COMUNICADO CONJUNTO 03

La JEP amplía a diciembre de 2025 la medida cautelar que protege el Estero San Antonio, en Buenaventura

  • La decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SARV) de la JEP protege puntos de interés forense en el manglar del Estero San Antonio para garantizar la búsqueda de posibles víctimas de desaparición forzada y evitar cualquier tipo de intervención que ponga en riesgo la recuperación de cuerpos.
  • Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), los avances logrados son significativos y permiten entender nuevas formas de realizar la búsqueda en escenarios complejos como este manglar. Allí se han integrado saberes ancestrales de las comunidades y conocimiento técnico-científico para obtener mejores resultados y ampliar la participación de las familias y organizaciones.
Bogotá, 17 de febrero de 2025. Con el propósito de cumplir con las órdenes emitidas por la JEP, orientadas a ofrecer una respuesta integral a las víctimas y a sus comunidades, salvaguardar la búsqueda de personas desaparecidas, combatir la impunidad, intervenir en sitios de interés forense y contribuir a la restauración del daño causado, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad decidió ampliar hasta diciembre de 2025 las medidas cautelares que protegen el manglar del Estero San Antonio, en Buenaventura.
 
Según la investigación humanitaria y extrajudicial de la Unidad de Búsqueda, al menos 940 personas fueron desaparecidas en acciones del conflicto armado antes del primero de diciembre de 2016 en este territorio, de las cuales 205 podrían estar asociadas a los esteros que rodean a este municipio del Valle del Cauca. No obstante, los cuerpos que se presume podrían estar allí pueden ser recuperados en otros puntos, debido a las dinámicas de desplazamiento y cosmovisión del territorio.
 
Con esta ampliación, que extiende la prohibición de cualquier intervención distinta a los trabajos forenses en la zona hasta el 25 de diciembre de 2025, se busca avanzar en la protección, la búsqueda y la posible identificación de cuerpos de víctimas. Precisamente, entre las órdenes emitidas a diferentes instituciones del Estado para garantizar el derecho a la búsqueda de los familiares y, en este caso, de los peticionarios de las medidas cautelares, estas son las 10 que se encuentran en ejecución y continúan avanzando.
 

  1. Aprobación del Plan de Intervención Subacuático: la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas presentó este plan, que ya fue aprobado. En este marco, la UBPD verificó 22 anomalías en la Fase II, detectadas en el lecho submarino en cuatro polígonos delimitados por la JEP, lo que representa un área de 39 hectáreas. Esto significa que se ha realizado el abordaje forense con antropólogos subacuáticos de los puntos referenciados como anomalías en la primera fase de prospección geofísica subacuática, lo cual permitió determinar cuántos y cuáles puntos debían ser abordados.
     
    Además, la entidad ha llevado a cabo jornadas de trabajo para brindar claridad a los familiares sobre los hechos y factores que han perpetuado la incertidumbre respecto al paradero de sus seres queridos.
     
  2. Plan de Intervención en Tierra: Este plan, elaborado por la UBPD en colaboración con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), fue presentado y aprobado. Gracias a este esfuerzo, se avanzó en la caracterización superficial del suelo. Sin embargo, aún queda pendiente garantizar la ejecución completa de las actividades de prospección, localización y búsqueda de personas desaparecidas.
     
  3. Toma de muestras genéticas: Medicina Legal y la UBPD establecieron un cronograma para implementar el Plan de Toma de Muestras Genéticas. Actualmente, se ha realizado la toma de muestras a 26 familiares con casos relacionados en el marco de la medida. Esta labor continúa en desarrollo y se proyecta que finalice en 2025
     
  4. Creación de una política pública para prevenir la desaparición forzada: la Alcaldía de Buenaventura ha avanzado en el desarrollo de talleres destinados a establecer una ruta estratégica para implementar esta política. En 2025, la Administración deberá definir esa ruta, presentarla ante las víctimas y, posteriormente, someterla a aprobación del Concejo municipal, con el fin de incorporarla en el Plan de Desarrollo.
     
  5. Disposición presupuestal para la adquisición de bóvedas a perpetuidad: la Alcaldía de Buenaventura, en coordinación con la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal, deberá garantizar la adquisición de bóvedas en un cementerio que reúna las condiciones óptimas para preservar los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada.
     
  6. Caracterización del daño espiritual en Buenaventura: los equipos psicosociales y restaurativos de las entidades continuarán desarrollando actividades dirigidas a identificar la afectación espiritual causada por los hechos ocurridos en el Estero San Antonio. Esto permitirá establecer rutas, mecanismos y acciones específicas para mitigar el daño.
     
  7. Plan para el Registro e Inclusión de Víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV): la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) presentó un plan para ampliar el RUV. Este año, deberá avanzar en su ejecución con el objetivo de convocar al mayor número posible de víctimas. La Defensoría del Pueblo y la UARIV presentarán informes periódicos de los avances logrados.
     
  8. Casa de Sanación (Ilé de Sanación) en Buenaventura: la Alcaldía de Buenaventura deberá garantizar las condiciones adecuadas para la creación y el funcionamiento de esta casa de memoria. Además, deberá atender las recomendaciones de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y del Ministerio del Interior, así como asegurar la participación de las víctimas en este proceso.
     
  9. Acto público de reconocimiento al rol de las mujeres buscadoras de Buenaventura: el Ministerio del Interior, en articulación con la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa de la JEP, trabajará para organizar un acto público que incorpore elementos restaurativos y de memoria. Este espacio busca ofrecer una reparación simbólica, dignificar a las víctimas y fortalecer el reconocimiento del liderazgo de las mujeres buscadoras.
     
  10. Declaración del Estero San Antonio como lugar de memoria: en un plazo de seis meses, los ministerios de Ambiente, Cultura y Salud, junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la Dirección General Marítima (DIMAR), la Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación de Buenaventura, deberán presentar una propuesta detallada con los alcances y las condiciones para cumplir esta orden.
 
Además de ampliar el periodo, a través del Auto 089-24, se ordena darle continuidad a las mesas técnicas bimensuales para informar sobre los avances que se tengan en el cumplimiento de lo dispuesto por la Jurisdicción. En estas mesas participan el Ministerio del Interior, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Buenaventura, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Unidad de Búsqueda (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal (INMLCF), la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y las organizaciones de víctimas.
 
Esta medida cautelar responde a las solicitudes de organizaciones como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en representación jurídica de 15 organizaciones territoriales y nacionales con presencia en Buenaventura; la fundación Nydia Érika Bautista; la organización Madres por la Vida y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Como parte del proceso, estas organizaciones presentaron informes cartográficos que delimitan cinco zonas en las que se identificaron 65 puntos de interés forense dentro del Estero San Antonio: estero Amazonas, estero Hondo, estero El Pailón, estero Guerrero y la orilla opuesta.