​​COMUNICADO 47

JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 miembros retirados del Ejército Nacional, entre ellos tres mayores generales y dos brigadieres generales, por 604 'falsos positivos' en la Costa Caribe

  • La Sala de Reconocimiento de Verdad examinó una muestra representativa de las bajas reportadas por 19 unidades militares en la Costa Caribe entre 2002 y 2008. Revisó 796 muertes reportadas como resultados operacionales, de las cuales 604, casi el 76%, fueron resultaron ilegales.
  • Además de estas 604 víctimas, la sala documentó el asesinado de otras 13 personas, las cuales fueron presentadas falsamente como bajas en combate fuera del período priorizado, es decir, antes del 2002 o con posterioridad a 2008. Entre ellas hay un adolescente asesinado en 1995, a quien los militares le explotaron una granada en la cabeza para luego exhibir su cuerpo por las calles de San Pablo, Bolívar, y presentarlo como guerrillero dado de baja en combate.
  • Los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006, junto con los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009, fueron declarados máximos responsables por propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
  • Junto a ellos fueron imputados siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, quien fue comandante de la XI Brigada entre 2006 y 2007. Además, se les atribuyó responsabilidad a otros 16 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes.
  • Entre las 604 víctimas documentadas entre 2002 y 2008 hay 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo, 26 niños y niñas, y 14 mujeres, una de las cuales se encontraba en embarazo. A la fecha, 122 víctimas aún no han sido identificadas.
  • La investigación reveló que los Pueblos Indígenas sufrieron un daño desproporcionado y diferenciado, lo que causó su desarraigo y el desplazamiento forzado de sus territorios. Esto comprometió su seguridad alimentaria y afectó gravemente su tejido social y económico.
  • Este es el segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) que se expide dentro del Subcaso Costa Caribe − Caso 03. A partir de ambas investigaciones, la JEP concluyó que en total 739 personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate en la Costa Caribe entre 2002 y 2008.
  • Para las familias de las víctimas, la prioridad es encontrar a sus seres queridos desaparecidos. A la fecha, en el marco de esta investigación, 14 víctimas han sido halladas, identificadas y entregadas de manera digna.
  • En el marco de este proceso judicial, la JEP ordenó medidas cautelares para proteger sitios de interés forense donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. Entre estos sitios se encuentra el cementerio de San Juan del Cesar, en La Guajira. Esta medida cautelar fue solicitada por el Instituto de Medicina Legal, decretada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento y desarrollada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
  • Este ADHC, el octavo emitido dentro del Caso 03, confirma una vez más los elementos del patrón macrocriminal previamente identificado por la JEP en Norte de Santander, la Costa Caribe, Casanare, Huila, el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba y Antioquia. La JEP ha esclarecido miles de hechos que ilustran este patrón y se enfocará ahora en determinar si existieron responsabilidades a nivel nacional.
  • En los siete ADHC emitidos, se han imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 148 comparecientes, de los cuales 91 han reconocido su responsabilidad. La mayoría lo hizo en cinco audiencias públicas con la participación de las víctimas. Además, 1.276 antiguos militares involucrados en los crímenes, pero que no fueron seleccionados como máximos responsables, han sido enviados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ). En 79 casos, se ha decidido renunciar a la persecución penal.
Bogotá, 8 de abril de 2025. Por liderar un ataque contra la población civil en la jurisdicción bajo su mando, en el marco de un plan criminal de asesinatos ilegales que garantizaba impunidad y distorsionaba los resultados operacionales, desencadenando de manera organizada, sistemática y a gran escala un patrón macrocriminal, en el que al menos 604 personas fueron asesinadas y desaparecidas forzadamente para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate en siete departamentos de la Costa Caribe, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad a tres mayores generales retirados, dos brigadieres generales y otros 23 oficiales y suboficiales retirados del Ejército Nacional.


Se trata de los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, quienes estuvieron al mando de la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Coronel Juan José Rondón y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, respectivamente, entre 2004 y 2006, y los brigadieres generales (r) Fabricio Cabrera Ortiz, comandante de la X Brigada Blindada, y Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Batallón La Popa entre diciembre de 2007 y mediados de 2009. Junto a ellos, fueron imputados siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, quien fue comandante de la XI Brigada entre 2006 y 2007, además de tres tenientes coroneles y cuatro mayores, entre otros oficiales y suboficiales del Ejército Nacional. Cada uno de los imputados tuvo un rol esencial en la configuración del patrón criminal y participó en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales no se hubiera desarrollado y perpetuado el plan criminal.
 
Estas personas fueron halladas penalmente responsables por propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe colombiana, bajo la jurisdicción de la I División del Ejército Nacional y, posteriormente a su creación, del Comando Conjunto No. 1 Caribe (CCON1). En otros casos, su responsabilidad se derivó de su participación determinante en la ejecución de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidios de personas protegidas, desaparición forzada y tortura. Conforme a la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la magistratura calificó los crímenes según el Código Penal Colombiano y el Derecho Internacional.
 
