COMUNICADO 71
La JEP y la Gobernación del Tolima unen esfuerzos para desplegar acciones que restauren a las víctimas del conflicto
- La JEP y la Gobernación del Tolima firmaron un convenio para implementar proyectos restaurativos que vinculan a comparecientes que aporten verdad y reconozcan responsabilidad, buscando reparar el daño causado.
- Esta coordinación interinstitucional permitirá desarrollar Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR), a los que se vincularán los comparecientes como parte de sus sanciones o contribuciones a la restauración.
- Gracias a este convenio, la Gobernación del Tolima facilitará un espacio físico en Ibagué para que la JEP pueda atender de manera más efectiva a víctimas, comparecientes y ciudadanía, fortaleciendo así su labor judicial y restaurativa en la región.
- A la fecha, la JEP ha suscrito alianzas similares con la Alcaldía Mayor de Bogotá y las gobernaciones de Antioquia, Valle del Cauca, Huila, Norte de Santander, Cesar, Córdoba y Casanare.
Ibagué, 23 de mayo 2025. La JEP sigue fortaleciendo la articulación institucional y las capacidades de las entidades del Estado con el objetivo de asegurar la implementación de las Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR), a las que se vincularán los comparecientes que aporten verdad y reconozcan responsabilidad, ya sea como parte de las sanciones o de las medidas de contribución en la restauración del daño causado. Con ese propósito, este viernes se firmó un convenio con la Gobernación del Tolima.
El convenio se formalizó en un acto liderado por el vicepresidente de la JEP, magistrado José Miller Hormiga, y el secretario ejecutivo, Harvey Suárez, junto con la gobernadora Adriana Magaly Matiz y el magistrado Danilo Rojas Betancourth, de la Sección de Apelación. Esta alianza representa un paso decisivo en la implementación de proyectos restaurativos, mediante la formulación conjunta de programas que respondan a las necesidades de las comunidades y puedan ser incorporados en los planes de desarrollo.
Este acuerdo interinstitucional facilita la identificación y asignación de recursos financieros, así como la delimitación de competencias y funciones entre las entidades responsables de ejecutar estas políticas en los distintos territorios. Al mismo tiempo, impulsa iniciativas orientadas a generar un impacto real en las víctimas, las comunidades y los territorios más golpeados por el conflicto, mediante acciones que desmantelen las dinámicas que perpetúan la violencia y fortalezcan la construcción de una paz sostenible.
Los proyectos, que contemplan acciones con enfoque restaurador y reparador en el Tolima, se estructuran en siete líneas de trabajo: 1) Acción Integral Contra las Minas (AICMA); 2) Medio ambiente, naturaleza y territorio; 3) Infraestructura rural y urbana; 4) Memorialización y reparación simbólica; 5) Educación, alfabetización y capacitación; 6) Búsqueda de personas dadas por desaparecidas; y 7) Daños diferenciales y macrovictimización. Cada uno de estos ejes está orientado a restituir los derechos vulnerados de las víctimas del conflicto armado.
Esta articulación aplica especialmente en el componente restaurativo de la Ruta No Sancionatoria, que adelanta la Subsala Primera Especial de Conocimiento y Decisión - Tolima, perteneciente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Esta instancia resuelve la situación legal de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables por los crímenes investigados por la JEP, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.
En el marco de
la Ruta No Sancionatoria, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas priorizó en 2023 la investigación sobre la Masacre de El Totumo, ocurrida en 2006 en la zona rural de Ibagué, donde cinco comerciantes fueron asesinados y presentados como supuestos delincuentes muertos en combate. En agosto de 2024, la JEP realizó una Audiencia de Seguimiento al Régimen de Condicionalidad en Ibagué, en la que participaron 19 comparecientes, entre ellos exmiembros del Gaula Tolima, un exagente del extinto DAS y dos terceros civiles.
La Justicia Transicional Restaurativa Transforma
El departamento del Tolima registra más de 220 mil personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, según datos de la Unidad para las Víctimas. Debido a su alta afectación, ha sido priorizado por la JEP en varios de sus macrocasos. En esta región, por ejemplo, en abril de 2024 se realizó la primera Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad en el marco del Caso 01. En ella, diez comparecientes del Comando Conjunto Central (CCC) de las extintas Farc-EP fueron llamados a reconocer ante las víctimas, la justicia y el país su responsabilidad por secuestros cometidos en Tolima, el norte de Huila y Quindío.
En el Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP, más de 200 víctimas de los municipios de Rioblanco, Planadas, Ataco, San Antonio, Ortega, Roncesvalles y Chaparral participaron en las
jornadas de acreditación. En el sur del Tolima, se estima que al menos 54.000 personas fueron desplazadas forzosamente por las Farc-EP y que 50.100 fueron víctimas del uso de medios y métodos ilícitos de guerra. Además, se registran 2.300 víctimas de violencia sexual atribuida a esa guerrilla, 5.720 personas sufrieron ataques por parte del mismo grupo armado y 29.700 fueron víctimas de hechos de terrorismo.
Asimismo, Tolima ha sido priorizado en el Caso 06, que aborda la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP). En este proceso son investigados algunos exintegrantes de la VI Brigada del Ejército, incluyendo personal del Batallón de Infantería No. 16 'Patriotas', el Batallón de Infantería No. 17 'General Domingo Caicedo', el Batallón de Infantería No. 18 'Coronel Jaime Rook' y el Batallón de Contraguerrilla No. 6 'Pijao', así como exmiembros del Departamento de Policía del Tolima.
La JEP avanza en este acompañamiento con más municipios en el país
A la fecha, la JEP ha suscrito siete alianzas en diferentes regiones del país, entre las que se cuentan convenios con la Alcaldía Mayor de Bogotá y las gobernaciones del Valle del Cauca, Huila, Norte de Santander y Cesar, además de una carta de entendimiento con la Gobernación de Antioquia y dos memorandos de entendimiento con las gobernaciones de Córdoba y Casanare.
Todo este esfuerzo está orientado a que, desde las alcaldías y gobernaciones, se formulen e implementen políticas, planes, programas y proyectos restaurativos como mecanismos de transformación social para hacer posible la paz territorial. Para ello, la Secretaría Ejecutiva de la JEP ha conformado un equipo de profesionales dedicado a acompañar a cada entidad territorial.
En el caso del Tolima, se ha propuesto la adecuación de un espacio físico en la Gobernación, en la ciudad de Ibagué, para el funcionamiento de una oficina de la JEP. Esta iniciativa contribuirá a una inclusión integral en el departamento, cerrando brechas de impunidad, exclusión, desigualdad y desventaja que han afectado históricamente a víctimas, comunidades y territorios impactados por múltiples violencias, y facilitará el cumplimiento del componente restaurativo de las sanciones propias que imponga el Tribunal para la Paz.
