COMUNICADO 88
La JEP reconoce la expedición del Decreto 638 de 2025 como un avance sustancial para proteger a los firmantes de paz
- El decreto reglamenta el Programa de Protección Integral (PPI) para excombatientes de las extintas Farc-EP, con el fin de garantizar su seguridad, integridad y reincorporación, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
- La expedición se da en el marco de las medidas cautelares colectivas adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP para proteger a los comparecientes forzosos ante la JEP.
Bogotá. 13 de junio de 2025. La JEP destaca la emisión del Decreto 638 de 2025 como un avance clave en la implementación de medidas de protección para quienes dejaron las armas y le apostaron a la paz en 2016. Esta norma, presentada por el Ejecutivo, reglamenta el Programa de Protección Integral (PPI) para excombatientes de las antiguas Farc-EP, en cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo Final de Paz y en desarrollo de lo establecido en el Decreto Ley 895 de 2017.
La decisión, conocida este viernes, se da en el marco de la medida cautelar colectiva adoptada por la magistrada Reinere Jaramillo, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP. Y, en particular, por las órdenes emitidas a través de los Autos AI 006-2024 y AI 019-2025. La Jurisdicción valora este paso como un avance institucional para garantizar la seguridad, la vida y la integridad de quienes firmaron la paz, así como la de sus familias, bajo un enfoque de protección integral y seguridad humana.
Por medio de este programa se busca coordinar e implementar, junto con otras entidades estatales, las políticas, programas, acciones y medidas orientadas a la protección integral de los y las firmantes y sus núcleos familiares, de acuerdo con el nivel de riesgo que enfrenten. Está constituido por medidas articuladas que apuntan a garantizar condiciones de vida dignas, libres de miedo y de necesidad. Cada uno de sus componentes incluirá políticas y acciones orientadas tanto a la protección como al empoderamiento de esta población.
El decreto también establece la creación de la Instancia Tripartita Nacional de Protección y Seguridad, integrada por el Gobierno Nacional, representantes de la población firmante y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Esta instancia —con presencia a nivel nacional, departamental, municipal y distrital— será la encargada de coordinar y monitorear, de manera articulada, las acciones de prevención, protección y seguridad en los territorios, en favor de quienes firmaron la paz.
Además, la reglamentación del PPI garantiza su financiación a través de un proyecto de inversión liderado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cuya ejecución estará a cargo de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final o de la entidad que asuma sus funciones. Las entidades responsables deberán asumir los costos de las acciones y componentes del programa, conforme a sus competencias.
Con la expedición del Decreto 638 de 2025, el Estado colombiano da un paso concreto para cumplir con su obligación de proteger a quienes le apostaron a la paz y hoy comparecen ante la justicia, las víctimas y el país. Desde la JEP reiteramos que garantizar su seguridad e integridad es fundamental para avanzar en la implementación del acuerdo, especialmente en lo relacionado con la construcción de garantías para la reincorporación y la no repetición.