En este segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Subcaso Costa Caribe del Caso 03, la magistratura evidenció que, en los siete departamentos del país que hacen parte de la Costa Caribe —Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre— integrantes de al menos 19 unidades tácticas que hicieron parte de la I División del Ejército Nacional, y posteriormente del Comando Conjunto Caribe, cometieron crímenes de manera sistemática y a gran escala, en el contexto de una macroorganización compleja, estructurada como una red. El objetivo del plan criminal encontrado por la sala era aumentar artificialmente las cifras de resultados operacionales. Asimismo, la JEP concluyó que estos hechos constituyeron un patrón de conducta, orientado a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como resultados legítimos, con la finalidad de mostrar éxitos en el desarrollo estratégico militar que adelantaba el Estado colombiano en contra de grupos armados al margen de la ley y, así, generar una mejor percepción de seguridad entre la población.
 
De acuerdo con la evidencia judicial, esta macroorganización se originó en la estructura criminal inicialmente enquistada en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa (BAPOP) en 2002, por la cual la JEP imputó a 15 miembros de la fuerza pública en 2021. De ellos, 12 aceptaron su responsabilidad y esperan la imposición de una sanción, mientras que tres, entre ellos el coronel (r) Publio Hernán Mejía, enfrentan un juicio adversarial, en el cual, de ser hallados culpables, se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel. A partir de allí, la práctica criminal se dispersó gradualmente hacia otras unidades tácticas de la región, lo que dio lugar a la formación de nodos o subestructuras criminales con características diversas, que se infiltraron en las unidades investigadas en esta segunda fase del Subcaso Costa Caribe. Con el tiempo, estas subestructuras se comenzaron a articular e interactuar entre sí, lo que facilitó la creación de conexiones y aumentó la complejidad de la organización criminal.
 
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Los hallazgos identificados por la JEP en esta fase, que contempla un análisis de mayor escala, indican que la estructura se consolidó a partir de un complejo sistema de presiones e incentivos para la presentación de resultados operacionales, consistentes en bajas en combate, y de acciones que coadyuvaron al encubrimiento de los crímenes. Así, la magistratura evidenció que hubo exigencias y sanciones para quienes no presentaran muertes en supuestos combates. A esto se sumaban incentivos y recompensas para quienes se destacaran en el reporte de este tipo de resultado. Además, se llevaron a cabo actos de encubrimiento, y la sala constató la ausencia de controles, lo que permitió la implementación de una política de presentación de asesinatos y desapariciones forzadas como bajas legítimas, con el fin de alimentar artificialmente los resultados operacionales como indicador del éxito militar frente a las guerrillas que operaban en esa zona del país.
 
La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró suficientes elementos para concluir que el patrón criminal se estructuró en torno de cuatro componentes: 1) Una finalidad común, entendida como una pauta manifiesta de conducta que activó la organización criminal. Su objetivo era mostrar éxitos en el desarrollo militar y aumentar la percepción de seguridad entre la población civil. Esta finalidad macrocriminal surgió en el contexto de la política de seguridad y defensa nacional implementada durante el periodo analizado 2) Un sistema tripartito de presiones, incentivos y ascensos, a través del cual presentó personas asesinadas fuera de combate como resultados operacionales. 3) Las víctimas, contra quienes se desplegó el ataque sistemático. 4) La macroorganización criminal, que, según la investigación, operó bajo modalidades de ejecución o comportamientos específicos.
 
El 76% de las bajas en combate analizadas por la sala, reportadas entre enero 2002 y octubre de 2008 por las 19 unidades militares investigadas, fueron falsas. De 358 eventos ilegales encontrados, 303 ocurrieron entre 2004 y 2007, con 517 de las 604 víctimas encontradas en la investigación. En 2004, se registraron 14 casos con 24 víctimas (sin considerar los hechos ya determinados en el Auto 128 de 2021 y en la RC 03 de 2022 atribuidos solo a efectivos del Batallón La Popa). Esta cifra aumentó a 30 casos con 53 víctimas en 2005, a 100 casos con 183 víctimas en 2006, y alcanzó su punto más alto en 2007, con 159 eventos y 257 víctimas, evidenciando la consolidación de esta práctica criminal. Es decir, la JEP determinó que los asesinatos y desapariciones forzadas aumentaron significativamente en el periodo investigado.
 
Todos estos hallazgos confirman lo previamente establecido por la JEP en sus siete ADHC anteriores, en el marco de las investigaciones realizadas en otros de los territorios críticos identificado: Norte de Santander, Casanare, Huila y Antioquia.  
 
La determinación de los hechos y conductas, y las imputaciones formuladas por la Sala de Reconocimiento de Verdad, son el resultado de la contrastación judicial y el análisis de todo el acervo probatorio del Subcaso Costa Caribe:

  • 27 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos.
  • 246 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales, incluyendo miembros de estados mayores de brigada).
  • Las solicitudes de acreditación, así como las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a lo dicho por los comparecientes en sus versiones voluntarias.
  • 300.000 folios de información obtenida a partir de inspecciones judiciales, expedientes militares, fiscalías y documentos del Ministerio de Defensa como libros de programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales y las carpetas oficiales de cada una de las supuestas “bajas en combate".
  • Material probatorio, proveniente de la Jurisdicción Penal Ordinaria y la Justicia Penal Militar.
  • 160 aportes de verdad presentados ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas por comparecientes vinculados al Subcaso Costa Caribe.
 
