COMUNICADO 55
La JEP acredita como víctimas a 11 antiguos miembros del Ejército, víctimas de minas antipersonal en Urabá
- Fueron acreditados como víctimas en el Caso 04, que investiga la situación territorial de Urabá.
- La JEP pudo establecer que, como consecuencia del uso de minas antipersonal, todos sufrieron lesiones físicas, amputaciones y traumas severos de carácter permanente.
Bogotá, 25 de abril de 2025. La Sala de Reconocimiento de Verdad acreditó como víctimas a 11 antiguos integrantes del Ejército Nacional que resultaron heridos por minas antipersonal en los municipios de Dabeiba, Turbo y Apartadó (Antioquia), entre 1997 y 2014. Esta decisión se tomó en el marco del Caso 04, que investiga la situación territorial en la región de Urabá.
Para su acreditación, cada uno de los militares retirados presentó ante la JEP su relato de los hechos, junto con pruebas sumarias y documentación complementaria. Tras analizar esta información, la magistratura determinó que, como consecuencia del uso de minas antipersonal, todos ellos sufrieron lesiones físicas, amputaciones y traumas severos de carácter permanente, que afectaron su integridad y truncaron sus proyectos de vida.
Además, varios de ellos solicitaron el reconocimiento de sus seres queridos como víctimas indirectas, debido al impacto que las secuelas físicas y emocionales generaron en sus núcleos familiares. Por eso, en total fueron acreditadas 23 personas como víctimas en el Caso 04.
La Sala de Reconocimiento de Verdad tomó esta decisión teniendo en cuenta que el uso de minas antipersonal está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y por la legislación colombiana, debido al sufrimiento innecesario que causan y a su carácter indiscriminado.
La acreditación trasciende lo jurídico: el auto emitido reconoce la dignidad y el valor de quienes han sufrido en carne propia la barbarie del conflicto armado en Urabá. En su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, la JEP escucha y visibiliza las voces de quienes han permanecido en silencio a causa de la violencia vivida en el marco del conflicto.
El auto que resuelve esta acreditación también enfatiza en la gravedad de las violaciones a los derechos humanos y al DIH que implican los artefactos explosivos improvisados. Estas armas, que no distinguen entre combatientes y civiles, han dejado huellas imborrables de dolor en las víctimas y comunidades de la región de Urabá.
A través de este auto, la JEP hace un llamado a las instituciones, a los comparecientes, a la ciudadanía en Urabá y en el resto del país a unirse en un gesto de reconocimiento del dolor causado por el conflicto armado y de solidaridad con las víctimas. Reconocer su sufrimiento es el primer paso para construir un futuro en el que la paz y la dignidad sean los pilares de nuestra convivencia.
Dentro de las órdenes emitidas, la sala solicitó a la Fiscalía General de la Nación que informe sobre las investigaciones en curso relacionadas con estos hechos victimizantes. Además, ordenó al Grupo de Análisis de la Información (Grai) de la JEP realizar la georreferenciación de los lugares donde ocurrieron los incidentes.
Asimismo, instruyó a la Secretaría Ejecutiva, a la Oficina Estructuradora de Proyectos, a la Oficina de Enfoques Diferenciales y a la Oficina de Justicia Restaurativa integrar el contenido de esta decisión en el proceso de atención integral y restaurativa para las víctimas acreditadas, caracterizando de manera diferencial los daños y afectaciones sufridos.
La investigación judicial del Caso 04 abarca crímenes cometidos entre 1986 y 2016 en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba y San Pedro de Urabá (Antioquia); El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó); Tierralta y Valencia (Córdoba).
