COMUNICADO 060
JEP socializó con las comunidades afros del Cauca y del Valle del Cauca auto con el que imputó cargos a 10 integrantes de las extintas Farc – EP, dentro del Caso 05
- En la notificación con pertinencia étnica participaron víctimas colectivas, acreditadas ante la JEP, de 84 organizaciones afrocolombianas. Entre ellas, consejos comunitarios.
- A través de este procedimiento judicial, se comparten y explican las decisiones judiciales emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, respetando las tradiciones y la autonomía de las comunidades.
- Durante la notificación, las comunidades afrocolombianas del Cauca y Valle del Cauca manifestaron la importancia que tiene para ellas que la JEP imputara crímenes de persecución y contra el medio ambiente a los exintegrantes de las Farc-EP.
- En la notificación, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, resaltó el trabajo que viene realizando la JEP en el Caso 05.
- La Procuraduría destacó que en el Auto 01 de 2023 se ha respetado el debido proceso y la perspectiva de las prácticas e identidad étnica del pueblo afrocolombiano.
Bogotá, 8 de junio de 2023. Víctimas acreditadas ante la JEP de Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Florida, Pradera, Palmira, Guachené, Villa Rica, Jamundí y Candelaria, en el Valle del Cauca y el Cauca, llegaron hasta el auditorio de la Universidad del Valle, en Santander de Quilichao, para participar de la notificación del auto en el que la Sala de Reconocimiento imputó 14 crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 ex integrantes de dos columnas móviles de las extintas Farc–EP.
En la diligencia judicial, conocida como una notificación con pertinencia étnica, participaron representantes de víctimas colectivas de 84 organizaciones afrocolombianas.
Entre ellas, de 81 consejos comunitarios que llegaron, desde las nueve de la mañana, a escuchar al magistrado Raúl Sánchez, relator del Caso 05, que investiga la situación territorial en 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Fue él, y su equipo de trabajo, quien les explicó a las víctimas participantes la decisión judicial adoptada el pasado 1º de febrero.
En esa decisión, la Sala de Reconocimiento de la JEP llamó a reconocer responsabilidad a 10 antiguos integrantes de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de las extintas Farc-EP, a quienes se les imputaron delitos como ataques contra la población civil, empleo de minas antipersonal, asesinatos y desapariciones de líderes de comunidades étnicas y campesinas, persecución, destrucción al medio ambiente, reclutamiento y utilización de niñas y niños, entre otros.
“La humanidad tiene una enorme deuda con los crímenes que se han cometido contra ustedes, con la población afrodescendiente. Este auto de imputación de cargos es un primer gran paso para reconocer la discriminación, la exclusión, la persecución a la cual han estado sometidos”, les dijo el magistrado Raúl Sánchez al instalar la diligencia de notificación con pertinencia étnica y cultural.
A su turno, Uldi Teresa Jiménez, procuradora segunda delegada ante la JEP, señaló: “En esta providencia se ha respetado no solo el debido proceso, sino además la perspectiva de las prácticas e identidad étnica en cada comunidad del pueblo afrocolombiano que hoy recibe esta notificación”. Y agregó: “en esta línea, es evidente que estas condiciones históricas de segregación que han enfrentado las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras, han desencadenado el impacto, como la pérdida de sus tierras, la amenaza a su cultura, modo de vida, lo cual vuelve aún más vulnerables a los afrodescendientes por cuenta de racismo, de la marginación, de la exclusión social, política y económica”.
En varias de sus intervenciones, las víctimas reconocieron la importancia que tiene este auto. Y, destacaron, que se hayan imputado delitos como la persecución y destrucción del medio ambiente. Así lo planteó Francisco Lucumí: “Aquí sí hubo persecución contra nosotros. Hubo desplazamiento y afectación a la autonomía, a nuestro sistema organizativo y social. También afectaron nuestro entorno, nuestra relación con el medio ambiente, y él hace parte de nuestra vida, de nuestro territorio. Reiteramos nuestra satisfacción y agradecimiento con la JEP por haber imputado estos crímenes”.
A este acto de notificación con pertinencia étnica, también asistieron de manera virtual la vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, y la consejera presidencia para la Equidad de la Mujer, Clemencia Carabalí Rodallega. Ambas funcionarias se encuentran acreditadas como víctimas en el Caso 05, como integrantes de Consejos Comunitarios del norte del Cauca.
“En muchos momentos llegué a pensar que la justicia era esquiva para nosotros, que esos hechos se iban a quedar en la impunidad. Hoy, ver a la JEP, dando ese paso tan importante, es un hecho de sanación, de reparación, es un hecho que conmueve. Quiero decirle a la JEP que cuentan conmigo para lo que sea necesario”, dijo la vicepresidenta Márquez en su intervención.
El arte y la cultura de las comunidades afrodescendientes estuvieron presentes en la diligencia. Un grupo de jóvenes de la vereda Munchique de Buenos Aires (Cauca), presentaron la obra de teatro: ‘Yo no me voy’, a través de la cual recrearon la resistencia de todo un pueblo ante las dificultades.
Al cierre de la diligencia, el magistrado Sánchez tomó nuevamente la palabra para agradecer a las víctimas y a sus representantes y reiterar el compromiso que tiene la JEP para seguir en la búsqueda de la verdad, la justicia y trabajar por la no repetición de lo que vivieron pueblos étnicos. “Este despacho tiene un compromiso ético y moral, además de jurídico con ustedes. Gracias porque es por ustedes que estamos hoy aquí”, concluyó el magistrado.
La notificación con pertinencia étnica constituye un procedimiento en el cual, con respecto a sus tradiciones, se comparten y explican las decisiones judiciales emitidas por la jurisdicción. Para la JEP, la participación a través de los casos territoriales de las personas que fueron afectadas por el conflicto armado en las regiones es una prioridad para garantizar sus derechos y materializar el principio de centralidad de las víctimas.
