La JEP es una entidad abierta al escrutinio público y su gestión es transparente

Bogotá, 25 de septiembre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una entidad abierta a un escrutinio público y a la transparencia en su ejecución. Cuenta con acceso a múltiples fuentes de información disponibles y abiertas que le permiten a la ciudadanía realizar una vigilancia responsable y bien informada acerca del gasto de los recursos para su operación y el cumplimiento de su misionalidad.

La JEP cuenta con un portal de Transparencia en su página web (consulte aquí) en el que es posible encontrar toda la información sobre la entidad: la normativa vigente; informes de contratación; datos de planeación y presupuesto, incluidos informes de ingresos, gastos e inversión, trámites y servicios. 

Los viajes realizados por delegaciones de magistradas y magistrados de la JEP responden a invitaciones oficiales que tuvieron como fin rendir cuentas sobre el modelo de Justicia Transicional Restaurativa a la comunidad internacional. Así mismo, responden a la participación en espacios de índole judicial con organismos y entidades dedicadas a los derechos humanos y al derecho penal internacional.

El Acuerdo Final de Paz fue depositado formalmente ante el Consejo Federal Suizo en Berna y reconocido como documento oficial ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, bajo la Resolución 2261, por esta razón la JEP debe mantener informada a la comunidad internacional sobre su trabajo. 

Por ello, magistradas y magistrados de la JEP, en cabeza del presidente de turno, han realizado visitas al exterior por medio de invitaciones que dan fe de los avances en el juzgamiento de graves crímenes por parte del Estado colombiano y transmiten la experiencia adquirida por esta Jurisdicción, que es reconocida mundialmente como innovadora y pionera en diversos aspectos.

Estas actividades que hacen parte de la misionalidad de la JEP, se han realizado según lo dispuesto en el artículo 20, literales a) y b) del Reglamento General de la Jurisdicción Especial para la Paz (Acuerdo ASP No. 001 de 2020), y han sido debidamente informadas a la ciudadanía.

Por ejemplo, el 9 abril de 2024, el entonces presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, estuvo presente en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llevada en Nueva York (Estados Unidos). Esta visita fue debidamente informada en el Comunicado 035 de 2024 (consulte aquí). Fue la primera vez que un presidente de la JEP asistió a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, el presidente actual de la Jurisdicción, magistrado Alejandro Ramelli fue invitado formalmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, a asistir a la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, llevada a cabo el 18 de julio de 2025, en Nueva York. Esta presencia internacional también fue debidamente informada por medio del comunicado 109 de 2025 (consulte aquí). 

Durante la visita del magistrado Ramelli a Estados Unidos en 2025 cubrió una amplia agenda de reuniones y encuentros estratégicos. Sostuvo encuentros con representantes de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU —incluidos delegados de los cinco Estados permanentes—; participó en un evento académico organizado por la Misión Permanente de Colombia ante la ONU; se reunió con Isis Jaraud-Darnault, ministra consejera y coordinadora política de la Misión Permanente de Francia ante las Naciones Unidas; entre otros espacios que hicieron parte de esta agenda, a los cuales también acudieron la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll y el magistrado Juan Ramón Martínez. Estas actividades fueron divulgadas en la cuenta de X de la Jurisdicción (consulte aquí: X1, X2, X3, X4). 

Entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025, el magistrado Ramelli fue invitado por la Cancillería de Colombia, la Embajada de Noruega y la Embajada de Francia, a París, Ginebra (Suiza) y La Haya (Países Bajos), junto con dos magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad, para presentar las primeras sentencias restaurativas en las que se impusieron las Sanciones Propias contra el último secretariado de las Farc-EP por secuestros y contra 12 exintegrantes del Batallón ‘La Popa’ por presentar falsas bajas en combate en la Costa Caribe, en el marco de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, en La Haya.

