COMUNICADO 138
La JEP acredita a La Ruta del Cimarronaje para participar en el proceso judicial del Caso 08
- Esta es la primera acreditación colectiva con pertenencia étnica y cultural que se da en el Subcaso Montes de María – Caso 08, que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armad.
- La Ruta del Cimarronaje es un proceso colectivo conformado por más de 200 organizaciones sociales del Caribe Colombiano, que ha liderado un proceso sólido en defensa de derechos de las comunidades étnicas en el Canal del Dique y zonas aledañas.
- Para tomar esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad tuvo en cuenta las vulneraciones sufridas por las comunidades del Canal del Dique en el contexto del conflicto armado, que incluyeron violencia física directa, violencia cultural y afectaciones en su relación con la tierra y el agua.
San Juan Nepomuceno (Bolívar), septiembre 23 de 2024. Ante más de 40 víctimas, entre ellas representantes de las 200 organizaciones sociales del Caribe Colombiano que conforman La Ruta del Cimarronaje, la Sala de Reconocimiento de Verdad les notificó que este proceso colectivo fue acreditado para participar en el proceso judicial Subcaso Montes de María – Caso 08 de la JEP que investiga: crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado.
Durante la diligencia en San Juan Nepomuceno (Bolívar), la Sala explicó el sentido, alcance y propósito de la decisión. “Esta es la primera acreditación colectiva con pertinencia étnica y cultural realizada por la JEP en la región, lo que tiene gran importancia tanto para la memoria histórica de nuestro país como para la ancestralidad de estas comunidades y la protección de sus derechos culturales”, señaló el equipo de la magistrada María del Pilar Valencia, relatora de esta investigación.
Las víctimas acreditadas en el Caso 08 podrán participar en las etapas del procedimiento previstas para ello. Además, recibirán acompañamiento psicosocial, tendrán acceso a un abogado gratuito, tendrán la posibilidad de hacer preguntas y presentar observaciones sobre lo que digan los agentes del Estado, entre ellos integrantes de la fuerza pública, en las audiencias. Asimismo, ellas y sus representantes judiciales podrán participar en la definición de los proyectos de sanciones que se impongan a los comparecientes.
La JEP tuvo en cuenta las solicitudes de esta organización de la sociedad civil para su acreditación como Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero al tomar esta decisión. La decisión se basa en los hechos victimizantes ocurridos en la subregión del Canal del Dique entre 1989 y 2016, incluyendo torturas, amenazas, homicidios, masacres y desapariciones forzadas. Estos crímenes afectaron profundamente a la región y dejaron un número indeterminado de víctimas que el Estado aún no ha logrado cuantificar.
La Ruta del Cimarronaje es un proceso colectivo compuesto por más de 200 organizaciones sociales del Caribe Colombiano, que ha liderado una sólida defensa de los derechos de las comunidades étnicas en esta subregión. En respuesta a este trabajo, precisamente, en 2022, la JEP ordenó medidas de protección específicas para las obras de infraestructura en el Canal del Dique. Estas medidas tienen como objetivo garantizar la búsqueda de personas desaparecidas y asegurar el derecho a la participación de las víctimas.
“Esta posibilidad de tener un sistema de verdad, justicia y reparación es lo que permite que las víctimas podamos acceder de forma diferente a la verdad y construir la verdad desde la memoria, desde la resistencia y desde la resiliencia”, dijo Aura Camargo, vocera de la Ruta del Cimarronaje, quien además se refirió al impacto que para ellas tuvo la adopción de las medidas cautelares y las decisiones que de allí se derivaron como los lineamientos nacionales para la elaboración de protocolos destinados a la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado en proyectos de infraestructura de transporte en el país.
La acreditación de esta organización en el proceso judicial del Caso 08 también consideró los daños causados a las prácticas tradicionales y sociales, que facilitaron la normalización de la violencia y el deterioro de las tradiciones culturales y ancestrales de los pueblos Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros en el Canal del Dique. Además, se tuvo en cuenta la imposición de un control territorial que desplazó cultivos nativos y provocó el despojo de las comunidades, exacerbando el impacto del conflicto armado.