Una macroestructura criminal que operó en la Costa Caribe  
El prestigio alcanzado por el Batallón La Popa, basado en los falsos resultados operacionales reportados, un sistema de incentivos por las bajas en combate y la creciente presión por resultados —incentivada por la creación de la X Brigada Blindada en marzo de 2004 y del Comando Conjunto Caribe No. 1 a finales de ese mismo año— impulsó la dispersión y el fortalecimiento del fenómeno criminal en las unidades militares de la región Caribe. Varios comparecientes señalaron cómo esta presión era transmitida a las unidades tácticas por los comandantes de brigada, división, comando conjunto e incluso del Ejército Nacional, a través de reuniones de comandantes, y cómo esta se irradiaba a todos los miembros de la tropa, llegando hasta las unidades más pequeñas, como los pelotones, mediante programas radiales.
 
La contundencia en el combate contra los grupos armados y la disciplina de la tropa eran valoradas en términos de bajas. Esta sala encontró mensajes que así lo confirman, tales como: “(…) debemos ser contundentes con los bandidos con iniciativa dando bajas", “Al enemigo hay que localizarlo y darlo de baja en combate con una acción permanente", “Las bajas en combate son un multiplicador de poder y moral", “Resultados operacionales: Aplicación de la Fuerza Militar con poder y autoridad. Dar de baja a los terroristas es lo q´ (sic) nos corresponde hacer (…). Los comandantes se evalúan por resultados. El resultado operacional es la mejor Acción Integral" y “Hay unidades que aún no dan resultados, hay combates. Hay que analizar la disciplina del soldado está fallando y hay que evaluar los combates para multiplicar los resultados".
 
Aunque su origen se remonta a 2002 en el Batallón La Popa, la macroestructura criminal identificada por la JEP se consolidó entre 2006 y 2007, un período en el que se evidenciaron dos fenómenos simultáneos. Por un lado, los comandantes de brigada, reproduciendo la exigencia del comando superior, demandaban de las unidades tácticas la obtención de bajas en combate como la mejor muestra de éxito militar. Por otro, desde el Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares se tomaron medidas para privilegiar las capturas y dar mayor transparencia a los resultados.
 
Para esa época, por ejemplo, en 2004, el comandante del Ejército Nacional, mayor general Martín Orlando Carreño Sandoval, emitió la Circular 62162, que establecía un número mínimo de bajas y capturas que los comandantes debían reportar para obtener la condecoración de servicios distinguidos. Esta directiva premiaba a quienes se destacaran en operaciones ofensivas, especialmente aquellas que resultaran en la baja de al menos cinco narcoterroristas. Asimismo, se emitió la Directiva Ministerial Permanente 029/2005, que estableció recompensas por la captura o abatimiento de cabecillas de grupos armados y narcotraficantes, con sumas que iban desde cuatro millones de pesos hasta cinco mil millones para los niveles más altos.
 
A medida que aumentaba la presión y los incentivos por las bajas en combate, el nodo criminal en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa se consolidó, automatizando sus operaciones y perfeccionando sus métodos para cumplir con los resultados esperados y exigidos. Simultáneamente, otros nodos, como el del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Coronel Juan José Rondón' (GMRON) y el Gaula Guajira (Gagua), adquirieron mayor dinamismo, lo que facilitó la expansión de la práctica criminal a otras unidades en la Costa Caribe, como el Gaula Cesar y el Batallón Plan Especial Energético Vial No. 2 (BAEEV 2).
 
Esta expansión respondió, en parte, a la competencia entre unidades tácticas por reportar más bajas y al traslado de personal con experiencia en prácticas criminales. Paralelamente, se crearon nuevas unidades que se integraron a la macroorganización criminal, como la Fuerza de Reacción Divisionaria No. 1 (Fured 1), que, en 2006, reportó exclusivamente bajas ilegales. De manera similar, más del 55% de las bajas registradas por la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre (FTCS) ese mismo año fueron irregulares, al igual que la totalidad de las reportadas en 2007. Por su parte, la actividad criminal del Gaula Córdoba se intensificó en 2007, con un incremento del 1.100% en las bajas reportadas respecto al año anterior.
 
Esta combinación de factores condujo a la conformación de una macroorganización criminal cada vez más compleja. Su expansión se vio impulsada, entre otras razones, por la creación de unidades militares especiales entre mediados de 2005 y principios de 2006, por orden del entonces comandante del Comando Conjunto No. 1 Caribe (CCON1). Un ejemplo de ello fueron la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre y la Fuerza de Reacción Divisionaria 1 (Fured 1), unidades que no solo distribuyeron resultados operacionales falsos entre las unidades tácticas, sino que, en el caso de la Fured 1, también sirvieron como semillero de comandantes "exitosos". Estos oficiales, tras su paso por dicha unidad, fueron asignados a estructuras jóvenes o recién creadas, con el objetivo de incrementar su capacidad para generar bajas en combate.
 