La agenda de actividades de cada jornada se dio a conocer públicamente en las redes sociales de la JEP, así como mediante el comunicado 205 de 2025 (consulte aquí). Esta misión internacional reforzó apoyos claves para implementar las Sentencias Restaurativas emitidas por la Jurisdicción. Gobiernos, agencias multilaterales, misiones diplomáticas, organismos del sistema de Naciones Unidas y actores de la justicia internacional destacaron el carácter innovador del modelo de la JEP, la centralidad de las víctimas y la manera en que las Sanciones Propias están transformando los estándares globales de participación y reparación.

Algunas comisiones internacionales de viaje por parte de magistradas, magistrados u otros funcionares de la JEP han respondido a actividades de orden judicial; como ha sido el caso de visitas a centros de detención en Estados Unidos, como el Centro Penitenciario de Florence (Colorado), para realizar entrevistas a testigos recluidos en ese país. Estas actividades se han realizado con el debido trámite ante la Cancillería, el Ministerio de Justicia y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Otras comisiones al exterior responden a alianzas estratégicas con organismos o entidades internacionales y han sido divulgadas en las redes sociales de la JEP.

La oficina principal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Bogotá, abrió sus puertas a la ciudadanía y empezó a prestar sus servicios allí el 15 de marzo de 2018. Estas instalaciones fueron equipadas con los espacios y elementos técnicos necesarios para cumplir con su misión constitucional, y para albergar los despachos de la magistratura y el resto de la planta de empleados que ejerce sus funciones en la capital.

En estas instalaciones se encuentran las salas de audiencias equipadas para este fin; los expedientes físicos; así como el datacenter en el que se encuentra almacenada la memoria judicial de todas las audiencias realizadas por la Jurisdicción en sus ocho años de funcionamiento. Esta información es garantía para las víctimas en cada proceso judicial que adelanta la JEP.

El contrato inicial para el arrendamiento de estas oficinas se adelantó por intermedio del Fondo Colombia en Paz, cuando la Jurisdicción aún no disponía de recursos propios. Durante el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, la Secretaría Ejecutiva de la JEP adelantó gestiones ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) con el propósito de estructurar un proyecto de inversión orientado a la adquisición del inmueble que actualmente ocupa la oficina principal de la JEP en Bogotá. No obstante, dicha iniciativa recibió concepto desfavorable por parte de esa cartera ministerial, lo que impidió avanzar en su formulación.

Posteriormente, durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, se estructuró nuevamente un proyecto para la adquisición del inmueble, cuyo valor comercial estimado para 2026 asciende aproximadamente a $288.538 millones, es decir, no es cierto que el edificio cueste $20.975 millones (ese era su valor catastral en 2020, no es su valor comercial). Sin embargo, en el marco de la evaluación de viabilidad del proyecto, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) emitió concepto técnico desfavorable, razón por la cual no fue posible continuar con el proceso de adquisición.

En consecuencia, a la fecha la entidad continúa desarrollando sus actividades en el inmueble bajo la modalidad de arrendamiento, manteniendo el análisis de alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad financiera y administrativa de la ocupación de su oficina principal.

La Jurisdicción, como toda entidad pública, sigue de forma rigurosa las normas de transparencia y acceso a la información pública en Colombia, reguladas principalmente por la Ley 1712 de 2014, para garantizar que la ciudadanía pueda conocer sus actuaciones. 

Por tanto, hace un llamado a consultar las fuentes de información disponibles de forma responsable para así sostener un debate bien informado sobre los resultados de la JEP y sobre su gestión de recursos.

Finalmente, la JEP aclara que siempre ha respondido de manera oportuna a los diversos entes de control. Tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, la JEP no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo. En cambio, ha sido descrita por la OCDE como un ejemplo de transparencia pública. Y, el año pasado, con un 99,3 % de cumplimiento, el Ministerio de Hacienda señaló que la JEP fue una de las entidades públicas que mejor ejecutó el presupuesto asignado.

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Enlaces para consulta asociados a este comunicado: