comunicado 87
La JEP llama a siete exmandos del Bloque Noroccidental de las Farc-EP a reconocer en público su responsabilidad por los secuestros en Antioquia
- Fueron convocados por la JEP a la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad en Caicedo, el 24 de junio, y Medellín, el 27 de junio.
- Deberán reconocer frente a la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.
- El Bloque Noroccidental fue la segunda estructura de las Farc-EP que más secuestros cometió. Es responsable por el 25 % de los casos registrados en el país.
- Entre los hechos de alto impacto regional están los secuestros y posteriores asesinatos del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz, Gilberto Echeverri; el secuestro y asesinato del cabo de la Policía José Norberto Pérez; y el secuestro del exrepresentante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano.
Bogotá, 13 de junio de 2025. Siete exmandos medios del Bloque Noroccidental (BNOCC) de las extintas Farc-EP fueron llamados por JEP para que reconozcan en una audiencia pública, frente a la justicia, las víctimas y el país su responsabilidad por los secuestros y otros crímenes perpetrados en medio del cautiverio en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. La diligencia se llevará a cabo el 24 y 27 de junio en Caicedo y Medellín.
Los imputados por estos crímenes y convocados a esta Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad son: Luis Óscar Úsuga, conocido en las Farc-EP como ‘Isaías Trujillo’ o ‘El Viejo’; Jesús Mario Arenas, conocido como ‘Marcos Urbano’; Rodolfo Ruiz Restrepo, conocido como ‘Víctor Tirado’; Martín Cruz Vega, conocido como ‘Rubín Morro’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Pedro Baracutao, conocido con el mismo nombre en la antigua guerrilla; y Jhover Man Sánchez Arroyave, conocido como ‘Rubén Cano’ o ‘Manteco’. De todos ellos, solo Arenas había sido procesado en la justicia ordinaria.
La investigación desarrollada por la JEP evidenció que el Bloque Noroccidental es la segunda estructura —entre las siete ubicadas por debajo del Secretariado de las Farc-EP— que perpetró el mayor número de secuestros. Es responsable de cerca del 25 % de todos los casos registrados en el país.
Entre los hechos documentados se encuentran los secuestros y el posterior asesinato del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, ocurridos en 2002. La investigación también detalló el caso del cabo José Norberto Pérez, secuestrado en el año 2000. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, quien padecía cáncer, pidió en varias ocasiones a las Farc-EP la liberación de su padre para verlo antes de morir.
Sin embargo, el niño falleció en diciembre de 2001 sin cumplir su deseo. Dos meses después, el cabo Pérez fue asesinado por hombres del Bloque Noroccidental, cuando intentó escapar, según reconocieron los comparecientes ante la JEP.
El Bloque Noroccidental también es responsable del secuestro del entonces representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano, ocurrido en agosto de 2000, quien, tras ocho años de cautiverio, logró fugarse con el guerrillero que lo custodiaba y recuperar su libertad.
Por estos y otros 310 secuestros individuales y colectivos documentados, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó en septiembre de 2024 a estos siete comparecientes como responsables regionales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes que se cometieron contra los secuestrados como asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos. Se trata de crímenes que por su gravedad no pueden recibir amnistía o perdón judicial.
Tras el proceso de contrastación judicial, la JEP concluyó que estos exintegrantes del Bloque Noroccidental fueron determinantes para liderar la ejecución de la política de secuestro trazada por el antiguo Secretariado de las Farc-EP en esta zona del país. Los secuestros se cometieron siguiendo tres patrones criminales: para financiar su estructura, para forzar el intercambio de guerrilleros en las cárceles y para controlar los territorios donde operaban.
¿Por qué se convoca esta audiencia?
La primera Audiencia de Reconocimiento de Verdad del Caso 01, en el que se investigan los secuestros cometidos por las extintas Farc-EP, se realizó en junio de 2022. En esa ocasión, siete exintegrantes del último secretariado aceptaron ser los máximos responsables de las políticas de secuestro en todo el país. También aceptaron no haber controlado a sus subordinados, que de forma reiterada maltrataron a las víctimas durante el cautiverio.
En 2022, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP empezó a profundizar en la cadena de mando para investigar a las siete estructuras que operaban por debajo del Secretariado de las extintas Farc-EP. Solo de este modo sería posible dar respuesta a las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas, entender cómo operaba la antigua guerrilla a nivel regional, el daño diferenciado que causaron, y contribuir a la construcción de la verdad judicial y la memoria histórica.
Así, a la fecha, en el Caso 01 —cuya investigación es liderada por la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll— la JEP ha imputado también a diez exintegrantes del Comando Conjunto Central, que operó en Tolima, Quindío y el norte de Huila, y a ocho del Bloque Occidental, que operó en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Ellos ya han reconocido en público su responsabilidad por estos crímenes.
Además, en el Caso 01 se ha imputado a cinco exmandos del Bloque Caribe por secuestros en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y en la ciudad de Barranquilla, y a cuatro exmandos del Bloque Magdalena Medio por secuestros en Santander y en algunas regiones de Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP está a la espera de que reconozcan o no por escrito su responsabilidad por estos hechos.
A la fecha, en esta investigación el Caso 01 ha imputado en total a 41 comparecientes de las extintas Farc-EP como máximos responsables o partícipes determinantes de los secuestros y de otros crímenes cometidos en medio del cautiverio. Ellos dejaron las armas y hoy cumplen con sus obligaciones ante la JEP y con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz.
En esta investigación, además, 4.213 víctimas han sido acreditadas, de las cuales, 314 le atribuyen su hecho victimizante al Bloque Noroccidental. De ellas, 142 son víctimas directas, 147 son familiares y 25 son familiares de víctimas asesinadas o dadas por desaparecidas después de haber sido secuestradas.
Para esta audiencia, tanto las víctimas como los comparecientes han asistido a encuentros dialógicos para preparar la diligencia. En estos espacios, en los que cuentan con acompañamiento psicológico, los comparecientes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP han escuchado a las víctimas para comprender mejor las demandas de verdad y de reconocimiento que ellas tienen. Estos encuentros también brindan herramientas para que los comparecientes y las víctimas puedan expresar y profundizar en otro tiempo, diferente al del conflicto, lo que les pasó. Las víctimas además pueden decidir en estos espacios si desean participar de forma pública o no en la Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad.
¿Qué sigue en el proceso?
Después de esta diligencia, y si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad, la Sala de Reconocimiento de Verdad emitirá una Resolución de Conclusiones que traslada el proceso a la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz. En ella se incluirán los nombres de aquellos que aporten verdad, reconozcan su responsabilidad y sean considerados candidatos para la imposición de sanciones propias o restaurativas. Esta sanción tiene un componente reparador y restricciones efectivas de libertad y otros derechos, sin incluir la cárcel. Antes de determinar la sanción que los comparecientes deberán cumplir, la sección verifica que la sentencia proteja los derechos y participación de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales.
Si los comparecientes niegan su responsabilidad, su caso será trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En este caso, el proceso podría derivar en un juicio más parecido al de la justicia ordinaria, y si se les encuentra responsables de los crímenes, los comparecientes podrían pagar hasta 20 años de cárcel.