La mejora en la percepción de seguridad, vinculada al número de bajas en combate reportadas en la región—lo que teóricamente implicaba una reducción de los integrantes de los grupos armados—, comenzó a ser monitoreada por el Ministerio de Defensa Nacional como un indicador de éxito en la derrota del enemigo. Esto generó una presión constante sobre todas las unidades de la Costa Caribe, especialmente tras la creación de la X Brigada Blindada y el Comando Conjunto Caribe a finales de 2004. Como consecuencia, se desató una competencia permanente entre las unidades tácticas y los grupos Gaula, que buscaban igualar o incluso superar las bajas reportadas por el Batallón La Popa, líder en este ranking criminal.
 
La JEP documentó cómo, a partir de 2005, por ejemplo, comenzaron a aparecer en los folios de vida de los comandantes de las unidades tácticas de la X Brigada Blindada una serie de compromisos que, en un inicio, les exigían alcanzar un número mínimo de bajas. Posteriormente, dichas metas se incrementaron en un 20% y, luego, en un 10% con respecto a los resultados del año anterior, sin considerar el tamaño o la misionalidad de la unidad en cuestión. Además, quienes comandaban la X Brigada en esa época no entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad ninguna explicación que sustentara la imposición de tales metas y porcentajes.
 
Además, con el fin de mantener el encubrimiento y dar apariencia de legalidad a las operaciones ficticias con las que se justificaban las bajas ilegítimas, la sección de operaciones de las unidades militares se encargó de alterar las órdenes operacionales. Es decir, se sumaba a esto un entramado que facilitaba la ocultación del crimen, que iba desde la modificación de la escena en la que se producía la muerte de las víctimas hasta la obstrucción de investigación disciplinaria, ya fuera por acción u omisión. Este sistema permitía a los ejecutores materiales confiar en que sus actos quedarían en la impunidad.
 
En cuanto a los comandos de las brigadas Segunda, Décima y Once, la magistratura determinó que, al menos desde el primer semestre de 2006, recibieron denuncias que daban cuenta de la masividad del fenómeno. Estas formaban parte de los informes presentados por entidades como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Defensoría del Pueblo y el Programa Presidencial para los Derechos Humanos. A pesar de que estas denuncias siguieron siendo conocidas por los comandos militares entre 2006 y 2008, a través de nuevos informes o solicitudes de información en seguimiento a casos ya denunciados, así como por denuncias de familiares y comunidades, fueron desestimadas bajo la noción de “guerra jurídica" y fueron atendidas de manera inadecuada por los comandantes de brigada y división, a pesar de las atribuciones disciplinarias y los controles que estos tenían en los diferentes niveles del Ejército Nacional.
 
Presión e incentivos por resultados
El Batallón Santa Bárbara, creado el 27 de junio de 2005, ejemplifica cómo una unidad inicialmente destinada a tareas de apoyo logístico, como artillería y protección aérea en La Guajira, terminó vinculada a esta práctica criminal documentada por la JEP. Entre diciembre de 2005 y agosto de 2008, el batallón reportó 20 combates, con 28 bajas, de las cuales más de la mitad fueron asesinatos ilegítimamente presentados como dados de baja en combate. Este giro en su misión original ocurrió bajo la orden directa del entonces comandante del CCON1, quien, tras una visita en el último trimestre de 2005, exigió resultados operacionales, particularmente bajas, con la amenaza de relevar a quienes no cumplieran con ello. Esta presión, según testimonios de los comparecientes ante la JEP, fue un factor determinante que llevó a los miembros de esa unidad a involucrarse a la macroestructura criminal.

Asimismo, el Gaula Córdoba (Gacor) constituyó un nodo criminal altamente sofisticado. En las reuniones de los comandantes, se exigían resultados tangibles y se establecía un ranking de unidades basado en el número de bajas. Este sistema presionó a grupos como los Gaula César, Guajira y Córdoba —diseñados para combatir el secuestro y la extorsión— para que actuaran como batallones de combate y reportaran muertes ilegales. Según varios comparecientes en el proceso judicial del Caso 03, una vez reportados estos “resultados", los miembros recibían permisos y otros estímulos, como almuerzos especiales, bicicletas, ropa, zapatos, e incluso electrodomésticos.

Toda la operación se financiaba con fondos reservados destinados al pago de información. Según los hallazgos de la Sala de Reconocimiento de Verdad, durante la comandancia del entonces mayor Julio César Parga Rivas en el Gaula Córdoba, se utilizaron al menos 91 millones de pesos provenientes de los gastos reservados para la compra de armas, el pago a reclutadores y otros asuntos logísticos relacionados con el actuar criminal. Para justificar estos pagos, se elaboraron actas falsas de pago de información, que eran firmadas por personas que suplantaban a supuestos informantes, incluyendo a familiares de miembros del Gaula.

La demanda de resultados iba acompañada de la exaltación de quienes los alcanzaran y la promesa de reconocimientos y beneficios. En la investigación, la JEP encontró diversos programas con mensajes en ese sentido por parte de los comandantes de Ejército Nacional, del CCON1 y de división: “Felicitaciones por los resultados, la moral de la tropa se debe mantener en alto y que halla (sic) un reconocimiento muy especial al personal que obtenga resultados", “Mejorar los resultados tácticos y potencializar la moral de las tropas. Incentivar a las tropas con premios por resultados operacionales, permisos, obsequios, retribución", “Soldado no se le puede negar su permiso (…) si da resultados" y “la moral de la tropa-vacaciones, licencias, especialmente a las unidades que se están destacando permanentemente".

También se descalificaba a quienes no los obtenían y se les anunciaba que podían ser relevados. Esta sala documentó llamados de atención en los que advertían: “(e)s preocupante que hallan (sic) contraguerrillas que después de 10 meses no tengan ninguna baja (…) hay una orden muy clara: hombre que no quiera trabajar se debe depurar, para eso tenemos facultades" o sentenciaban que era precisa la “depuración del personal que no sirve" y que “(o) damos resultados o nos vamos del Ejército". Este llamado de atención era retransmitido por los comandantes de división. Por ejemplo, el entonces comandante de la I División dijo: “Hay q' (sic) retransmitir las órdenes y los mensajes del Cdte. hasta el último nivel de la tropa. Q´ (sic) conozcan q´ (sic) la depuración de quienes no sirven".

El sistema de presiones que, según encontró esta sala, ejercieron los altos mandos militares hacia sus subordinados en la Costa Caribe colombiana, se explica, en parte, por la desmovilización paramilitar y la ruptura de la alianza que existió entre algunos miembros del Ejército — particularmente del Batallón La Popa— y estas estructuras delincuenciales para la producción de resultados operacionales. La magistratura documentó la implementación creciente de este sistema de exigencias, particularmente a partir de 2004 con la creación de la X Brigada Blindada y, posteriormente, del Comando Conjunto Caribe.

Aunque en 2008 la práctica criminal continuó, experimentó una disminución dramática. Fue en octubre de ese año cuando la práctica fue contenida, lo que llevó a la desintegración de la organización criminal encargada de llevarla a cabo. Según los hallazgos de esta sala, las unidades tácticas de la II y de la X Brigada de la I División reportaron, durante 2007, 286 bajas, cifra que se redujo a casi la mitad en 2008, con 140 bajas (de las cuales 138 ocurrieron entre enero y octubre, y solo dos más en noviembre). Un fenómeno similar ocurrió con las unidades de la XI Brigada de la VII División, que pasó de 163 bajas en 2007 a 53 en 2008, lo que representa una disminución de más del 65%.
 
El patrón macrocriminal identificado por la sala
La Sala de Reconocimiento de Verdad constató la existencia de una organización macrocriminal que se consolidó a partir de un complejo sistema tripartito, que consistía en: 1) Presiones para obtener bajas en combate, exigiendo resultados operacionales y sancionando a quienes no los presentaran. 2) Incentivos y recompensas, otorgando reconocimientos a quienes reportaran más muertes en combate; y 3) Encubrimiento, mediante la implementación de prácticas para ocultar la ilegalidad de estas acciones, bloquear la actuación de los mecanismos de control y desacreditar las denuncias bajo la narrativa de "guerra jurídica". Este patrón macrocriminal se ejecutó bajo dos modalidades.
 
Primera modalidad: Las víctimas fueron señaladas falsamente como integrantes o colaboradores de grupos insurgentes a quienes los militares catalogaban como parte del “enemigo", lo que se usó para justificar su asesinato. Bajo esta modalidad, fueron asesinados campesinos y pobladores que desempeñaban diversas actividades económicas, quienes fueron sujeto de señalamientos que nunca fueron corroborados por la inteligencia militar. Estas personas se encontraban en situaciones de vulnerabilidad debido a su género, edad, pertenencia a un Pueblo Indígena o alguna condición cognitiva especial. De acuerdo con la evidencia judicial, también fueron ejecutados integrantes de grupos guerrilleros, milicianos y/o colaboradores de las Farc-EP, del ELN o de estructuras paramilitares que, en el momento de los hechos, se encontraban fuera de combate o se habían rendido ante el Ejército Nacional.
 
Algunas de estas víctimas fueron entregadas por paramilitares, señaladas por informantes o incluso por miembros de la comunidad, quienes proporcionaban información bajo la figura de denunciantes o informantes anónimos. Uno de los casos documentados por esta sala corresponde al asesinato de 15 personas, algunas de ellas integrantes de grupos paramilitares, ocurrido el 16 de enero de 2006 a manos de miembros de Corcel 1, del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 'Coronel Juan José Rondón'. Según el testimonio de un sobreviviente ante la JEP, las víctimas se encontraban descansando en un campamento en la zona rural del municipio de Urumita, La Guajira, cuando fueron abordadas por miembros del Ejército Nacional, quienes las desarmaron, las obligaron a desnudarse, las agruparon y luego les dispararon. Tres de ellas lograron escapar.
 
La Sala de Reconocimiento de Verdad también identificó al menos 106 eventos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, ocurridos bajo esta modalidad, en los que perdieron la vida 184 personas. Estos hechos se distribuyen geográficamente en 40 municipios de seis departamentos de la región caribe colombiana: Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre. Al menos 17 de estas víctimas siguen sin poder identificarse plenamente, ya que en muchos de los casos sus documentos fueron destruidos para impedir su identificación y la entrega digna de sus restos. Esto representa aproximadamente el 30,46% de los hechos determinados.
 
Segunda modalidad: A través de engaños y falsas promesas de dinero, civiles reclutados por militares, así como soldados y suboficiales vestidos de civil, convencieron a las víctimas de trasladarse a lugares alejados de sus hogares, donde finalmente eran asesinadas. En algunos casos, se trataba de personas en situación de calle, a quienes se les ofrecía trabajo falso o se las atraía con alimentos, bebidas o drogas. En otros, se trataba de personas en situación de discapacidad, cuya vulnerabilidad facilitaba su selección.
 
De acuerdo con la investigación, también fueron asesinadas víctimas cuya necesidad económica fue determinante en su reclutamiento. Entre ellas había vendedores ambulantes, mototaxistas, jardineros, lavadores de carros, peluqueros, albañiles, pescadores y emboladores. Además, se incluyeron desmovilizados de grupos paramilitares en busca de trabajo, así como jóvenes desempleados que buscaban sustento para sus hogares.
 
Civiles contratados por integrantes de unidades militares, así como miembros de estas mismas tropas, fingían conocer oportunidades de trabajo o formas de obtener dinero. Con estas mentiras, convencían a las víctimas. En otros casos, los propios militares, principalmente soldados o suboficiales de la sección de inteligencia, se encargaban de atraerlas. Vestidos de civil, se desplazaban a zonas pobladas y, mediante engaños, convencían a las personas de dirigirse a un punto previamente acordado, donde las esperaba el pelotón para ejecutarlas.
 
La coordinación entre miembros del Ejército Nacional y reclutadores civiles alcanzó tal nivel de sofisticación que, en algunas unidades militares, se asignaba a una persona específica en cada municipio bajo su jurisdicción, con la tarea de seleccionar y captar víctimas. Bajo esta modalidad, uno de los casos documentados es el asesinato de 11 jóvenes de Tolú Viejo, Sucre, entre julio y agosto de 2007. Todos se encontraban desempleados y buscaban una fuente de ingresos para sus familias. Desaparecieron y, posteriormente, fueron reportados como insurgentes o miembros de organizaciones armadas ilegales abatidos en combate por integrantes del Gaula Córdoba y la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre.
 
Según determinó la justicia ordinaria, a la mayoría de las víctimas se les ofreció un supuesto empleo en fincas de municipios vecinos como Sampués y San Marcos, donde debían dedicarse al cuidado de ganado u otras labores, con una remuneración mensual de entre 400 y 800 mil pesos. Como condición, debían viajar de inmediato, sin equipaje, con la promesa de que en su destino tendrían todo lo necesario y que, tras algunas semanas, podrían regresar a sus hogares.
 
26 niñas y niños asesinados
Entre las víctimas hay 31 indígenas de los pueblos Wiwa, Wayú y Kankuamo, 26 niños y niñas y 14 mujeres, incluida una mujer embarazada. Aún hoy, 122 de ellas no han sido identificadas.   Hasta la fecha, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha acreditado a 4.271 víctimas para participar en el proceso judicial del Caso 03. De este total, 903 víctimas corresponden a los departamentos analizados en esta segunda fase del Subcaso Costa Caribe, así: 423 de son del departamento de Cesar, 283 de La Guajira, 76 de Córdoba, 53 de Magdalena, 52 de Sucre, 14 de Bolívar y dos de Atlántico.
 
La JEP documentó el asesinato de 20 niños y seis niñas, quienes fueron presentados falsamente como bajas en combate por unidades militares. Entre las víctimas hay una niña indígena Wiwa, un niño indígena Wayúu, un adolescente de 16 años no identificado que se rindió ante la tropa y fue ejecutado, además de dos hermanos de apenas 13 y 15 años, quienes fueron atraídos con engaños y asesinados. Estos crímenes evidencian como integrantes de las unidades tácticas implicadas ignoraron su deber de proteger a la infancia, como lo exige el Derecho Internacional Humanitario y son una muestra clara de la afectación del conflicto armado en los derechos de la niñez. En muchos casos, los niños y niñas fueron atraídos por militares o reclutadores, quienes se aprovecharon de su vulnerabilidad.
 
Un caso emblemático es el de Elibeth Vega Izquierdo, una joven indígena Wiwa de 16 años, quien fue asesinada y presentada falsamente como baja en combate el 23 de agosto de 2005, junto a Claribel Rodríguez Sierra y Claudia Patricia Peña, en San Juan del Cesar, La Guajira. Las tres habían sido reclutadas cuando eran niñas por el Frente 59 de las Farc-EP. Esta investigación reveló que, a los 20, 17 y 16 años, las tres jóvenes lograron desertar del grupo armado junto a un hombre conocido como 'Óscar'. Tras escapar, fueron retenidas por miembros de las AUC, quienes luego las entregaron al Grupo de Caballería Mecanizado Nº 2 Juan José Rondón (GMRON), que, el 23 de agosto de 2005, las presentó falsamente como bajas en combate. En ese momento, el Ejército Nacional informó que se había producido un supuesto enfrentamiento con miembros de un grupo armado en el corregimiento Los Haticos, en San Juan del Cesar – La Guajira, donde se reportaron tres bajas.
 
En el marco de la investigación del Caso 03, y como parte de las medidas cautelares ordenadas por la JEP para proteger el cementerio de San Juan del Cesar, donde se encontraron indicios de inhumación de víctimas de desaparición forzada, Medicina Legal identificó sus cuerpos el 31 de diciembre de 2024. La entrega digna de sus restos se llevó a cabo durante el primer trimestre de 2025 en La Guajira y Norte de Santander.
 
Afectaciones a la población indígena
De las 604 víctimas identificadas en el período analizado por la sala, 31 eran integrantes de Pueblos Indígenas: 19 del Pueblo Wayúu, 10 del Pueblo Wiwa y dos del Pueblo Kankuamo. Estas pérdidas afectaron profundamente a sus familias y pusieron en riesgo la supervivencia de sus comunidades. La investigación del Caso 03 arrojó que estos pueblos sufrieron un impacto colectivo y desproporcionado en múltiples dimensiones. Se vieron afectados en su supervivencia física, autonomía, autodeterminación e integridad política, social y organizativa. Además, experimentaron daños profundos en su cultura, espiritualidad y en la transmisión de conocimientos entre generaciones.

La sala determinó que el impacto de estos crímenes no se limitó a los asesinatos y desapariciones forzadas, sino que tuvo consecuencias devastadoras a nivel individual, familiar, comunitario y social. Se truncaron tanto proyectos de vida individuales como colectivos, y se generaron sufrimientos que afectaron la estructura misma de estas comunidades. Por ejemplo, la estigmatización de los pueblos indígenas, a quienes se les señalaba falsamente como colaboradores de grupos guerrilleros, puso en riesgo su existencia. Esta situación obligó al desplazamiento de comunidades enteras, como ocurrió con el Pueblo Wiwa. Ante la JEP, las víctimas narraron que las amenazas y los constantes señalamientos las obligaron a huir de sus territorios, lo que provocó desarraigo y daños económicos que pusieron en peligro su seguridad alimentaria.

Además, la manipulación de escenas del crimen y la desaparición de cuerpos por parte del Ejército afectaron profundamente los rituales del Pueblo Wayúu. El conflicto armado también golpeó su autonomía e integridad política. Antes de la violencia, sus comunidades se regían por dinámicas colectivas fundamentales para su organización. La guerra fracturó estos sistemas, impidiendo la realización de actividades comunitarias y rituales en sus sitios sagrados. Como resultado, muchos indígenas se vieron obligados a renunciar a su identidad y pertenencia comunitaria para sobrevivir al estigma y la persecución.

En estas comunidades, la mujer es portadora de vida, conocimiento y un pilar fundamental de la identidad cultural. Su rol trasciende la maternidad, ya que es esencial en la transmisión de saberes y en la cohesión tanto familiar como comunitaria. La desaparición de mujeres indígenas agravó aún más el impacto del conflicto. El asesinato y desaparición de la joven Wiwa Yajaira Cristina Nieves Oñate, el 7 de marzo de 2006, quien fue ejecutada en una situación de extrema vulnerabilidad —por encontrarse a seis meses de embarazo y cuidando a sus tres hijos menores de edad— a manos de la Fuerza de Reacción Divisionaria, significó un impacto colectivo desproporcionado para el Pueblo Wiwa.

Otros hallazgos
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que muchas de las víctimas ejecutadas por agentes del Estado, cuya misión era protegerlas, eran personas jóvenes que, además de perder la vida, sufrieron intensos daños físicos y psicológicos al descubrir que habían sido engañadas, a menudo, con falsas ofertas de trabajo, y que en realidad iban a ser asesinadas. El daño causado trascendió a sus familias y comunidades. Sus seres queridos experimentaron profundas afectaciones morales, emocionales y materiales. La pérdida de un familiar implicó un deterioro en su patrimonio, un cambio abrupto en sus proyectos de vida y en la dinámica familiar, lo que agravó aún más sus condiciones socioeconómicas preexistentes.
 
Las madres, padres, esposas, compañeros, hijos, hijas y hermanos de las víctimas enfrentaron no solo el dolor de la pérdida, sino también graves impactos en su salud mental, emocional y física. Además, fueron objeto de estigmatización, revictimización, amenazas y hostigamientos. Los hijos huérfanos tuvieron que asumir responsabilidades desproporcionadas para su edad, lo que afectó su desarrollo y sus estudios. La sala ha podido constatar, a través del testimonio de las víctimas, que la estigmatización de las familias no terminó tras la desaparición y asesinato de sus seres queridos, sino que se profundizó cuando estas acudieron a funcionarios estatales para conocer lo sucedido.
 
La mayoría de las víctimas eran hombres, gran parte eran jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 16 y los 35 años. Aunque, en menor medida, también se registraron casos de mujeres víctimas, estos tuvieron un impacto diferenciado debido a su identidad de género. En ambos casos, muchas de las víctimas convivían con sus madres, y algunas ya tenían hijos, compañeras, compañeros, esposas o esposos.
                                                        
El impacto de la desaparición no solo radica en la imposibilidad de encontrar a las víctimas, sino también en la pérdida de sus hijos huérfanos. Un caso emblemático es el de la hija de María Elena Pertuz y Kennedy Enrique Pedrozo Vanegas, asesinados y presentados como bajas en combate el 9 de febrero de 2007. La niña tenía apenas cinco meses de edad cuando sucedió el crimen de sus padres y, desde entonces, su familia ha intentado localizarla sin éxito.
 
El reconocimiento de los cuerpos agravó aún más el sufrimiento de los familiares, quienes tuvieron que enfrentar la dolorosa realidad de las heridas y los signos de maltrato en los restos de sus seres queridos. La manera en que fueron encontrados muchos de los cuerpos dejó secuelas psicosociales profundas en sus familias y comunidades.
 
De acuerdo con la sala, la privación de la libertad de las víctimas estuvo acompañada de un esfuerzo deliberado por ocultar lo sucedido. Esto implicaba impedir la identificación de los cuerpos y, de manera fraudulenta, ocultar el paradero de las personas asesinadas. Evitar que los familiares encontraran a las víctimas era tan importante como darles muerte, ya que así se impedía que descubrieran que los cuerpos no pertenecían a guerrilleros o miembros de una banda criminal supuestamente enfrentados con la fuerza pública y, en ese contexto, "neutralizados".
 
Entregas dignas
En el marco del proceso judicial del Subcaso Costa Caribe, la JEP ordenó medidas cautelares para proteger sitios de interés forense donde se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. Entre estos sitios se incluyen el cementerio alterno de El Copey, en Cesar; un sector del cementerio de Sucre, y el cementerio de San Juan del Cesar, en La Guajira (esta medida cautelar fue solicitada por el Instituto de Medicina Legal, decretada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento y desarrollada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas). Para garantizar intervenciones integrales, la JEP ha coordinado mesas técnicas con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, representantes de víctimas y la Fiscalía General de la Nación. Esta colaboración busca mitigar los riesgos de pérdida o deterioro de los cuerpos de las personas desaparecidas.

A partir de estas intervenciones forenses, se han recuperado 67 cuerpos de personas desaparecidas e identificado 14, de las cuales 13 fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región Caribe. Sus restos han sido entregados en ceremonias de entrega digna realizadas entre junio de 2024 y marzo de 2025, para que sus familias puedan darles una digna sepultura.

Precisamente, la primera entrega digna fue la de Óscar Alexander Morales Tejada, desaparecido en diciembre de 2007. Su madre, María Doris Tejada, integrante de las Madres de Soacha, recibió su cuerpo el 18 de junio de 2024, tras su identificación en el marco de las medidas cautelares adoptadas en el Cementerio Alterno de El Copey.

Óscar, de 26 años, viajó a Cúcuta para vender ropa. Tenía previsto reunirse con su familia en Fusagasugá el 27 de diciembre, pero nunca llegó. Su última comunicación con su madre fue el 31 de diciembre, cuando le informó que había perdido su teléfono y no había podido viajar. El 16 de enero de 2008, Óscar, junto a Octavio David Bilbao y Germán Leal Pérez, fue asesinado y presentado ilegalmente como una baja en combate por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, cerca de unas torres de energía en El Reposo, municipio de El Copey, Cesar.

En el marco del proceso judicial ante la JEP, el compareciente Nelson Mauricio Molano informó que las víctimas fueron engañadas con falsas ofertas de trabajo y trasladadas por los soldados a través de una trocha. Mientras conversaban entre sí, sin sospechar lo que ocurriría, fueron asesinadas.
 
¿Qué sigue en la investigación?
Una vez notificados, los 28 imputados tienen 30 días hábiles para aceptar o rechazar los cargos. También pueden presentar argumentos o aportar evidencia adicional. En este mismo plazo, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar observaciones sobre lo determinado en esta decisión judicial.

Si los comparecientes aceptan su responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública en la que reconocerán los hechos y aportarán verdad ante el país, con participación de las víctimas. Posteriormente, si la Sala de Reconocimiento de Verdad considera que han reconocido de manera "plena, detallada y exhaustiva" su responsabilidad y han contribuido a esclarecer la verdad, emitirá una Resolución de Conclusiones y remitirá el caso al Tribunal para la Paz. Allí, la Sección de Reconocimiento de Verdad evaluará su situación jurídica y, antes de imponer las sanciones correspondientes, garantizará que la sentencia respete los derechos de las víctimas, brinde seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales.

Por otro lado, si los comparecientes rechazan su responsabilidad, su caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, quien decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz, donde se llevará a cabo un juicio con todas las garantías procesales, si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de cárcel.