COMUNICADO 170
La JEP reafirma su compromiso con las víctimas de desaparición forzada en audiencia de seguimiento a la Medida Cautelar Nacional
- La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP verificó los avances de las entidades involucradas en la implementación de la Medida Cautelar Nacional sobre desaparición forzada.
- Durante la jornada, se rindió homenaje a Yanette Bautista, lideresa y fundadora de la Fundación Nydia Érika Bautista, cuyo legado sigue inspirando la lucha de las mujeres buscadoras en Colombia.
- Las organizaciones de víctimas reiteraron la urgencia de consolidar un registro único nacional de desaparecidos, fortalecer el trabajo forense y suspender proyectos que amenacen los sitios donde podría haber cuerpos de víctimas.
- A la fecha, en el marco de las medidas cautelares de la JEP que protegen los cementerios del país, se han realizado 136 entregas dignas, 224 cuerpos han sido identificados y se han llevado a cabo 1.914 exhumaciones.
Bogotá, 20 de octubre del 2025. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reafirmó su compromiso con las víctimas de desaparición forzada en audiencia de seguimiento a la Medida Cautelar Nacional convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV), llevada a cabo este viernes 17 de octubre, en Bogotá.
La audiencia tuvo como objetivo verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el marco de la Medida Cautelar Nacional sobre desaparición forzada, una decisión judicial que busca proteger los derechos de las víctimas, garantizar la verdad y fortalecer los procesos de búsqueda e identificación en todo el país.
Así mismo, la sección hizo seguimiento a las acciones interinstitucionales derivadas de esta medida y evaluó los resultados alcanzados en cinco líneas de trabajo: la consolidación del universo de víctimas desaparecidas, la interoperabilidad de los sistemas de información, la toma masiva de muestras biológicas, la implementación de un protocolo forense preventivo para obras y proyectos minero-energéticos, y la búsqueda de desaparecidos que pertenecían a la fuerza pública.
La audiencia, presidida por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, presidente de la SARV, abrió con un acto simbólico en homenaje a Yanette Bautista, fundadora de la Fundación Nydia Érika Bautista, quien falleció el pasado 1 de septiembre. Con un video conmemorativo, se recordó su vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y al acompañamiento de mujeres buscadoras —afrodescendientes, indígenas y campesinas— que lideran procesos de memoria, verdad y justicia. “No vamos a dejar de buscarlos, pero tenemos que entender que nosotras somos importantes… Tenemos que ser valientes. Esto que estamos haciendo será ejemplo para otros lugares del mundo”, decía Bautista, quien impulsó, junto con otras mujeres buscadoras del país, la primera ley en el mundo dedicada a proteger los derechos de las mujeres buscadoras.
Luz Dary Santiesteban Díaz, mujer buscadora del pacífico colombiano, rindió homenaje a Bautista entregando una barca de flores, la cual decoró el recinto de la audiencia como símbolo de quienes han debido cargar con el dolor, la indiferencia y el olvido en medio de la búsqueda. Expresó la necesidad de que, a través de la justicia que imparte la JEP, se rompan las ataduras que aún impiden brindar verdad y respuestas a las familias buscadoras.
El magistrado Sánchez destacó que la Medida Cautelar Nacional constituye una de las acciones más significativas adoptadas por la JEP para proteger los derechos a la verdad, la justicia, la memoria y la no repetición. “No se trata únicamente de una decisión judicial, sino de un instrumento vivo que busca la protección integral de las víctimas y de quienes las buscan”, afirmó. Y subrayó que esta medida representa una expresión concreta del deber del Estado frente a los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada.
El presidente de la sección recordó que la búsqueda de los desaparecidos es un derecho de las familias y una obligación del Estado, y que las políticas en esta materia deben estar plenamente integradas a los procesos de verdad, memoria y reparación colectiva. También rindió homenaje a Yanette Bautista, recordando que transformó su dolor por la desaparición de su hermana Nydia Érika Bautista en una causa colectiva que permitió abrir caminos donde antes había silencio. “Su legado dio origen a rutas, espacios de diálogo y leyes como la de Mujeres Buscadoras, reflejo de la fuerza de un movimiento que se niega a olvidar”, expresó el magistrado Sánchez.
Federico Sajonero Aguilar, de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), señaló que esta medida judicial sin precedentes ha permitido identificar más de 300 cuerpos, crear mesas técnicas regionales, articular a 40 entidades estatales, fortalecer la infraestructura forense y establecer el Centro Nacional de Identificación en Soacha, bajo estándares internacionales. Sin embargo, advirtió los retos estructurales que persisten: el déficit presupuestal de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la falta de inversión forense en zonas rurales y la ausencia de protocolos estandarizados de articulación territorial.
En la misma línea, Leo Ricardo García Sierra, representante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en el Eje Cafetero, insistió en que Colombia aún carece de un registro único de víctimas de desaparición forzada, debido, según señaló, a una débil interoperabilidad entre la UBPD, la Fiscalía, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Registraduría. Advirtió, además, que más de 4.300 sitios de inhumación identificados corren riesgo por proyectos de infraestructura o minería, y solicitó a la magistratura emitir una medida cautelar específica que suspenda temporalmente las licencias de exploración y construcción en estas zonas hasta que se adopte un protocolo de protección forense.
En representación de la Fundación Nydia Érika Bautista, Andrea Solangie Torres Bautista solicitó a la magistratura mantener el seguimiento a la Ley de Protección a los Derechos de las Mujeres Buscadoras, cuyo decreto reglamentario se encuentra en fase de aprobación. Señaló que esta ley representa la materialización de los derechos de miles de mujeres que lideran procesos de verdad, memoria y justicia desde los territorios, y presentó siete puntos clave para fortalecer la efectividad de las medidas cautelares, entre ellos la participación activa de las víctimas, la interoperabilidad completa de los sistemas de información y el fortalecimiento de los laboratorios forenses.
El subdirector de Servicios Forenses del Instituto de Medicina Legal, Carlos Antonio Murillo, informó que el banco de perfiles genéticos de esta entidad pasó de 10.000 a 21.000 familias, y que en dos años y medio ingresaron 3.476 nuevos registros. También anunció una inversión de 16.000 millones de pesos para 2026 destinada a fortalecer la infraestructura y el trabajo forense, e insistió en la necesidad de impulsar la formación académica en antropología y medicina forense en Colombia.
El Ministerio de Salud y Protección Social, representado por Maritza Isaza Gómez, presentó los resultados del piloto de toma masiva de muestras biológicas a familiares de víctimas en Casanare, donde se focalizaron 213 personas en Tauramena, Villanueva y Yopal. La funcionaria resaltó la articulación con Medicina Legal y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), e insistió en la importancia del acompañamiento a las familias y de asignar un marco presupuestal sostenible para replicar la estrategia a nivel nacional.
Juan Felipe Devia Rodríguez, del Ministerio TIC, explicó los avances del sistema X-Road, que permitirá la interoperabilidad entre entidades involucradas en la búsqueda sin poner en riesgo la seguridad de los datos, con presencia en 9.600 sedes electrónicas del país. Jhon Jairo Canizález, de la Subdirección de Radiodifusión Sonora, anunció el apoyo del Sistema de Medios Públicos y las emisoras comunitarias para convocar a las jornadas de toma de muestras biológicas y fortalecer la comunicación con las comunidades rurales.
Por su parte, José Andrés Gutiérrez Mercado, del Ministerio de Minas y Energía, informó sobre la conformación de la mesa técnica nacional que definirá la ruta y el protocolo forense aplicable en obras de infraestructura y proyectos minero-energéticos en zonas de interés para la búsqueda. Anunció que actualmente se trabaja con 15 entidades aliadas y 36 organizaciones de víctimas.
El magistrado Gustavo Adolfo Salazar Arbeláez, de la SARV, solicitó al Ministerio de Salud explicar los criterios que llevaron a seleccionar Casanare como departamento piloto para la toma masiva de muestras biológicas. Maritza Isaza Gómez, del Ministerio de Salud, respondió que la decisión se basó en un análisis conjunto con la UBPD, que identificó en ese territorio los mayores vacíos de información sobre víctimas. Luego, el magistrado Salazar exhortó al Ministerio de Minas y Energía a acelerar los resultados de la mesa técnica del protocolo forense preventivo.
La magistrada María del Pilar Valencia García, también integrante de la SARV, planteó a los delegados de las entidades y al Gobierno nacional la necesidad de generar mecanismos de sostenibilidad que garanticen la continuidad de los compromisos adquiridos. “¿Qué medidas se van a tomar en cada una de las instituciones para asegurar, a través de instrumentos legales, que en el próximo gobierno no tengamos que empezar de cero y que se asuman los compromisos?”, preguntó.
Con esta audiencia y la Medida Cautelar Nacional sobre desaparición forzada, la JEP refuerza su compromiso con la protección integral de las víctimas de desaparición forzada, la coordinación interinstitucional y la búsqueda con enfoque de derechos humanos y participación de las familias, como camino hacia la verdad, la justicia y la reconstrucción de la memoria colectiva del país.
A la fecha, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ha realizado 136 entregas dignas, 224 cuerpos han sido identificados y se han llevado a cabo 1.914 exhumaciones en el marco de las medidas cautelares que protegen los cementerios del país. Estos resultados reflejan el compromiso sostenido de la JEP con la verdad y la dignificación de las víctimas y sus familias.
