COMUNICADO 50
JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a tres nuevos comparecientes de la fuerza pública en el Subcaso Casanare del Caso 03
- El teniente coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, el sargento Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar fueron imputados como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, en el marco del Subcaso Casanare del Caso 03.
- En este subcaso, la Sala de Reconocimiento de Verdad había imputado crímenes de guerra y de lesa humanidad a 23 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles, por su participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. De ellos, 24 han reconocido responsabilidad ante las víctimas, la justicia y el país. Las personas que ahora son imputadas tienen un plazo de 30 días para aceptar o no la responsabilidad que se les atribuyó. En caso de no hacerlo, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación para que se surta el proceso adversarial correspondiente.
- Esta decisión responde a los recursos de reposición interpuestos por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Procuraduría General de la Nación contra el auto mediante el cual se remitió la situación de 301 comparecientes de la fuerza pública a la Sala de Definición, para que sea esta la que resuelva su situación jurídica.
- Los recursos interpuestos por las víctimas y el Ministerio Público representan una oportunidad para avanzar con firmeza en el esclarecimiento de la verdad y la judicialización de los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado.
Bogotá, 23 de abril de 2025. Tres comparecientes más de la fuerza pública fueron llamados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP a asumir responsabilidad como máximos responsables de la organización criminal que operó dentro de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre 2005 y 2008. Esta estructura se valió de la arquitectura institucional para presentar asesinatos y desapariciones forzadas como dadas de baja en combate en ese departamento del oriente del país.
Como parte de este proceso judicial, la magistratura decidió imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad al teniente coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, al sargento Jaime Luis Olivera Arrieta y al subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar. Los comparecientes fueron señalados como coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, en el marco del Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga este fenómeno criminal en el país.
Estos tres nombres se suman a la lista de máximos responsables imputados en el subcaso. En septiembre de 2023, en el marco de la Audiencia de Reconocimiento de Verdad, 24 de los 26 primeros imputados aceptaron su responsabilidad ante la justicia, las víctimas y el país por los denominados 'falsos positivos' cometidos en este departamento. Ahora, estos tres comparecientes tienen 30 días para responder a la imputación y decidir si se acogen al proceso de reconocimiento y se vinculan a su componente restaurativo.
Tras evaluar los recursos de reposición interpuestos por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos —en representación de las víctimas que participan en el proceso judicial— y por la Procuraduría General de la Nación, la magistratura concluyó que existen elementos suficientes para considerar que estos comparecientes realizaron aportes esenciales al patrón de macrocriminalidad identificado como “asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por algunos integrantes de la Brigada XVI".
A través de esta ampliación del tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido por la JEP en el Caso 03, se detalla la masividad de una conducta que permeó todos los niveles de la Brigada XVI, mediante la cual se llevaron a cabo ataques organizados y a gran escala con el propósito de asesinar a personas indefensas, que luego eran presentadas falsamente como bajas en combate y en las que participaron los tres comparecientes.
Con base en la Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los crímenes de los que son responsables fueron calificados a partir del Código Penal Colombiano, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional, incluyendo el Estatuto de Roma. La Sala de Reconocimiento de la JEP calificó los asesinatos y desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
¿De qué son responsables?
El compareciente Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena se desempeñó como oficial de inteligencia de la Brigada XVI entre diciembre de 2006 y febrero de 2008; Jaime Luis Olivera Arrieta se desempeñó como sargento segundo, encargado del análisis del blanco FARC en la misma oficina entre junio de 2003 y mayo de 2007; y Gustavo Alberto Parada Cuéllar ejerció funciones como comandante del pelotón 'Cobra 4', adscrito al Batallón de Infantería 'Ramón Nonato Pérez' (BIRNO 44), además fue miembro de la oficina de inteligencia de dicha unidad táctica entre junio de 2006 y enero de 2008. El proceso de contrastación judicial de la JEP permitió concluir que:
El compareciente Sarmiento Valbuena facilitó la difusión de información proveniente del DAS, generada en el marco de una estrategia de estigmatización contra la población civil. Dicha información sirvió de base para el diseño y ejecución de operaciones militares orientadas a la presentación de falsas bajas en combate. Asimismo, permitió que en la Oficina del B2 se generaran registros o anotaciones falsas, utilizadas como parte del entramado diseñado para hacer pasar a las víctimas por miembros de grupos armados ilegales. Además, facilitó el pago de recompensas en los casos de personas que fueron ilegalmente presentadas como bajas en combate.
Por su parte, Olivera Arrieta, integrante de la Oficina de Inteligencia de la brigada, elaboró documentos que sirvieron de sustento para la planeación, ejecución y desarrollo de operaciones militares que resultaron en asesinatos y desapariciones forzadas, presentados falsamente como bajas en combate. También intercambió información de inteligencia con la Seccional Casanare del DAS y con el Gaula Casanare, la cual fue esencial para la comisión de estos crímenes que se hicieron pasar como resultados operacionales legítimos.
Finalmente, Parada Cuéllar permitió y encubrió la realización de los asesinatos y desapariciones forzadas como bajas en combate por parte de hombres bajo su mando. Participó directamente en el engaño, reclutamiento y retención de personas que luego fueron asesinadas. Además, aprovechó su condición y conocimiento del territorio para incorporar a un soldado a la sección de inteligencia, con el fin de que, bajo su auspicio y coordinación, se llevaran a cabo labores de reclutamiento y localización de víctimas.
La develación de las estructuras criminales gestadas en algunas unidades militares del país —como la Brigada XVI— ha permitido evidenciar el rol esencial y determinante que desempeñaron los 29 máximos responsables. Estos comparecientes participaron en conductas especialmente graves y representativas, sin las cuales dicho plan criminal no habría podido desarrollarse ni perpetuarse. Esta realidad ha exigido realizar análisis complejos sobre el grado de participación de numerosos comparecientes vinculados a la investigación. En este contexto, los recursos interpuestos por las víctimas y el Ministerio Público, en ejercicio de sus derechos dentro del trámite judicial, representan una oportunidad para avanzar con firmeza en el esclarecimiento de la verdad y la judicialización de los crímenes más atroces ocurridos en el conflicto armado.
