ha identificado que de las 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2008, 1.613 ocurrieron en Antioquia. Esto significa que 25.19% de este fenómeno se concentró en este departamento.

 

¿Qué incorpora el Plan de Desarrollo de Medellín?

 

Incorpora acciones de la línea programática la paz: implementar la política pública de derechos humanos, con especial énfasis en la prevención del reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Contempla una estrategia de corresponsabilidad con la nación y el departamento para la atención, memoria, retornos, reubicación y reconciliación. Además, busca articular iniciativas para la construcción de paz, así como implementar programas enfocados en los jóvenes, entre otros.

 

¿Qué incorpora el Plan de Desarrollo de Antioquia?

 

Incorpora la línea de construcción de paz para ejecutar acciones de permitan poner en marcha los Planes Integrales de Retorno para que la población desplazada regrese a sus territorios de origen. Además, contempla gestionar la titularización de tierras; implementar un programa con acciones integrales tanto para el desplazamiento como el reclutamiento forzado e implementar un programa de prevención de los delitos sexuales, entre otras acciones.

 

La JEP avanza en este acompañamiento con más municipios en el país

 

Todo este esfuerzo está encaminado a que, en el marco de los principios de correspondencia y de concurrencia con el Gobierno Nacional, las alcaldías y gobernaciones, se ofrezcan políticas, planes, programas y proyectos restaurativos como mecanismo de transformación social. Por eso, la Secretaría Ejecutiva de la JEP ha organizado un equipo de profesionales dedicados a acompañar a cada entidad territorial.

 

Este equipo proporciona las herramientas necesarias y claridad sobre los pasos metodológicos, criterios y acciones que permitan planificar e implementar los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador y Reparador (TOAR). Los proyectos se llevarán a cabo como parte de la sanción de los comparecientes que acepten responsabilidad y aporten verdad, o en el marco de sus contribuciones que hagan a la restauración del daño causado. Esta articulación también aplica especialmente en su componente restaurativo para la ruta no sancionatoria que adelanta la Subsala Segunda Especial de conocimiento y decisión - Antioquia, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que resuelve la situación legal de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables por los crímenes que investiga la JEP.

 

Se han priorizado ciertos territorios para recibir este acompañamiento y también se ha brindado guía a otros interesados. El propósito de este proceso es incorporar disposiciones relacionadas con el Sistema Restaurativo, en respuesta a las solicitudes de las administraciones locales y departamentales que lo necesiten.

 

Durante el primer semestre de este 2024, la JEP continuará brindando el acompañamiento necesario en la construcción de planes de desarrollo que den sostenibilidad a las sanciones propias y contribuyan a la restauración de las víctimas, en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP).