La Jurisdicción Especial para la Paz rechaza la campaña digital de desprestigio contra la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll

Bogotá, 20 de octubre de 2026. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechaza de manera enfática la operación de desinformación digital que pretende afectar el trabajo judicial y el nombre la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, con la difusión de videos fragmentados y manipulados de diligencias judiciales. Difundir unos segundos de video y presentarlos como prueba de supuesta “complicidad” o “cercanía” con la antigua guerrilla, silenciando sus decisiones finales de los procesos de investigación y resultados, distorsiona el alcance de su trabajo, puede revictimizar a quienes sobrevivieron a los crímenes investigados, alimenta la estigmatización y ha contribuido a la violencia digital contra la magistrada en redes sociales. 

En los últimos días, la senadora María Clara Posada divulgó en sus redes sociales una diligencia realizada en 2019 y presidida por la magistrada Lemaitre, y cuestionó públicamente su comportamiento frente a comparecientes de las Farc-EP, desconociendo los resultados de este proceso en la imputación de 2021, la audiencia pública y remisión al Tribunal de Paz en 2022. Más recientemente, Posada y otras figuras públicas, entre ellas el senador Germán Rodríguez, han comparado esas imágenes con breves fragmentos de una audiencia en la que participó Sigifredo López, víctima de secuestro, en un montaje en el que pone en duda la probidad de la magistrada Lemaitre. En una publicación en Tiktok, Rodríguez usó afirmaciones injuriosas como “es una adoradora de las Farc”, “Anda de amores con Timochenko”. La JEP rechaza estas afirmaciones falsas que de manera deliberada promueven la estigmatización y violencia digital contra la magistrada, mancillando su buen nombre y poniendo en riesgo su vida e integridad física, pues como se ha visto alrededor del mundo la violencia digital se puede materializar en violencia física. 

La JEP reconoce el derecho de las víctimas y de la ciudadanía a expresar inconformidades, exigir respuestas y reclamar sus derechos. Sus observaciones deben escucharse con seriedad y atenderse mediante los procedimientos establecidos. La legitimidad de la justicia transicional exige respeto por las víctimas y garantías efectivas para su participación.

Sin embargo, la imparcialidad de una magistrada debe considerar sus actuaciones procesales, decisiones, sus fundamentos jurídicos, pruebas examinadas y las garantías ofrecidas a quienes intervienen en el proceso.

Por eso, la JEP rechaza las publicaciones mentirosas que buscan inducir a la opinión pública a formarse una imagen distorsionada de la magistrada Lemaitre. También expresa su preocupación por la circulación de este tipo de contenidos manipulados, incluidos videos sexistas y misóginos generados con inteligencia artificial y noticias falsas, utilizados para desacreditar su trabajo y minar la confianza de las víctimas en la Justicia Transicional en una operación de violencia política en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

El despacho de la magistrada Lemaitre ha obtenido resultados trascendentales en la investigación de los crímenes cometidos por las extintas Farc-EP. Ha emitido nueve autos en los que imputó a 74 comandantes por crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos asesinato, toma de rehenes —secuestro—, tortura, violencia sexual y desaparición forzada. Las investigaciones abarcan hechos ocurridos en distintas regiones del país y han identificado responsables más allá del antiguo Secretariado. Ningún otro despacho ha imputado a más comandantes de esa guerrilla ni documentado más hechos individuales de victimización.

A partir de la investigación dirigida por la magistrada Lemaitre en el Caso 01, “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz expidió el Auto de Correspondencia y concluyó que la investigación cumplía los estándares internacionales aplicables. Posteriormente, el Tribunal condenó a los integrantes del antiguo Secretariado de las Farc-EP por secuestros y por otros 13 crímenes imputados en el proceso y que cometieron las extintas Farc-EP en el contexto del cautiverio. La Sección de Apelación confirmó la sentencia condenatoria (con la pena máxima permitida por la ley) que por primera vez en la historia del país cumple el Secretariado de la antigua guerrilla.

En el Caso 01 (de secuestro) hay ante la JEP 63 imputados como máximos responsables. De estos, solo 23 habían sido procesados por la justicia ordinaria y solo 13 habían estado en la cárcel.  

La JEP reconoce el profundo daño sufrido por el exdiputado Sigifredo López, quien fue secuestrado junto con sus 11 colegas durante más de cinco años por las extintas Farc-EP. La Jurisdicción ha trabajado para esclarecer los hechos y hacer justicia dentro del marco de la Constitución y la ley. 

El despacho de la magistrada Lemaitre escuchó a López en varias oportunidades y tuvo en cuenta su informe oral, sus observaciones y lo relatado en su libro sobre el secuestro. Además, documentó, investigó y contrastó lo sucedido con versiones de los comparecientes y los avances de la justicia ordinaria y el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica ‘El caso de la asamblea del Valle: Tragedia y reconciliación’. 

Fue así como el despacho de la magistrada Lemaitre superó la verdad alcanzada hasta entonces por la justicia ordinaria e imputó a comandantes del Bloque Occidental crímenes de guerra como toma de rehenes, homicidio y tratos crueles e inhumanos, relacionados con las condiciones extremas de cautiverio de los diputados del Valle del Cauca, el aislamiento, la falta de atención médica y los padecimientos durante las marchas forzadas. También imputó tortura, atentados contra la dignidad personal, así como crímenes de lesa humanidad, entre ellos otras privaciones graves de la libertad, asesinato, tortura y otros actos inhumanos. Esta imputación significó un avance en la justicia pues hasta el momento no se había imputado ni identificado a quienes lideraron la vigilancia de los diputados durante el secuestro. 

Por estos hechos responden ante la justicia transicional exintegrantes del antiguo Secretariado y tres exmandos medios señalados por su participación en la planeación del secuestro y la masacre de los diputados. Estos comparecientes reconocieron los crímenes en dos audiencias públicas, la Audiencia de Reconocimiento del Secretariado en la que participó el diputado López y la audiencia del Bloque Occidental. En estos momentos procesales, los comparecientes reconocieron los hechos, pidieron perdón y admitieron quién dio la orden, cómo y quiénes la ejecutaron y lo sufrido por los diputados durante el cautiverio, sus familias y las secuelas que aún persisten.

La JEP también ha reconocido que Sigifredo López fue revictimizado por el Estado, cuando la Fiscalía lo privó de la libertad con la falsa acusación de haber participado en el secuestro de los diputados del Valle. En ese contexto, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, dijo en audiencia pública: "Quisiera reivindicar el nombre del diputado Sigifredo López, quien no solamente tuvo que vivir los horrores del cautiverio, sino que después fue estigmatizado y revictimizado por un accionar completamente errático de la justicia colombiana". La magistrada Lemaitre también ha dicho públicamente sobre López que "no tuvo nada qué ver con el secuestro de sus compañeros y esta es una de las más grandes injusticias documentadas en el Caso 01". 

Su despacho además ordenó producir un video a la Subdirección de Comunicaciones de la JEP para reivindicar su nombre que fue reproducido en la Audiencia pública de Reconocimiento del extinto Bloque Occidental. Asimismo, y en respuesta a la solicitud de López, el despacho ordenó a RTVC emitir el video en una franja de mayor audiencia, lo cual se cumplió por cerca de un año. RTVC también emitió el video sobre las verdades judiciales del secuestro de los diputados del Valle elaborado por la Jurisdicción.

La JEP, adicionalmente, ha procurado dar a estas actuaciones la mayor difusión institucional posible por medio de redes sociales, y un podcast. La suma de estos contenidos hacen parte de la parrilla institucional de la JEP en sus redes sociales y página web.

Actualmente, los integrantes del Secretariado ya ejecutan su sentencia por los secuestros de los diputados del Valle y otros 21.000 secuestros, mientras avanza el proceso contra los comparecientes del Bloque Occidental.

En cuanto al video que circula en redes con un llamado al orden que hizo la representante de la Procuraduría General de la Nación (presente para garantizar los derechos de las víctimas y de los comparecientes en las diligencias judiciales), la JEP aclara que esto ocurrió durante una versión voluntaria. La Ley de procedimiento de la JEP no establece los interrogatorios directos de las víctimas ni sus representantes judiciales a los comparecientes en esta etapa, sino que se pregunte por el material trasladado previamente a ellos y a sus equipos de defensa. En la diligencia, en todo caso, sí se pueden hacer contrapreguntas sobre las versiones que presenten los comparecientes durante la jornada.

Ese procedimiento tiene dos propósitos: 1) principalmente garantiza que no se revictimice a las víctimas, y que se pueda responder a sus demandas de verdad y de reconocimiento y 2) se garantiza el debido proceso de todos los intervinientes. Pese a esto, López fue recibido y en la diligencia se reconoció su valentía y fortaleza al expresar su deseo de representar a otras víctimas y a sí mismo. En el espacio pudo plantear preguntas a los comparecientes por cerca de 40 minutos. Sin embargo, en cierto momento la defensa manifestó que quería estar mejor preparada para responderle y solicitó aplazar la diligencia y el Ministerio Público estuvo de acuerdo para que se garantizara el debido proceso. Lo que se ve es parte de un momento de negociación que terminó en el aplazamiento para la diligencia que se desarrolló en 2023.

La Jurisdicción comprende, ha documentado y respondido a las inconformidades expresadas por las víctimas. También entiende que ninguna actuación institucional puede borrar ni compensar plenamente el daño sufrido por Sigifredo López y las demás víctimas del conflicto armado colombiano. Es por ello que, a través de sus decisiones, la Jurisdicción no solo busca hacer justicia por estos hechos, sino también emitir un llamado para que crímenes irreparables como estos no se repitan.

La metodología de investigación dialógica empleada por el despacho de la magistrada Lemaitre incorpora los Principios Méndez de Naciones Unidas y adapta el método PEACE a la justicia transicional. Este enfoque ha permitido alcanzar un nivel excepcional de confesión y reconocimiento de responsabilidad individual en el ámbito internacional: la gran mayoría de los comandantes comparecientes de las Farc-EP ha aceptado su responsabilidad penal ante las víctimas, reconocido el daño causado y admitido que estos crímenes no tenían justificación. A diferencia del interrogatorio adversarial, esta metodología escucha y contrasta los relatos de un gran número de víctimas para construir un acervo de verdad que pueda examinarse frente a las versiones de los comparecientes.

Gracias a los testimonios recogidos en más de 80 jornadas de audiencias de observaciones y a más de 1.200 informes escritos entregados por las víctimas, el despacho investigó e imputó, con un alcance sin precedentes en la justicia ordinaria, las torturas y la violencia sexual cometidas durante los secuestros. Este proceso contribuyó al reconocimiento de los hechos y de las responsabilidades individuales, como puede verificarse en las audiencias del antiguo Secretariado, y de los bloques Occidental, Noroccidental, Magdalena Medio, Caribe y del Comando Conjunto Central. Los bloques Oriental y Sur también reconocieron su responsabilidad por escrito y se preparan para hacerlo públicamente. Aquí pueden consultarse más de 240 videos de audiencias y otros procesos del Caso 01.

Desconocer el trabajo acumulado durante más de ocho años y circular fragmentos aislados de las diligencias no solo descontextualiza la labor judicial: también revictimiza a quienes padecieron secuestro, tortura y otros crímenes, al exponerlos nuevamente a relatos en los que sus victimarios negaban o justificaban el sufrimiento que les causaron. Las primeras sesiones de interrogatorio formaban parte de un proceso de contrastación de la información, donde se preveía que los comparecientes inicialmente podrían minimizar los hechos o negarlos. Por esa razón, la participación de las víctimas se organizaba en espacios seguros y con acompañamiento psicosocial. 

Volver a difundir esos fragmentos sin explicar el contexto y lo ocurrido después —la documentación de los hechos, las imputaciones, el reconocimiento público y la sentencia en firme— puede hacerles sentir que su sufrimiento vuelve a ponerse en duda y que el trabajo judicial que escuchó, documentó, y sancionó lo que sufrieron nunca existió. El problema no es cuestionar a la JEP, lo cual es legítimo en democracia, sino divulgar imágenes sin el contexto necesario, reabrir heridas y desconocer el camino de verdad y reconocimiento recorrido por las víctimas.

Actualmente, la magistrada Lemaitre trabaja en el cierre de la investigación a su cargo como correlatora de los casos 10, “Crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las FARC-EP”, y 11, “Violencia basada en género, sexual, reproductiva y por prejuicio”, también relacionados con crímenes atribuidos a integrantes de esa extinta guerrilla y sustentados en los relatos de miles de víctimas. Su reciente imputación, que recoge los crímenes cometidos por las Farc contra víctimas del sur y oriente del país, se puede leer aquí.

Finalmente, el trabajo de la magistrada Lemaitre ha sido reconocido tres veces por la Corporación Excelencia a la Justicia. También ha sido invitada y sigue siendo invitada por universidades alrededor del mundo, incluyendo la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Yale en Estados Unidos, la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina, la Universidad de Melbourne en Australia, y Sciences Po en Francia a dictar cursos cortos y a explicar su experiencia y su método de investigación para fenómenos macrocriminales.

El escrutinio público de la justicia es legítimo y necesario en una democracia. Precisamente por ello, el debate debe distinguir entre hechos comprobados, y acusaciones que requieren sustento. La crítica no exime a nadie de la responsabilidad de presentar información completa y contextualizada, ni permite convertir una falsa acusación en una conclusión demostrada basada en videos manipulados. La Jurisdicción invita a la ciudadanía a consultar sus decisiones, conocer los fundamentos de sus actuaciones y evaluar su trabajo a partir de información verificable.

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